México hoy denuncia la dependencia de semillas comerciales para la producción agrícola que su propio Estado ayudó a construir durante décadas. Después de abrir el mercado al sector privado, liquidar la Productora Nacional de Semillas y dejar caer la producción pública, el Gobierno vuelve a hablar de soberanía, semillas nacionales y pequeños productores.
La Secretaría de Agricultura escribió hace unos meses que durante años "se dejó morir la producción pública de semillas en México" y señaló como consecuencias a la dependencia de las semillas, la pérdida de variedades locales y la caída de la productividad en granos básicos como el maíz, el frijol y otros cultivos alimenticios clave.
Al mismo tiempo, el Gobierno ha vuelto a recolectar maíces nativos. En febrero de 2026, el programa Sembrando Vida informó que había realizado unas 400 colectas destinadas al Centro Nacional de Recursos Genéticos para conservar y caracterizar esa diversidad. Dos meses después señaló que trabaja con 54 razas de maíz nativo en parcelas comunitarias, donde también se reproducen semillas.
La recolección se complementa con bancos comunitarios de semillas, coordinados por el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, que se anuncian para conservar variedades locales y mantenerlas disponibles para los propios agricultores.
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El Gobierno dijo expresamente que busca que los agricultores puedan sembrar "sin depender de grandes corporaciones", y que "sembrar con semilla nacional es un acto de autosuficiencia y soberanía alimentaria".
Treinta y cinco toneladas de maíz colocadas por activistas en la Plaza del Zócalo de la Ciudad de México como protesta contra la siembra de maíz transgénico, forman un mapa de México el 26 de febrero de 2009. (Ronaldo SCHEMIDT/ AFP vía Getty Images)Y, en el caso del maíz, no se trata de un grano más. El Instituto Nacional de Antropología e Historia de México (INAH) describe que los mayas explicaban el origen del ser humano a partir del maíz y su imagen suele verse en templos, códices y esculturas, asociado con la fertilidad, la renovación y el ciclo de la vida.
Cómo empezó la dependencia que hoy México denuncia
La actual dependencia mexicana de semillas modificadas comenzó a mediados del siglo XX, cuando el propio Estado mexicano impulsó la sustitución parcial de semillas campesinas por variedades mejoradas e híbridas mediante programas públicos de investigación, certificación y distribución.Hasta entonces, buena parte del maíz mexicano se reproducía mediante un sistema campesino desarrollado durante generaciones. Los agricultores guardaban parte de su cosecha para la siguiente siembra y seleccionaban las semillas de las plantas que mejor habían respondido a las condiciones locales: sequía, exceso de lluvia, altura, tipo de suelo, plagas o enfermedades.
Mediante esa selección continuada, las comunidades fueron conservando y diversificando numerosas poblaciones de maíz adaptadas a territorios específicos.
La idea de transformar la agricultura mexicana comenzó a gestarse dentro de la Fundación Rockefeller en la década de 1930, y tomó forma en los años cuarenta, después de la visita a México del genetista y exsecretario de Agricultura de Estados Unidos Henry A. Wallace, quien más tarde sería vicepresidente.
Una mazorca de maíz ondea entre las banderas en el Rockefeller Center en una imagen de archivo. (TIMOTHY A. CLARY/AFP vía Getty Images)Tras la visita de Wallace, la Fundación Rockefeller envió científicos, y en 1943 puso en marcha, junto con el Gobierno del presidente de México, Manuel Ávila Camacho, el programa agrícola que dio origen a la "Oficina de Estudios Especiales" en la estructura de Agricultura y Fomento.
La Fundación Rockefeller relata que reunió más de 800 variedades mexicanas de maíz y las probó según temperatura, lluvias, suelo y altitud. A la vez advirtió que no podía simplemente introducir maíz estadounidense, ya que las "variedades extranjeras tendían a no prosperar en el complejo clima mexicano".
Primero aumentaron los rendimientos llevando a distintas regiones las variedades mexicanas que mejor funcionaban. Después cruzaron entre sí los mejores materiales seleccionados hasta obtener un "sintético de doble cruzamiento". En este maíz la polinización seguía siendo natural, pero los cruces partían de variedades escogidas por los investigadores. Trabajaron sobre la diversidad que los agricultores mexicanos habían seleccionado y adaptado durante generaciones.
Para 1947, el programa ya tenía seleccionadas "diez nuevas variedades", pero no podía distribuirlas a gran escala. Ese año el Gobierno mexicano creó la Comisión del Maíz, que empezó a reproducir esas semillas. Una de las primeras distribuidas ampliamente fue llamada "Rocamex".
La expansión fue rápida. En 1948, documentos de la Cámara de Diputados registraban ya la distribución de miles de toneladas de "semillas mejoradas" a decenas de miles de campesinos.
En 1949, aquella comisión pasó a convertirse en la Comisión Nacional del Maíz, un organismo público encargado de producir, multiplicar, tratar y distribuir semillas mejoradas. El Estado mexicano había pasado así de seleccionar nuevas variedades a crear también una estructura para reproducirlas y llevarlas al campo.
Este programa de mejora de granos iniciado en México, más tarde sería considerado uno de los puntos de partida de la llamada Revolución Verde, impulsada por la Agencia para el Desarrollo Internacional de EE. UU. (USAID) para modernizar y expandir la agricultura con su tecnificación, fertilizantes químicos y semillas mejoradas buscando responder a la demanda creciente de alimentos.
De “mejorar” semillas a conservar el germoplasma
Pero aquellas colecciones tuvieron otra consecuencia. Las variedades reunidas para producir maíces de mayor rendimiento empezaron también a conservarse por su valor genético. Lo que había comenzado como material de trabajo para seleccionar las mejores, cruzarlas, reproducirlas y devolverlas al campo, terminó convirtiéndose en una gran reserva de diversidad agrícola, de acuerdo a un estudio del Departamento de Historia y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Cambridge.Durante los años cincuenta, las expediciones se ampliaron por América Latina y se establecieron colecciones en México, Colombia y Brasil. Para 1955, el programa internacional había reunido más de 11,000 muestras de maíz.
Mientras se impulsaban cultivos más uniformes, aumentaba la carrera por conservar las variedades que podían desaparecer.
Foto ilustrativa que muestra una mano bajo una mazorca en un campo de maíz. (JUAN MABROMATA/AFP vía Getty Images)En los años sesenta, esas colecciones desembocaron en programas internacionales de conservación de germoplasma. "La importancia de mantener germoplasma viable de cultivos nativos como el maíz es evidente y de enorme trascendencia para el desarrollo de nuevas variedades que permitan afrontar los problemas futuros", argumentó J. George Harrar, director del programa en México, según una cita del estudio.
Parte de aquellas colecciones acabó formando el núcleo del banco de germoplasma del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), creado en 1966 a partir de la experiencia acumulada por el programa conjunto del Gobierno mexicano y la Fundación Rockefeller.
El estudio sitúa al CIMMYT entre las instituciones centrales de la Revolución Verde y recuerda que la expansión de variedades modernas de alto rendimiento contribuyó "al desplazamiento de variedades locales y cultivares tradicionales de trigo y maíz de sus regiones naturales de cultivo y su sustitución por variedades exóticas de mayor rendimiento".
Además sostiene que el personal de la Fundación Rockefeller no veía esa sustitución como un fracaso, sino como parte del éxito de sus programas, aun cuando ya se advertía que podía destruir recursos genéticos valiosos para el futuro.
Alrededor de 1930: Henry Agard Wallace (1888-1965), vicepresidente de Estados Unidos durante la presidencia de Franklin D. Roosevelt, recolecta tomates. Era hijo del exsecretario de Agricultura Henry Cantwell Wallace, cargo que él mismo ocupó entre 1933 y 1940. También fue candidato presidencial del Partido Progresista en las elecciones de 1948. (MPI/Getty Images)Mientras el programa Rockefeller-Gobierno de México convertía la diversidad del maíz mexicano en materia de investigación y conservación, por otra vía avanzaba el negocio privado de las semillas híbridas. Wallace había fundado en 1926 Pioneer Hi-Bred, la empresa que convirtió el maíz híbrido en un negocio internacional. Décadas después, Pioneer entró en México, inicialmente en Tamaulipas, Jalisco y el Bajío. Después abrió investigación de nuevos híbridos de maíz y sorgo y comenzó a producir semillas en el país.
Hoy, Pioneer pertenece a Corteva Agriscience, multinacional estadounidense surgida en 2019 de la división de DowDuPont.
La críticas llegaron a continuación, no solo por las semillas que se promovían, sino también por quién podía aprovecharlas.
El historiador Jonathan Harwood, después de revisar los archivos del programa, concluyó que la prioridad terminó desplazándose hacia resultados rápidos y "variedades de alto rendimiento adecuadas para grandes explotaciones comerciales".
Y esas semillas no llegaban solas. Para rendir como prometían, necesitaban riego intensivo, fertilizantes, control de plagas y capital. Muchos pequeños agricultores no tenían ninguna de esas cosas.
Harwood lo resume así: los campesinos "carecían tanto del capital como de las condiciones de cultivo adecuadas" para aprovechar la nueva tecnología. En la práctica, sostiene, el programa se alejaba de su objetivo inicial de aliviar la pobreza rural.
Vista de un campo de maíz en tierras comunales de San Miguel Xicalco, Ciudad de México, el 4 de octubre de 2022. (Alfredo Estrella/AFP vía Getty Images)La crítica, además, había aparecido muy pronto. Ya en 1945, el geógrafo estadounidense Carl O. Sauer advertía sobre la introducción en México de "métodos estadounidenses inadecuados para el país".
“Un buen grupo agresivo de agrónomos y fitogenetistas estadounidenses podría arruinar para siempre los recursos nativos al imponer sus métodos comerciales estadounidenses”, dijo Sauer. “No se puede avanzar hacia la estandarización en unos pocos tipos comerciales sin alterar irremediablemente la economía y la cultura nativas”, añadió.
Al mismo tiempo, los defensores de la Revolución Verde subrayaron sus resultados productivos. Norman Borlaug sostuvo que el aumento de las cosechas podía ayudar a combatir el hambre en “el mundo olvidado”, las naciones en desarrollo. "No se puede construir la paz con el estómago vacío", señaló el genetista.
En su discurso del Nobel, señaló además que “millones de agricultores que han cultivado con éxito las nuevas variedades (...) han incrementado notablemente sus ingresos” y que ello había “impulsado el rápido crecimiento de la agroindustria al aumentar la demanda de fertilizantes, bombas, maquinaria y otros materiales y servicios”.
Pero también reconoció que presentar la Revolución Verde como un aumento general de la productividad que beneficiaba por igual a todos “simplifica y distorsiona los hechos”, porque los mayores avances se habían concentrado especialmente en zonas de riego y entre agricultores con acceso a los nuevos insumos.
Décadas después, en 2004, advirtió ante la FAO la necesidad de mantener una investigación pública fuerte para evitar que agricultores y consumidores pudieran convertirse en “rehenes de posibles monopolios del sector privado”.
"Hemos de confesar nuestra inquietud a este respecto". indicó.
Nace la Productora Nacional de Semillas y comienza la apertura al sector privado
En 1961, durante el gobierno de Adolfo López Mateos, México creó la Productora Nacional de Semillas, PRONASE. La investigación pública desarrollaba variedades e híbridos que el nuevo organismo público multiplicaba y llevaba al campo.Durante décadas, buena parte de las semillas mejoradas se movió así dentro de un circuito público: el Estado investigaba, producía y distribuía.
Y entonces cambiaron las reglas y se abrió al negocio privado.
Con el presidente del país, Carlos Salinas de Gortari, la Ley de Semillas de 1991 permitió que variedades desarrolladas por la Secretaría de Agricultura pudieran venderse "a cualquier persona interesada" para reproducirlas y comercializarlas.
Ese es el cambio importante: material desarrollado por el sistema público podía entrar directamente al mercado privado. No significó que el gobierno regalara semillas a Monsanto o a Pioneer, sino que abrió legalmente la puerta para que empresas privadas pudieran adquirirlas, multiplicarlas y venderlas.
Con el presidente Ernesto Zedillo, en 1996, la Ley Federal de Variedades Vegetales creó derechos de obtentor sobre nuevas variedades. Un año después, México se incorporó a la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, UPOV, bajo el Acta de 1978. Ese régimen protegía jurídicamente la nueva variedad obtenida. Manteniendo un margen para que los agricultores reutilizaran semillas, no favorecía al campesino o a la comunidad que había conservado durante generaciones el material nativo utilizado como punto de partida.
Vista de mazorcas de maíz en una cocina de Milpa Alta, Ciudad de México, el 16 de febrero de 2021. (Claudio Cruz/AFP vía Getty Images)"Este entorno influyó para que en México, en forma rápida, las empresas privadas controlaran el comercio de semillas paralelamente con las limitaciones que impusieron las propias autoridades mexicanas a la Productora Nacional de Semillas, PRONASE, para que no pudiese competir", destaca un estudio publicado en la Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas
Con el presidente Vicente Fox, en 2002 comenzó la liquidación de la PRONASE. Se cancelaron programas, se vendieron activos y el Ejecutivo pidió extinguir a la empresa pública. Y con Felipe Calderón, la Ley de Semillas de 2007 terminó de cerrar el proceso. La PRONASE desapareció y el debate legislativo daba por hecho que las empresas privadas ocuparían el mercado que dejaba el Estado.
El resultado se vio después. Investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias calcularon que la participación pública en la difusión de semillas había quedado alrededor del 12 %, frente a cerca del 88 % en manos de corporaciones, entre ellas Monsanto y Pioneer.
Según los autores, la desaparición de la PRONASE no fue un hecho aislado: estuvo precedida por recomendaciones del Banco Mundial y de la FAO para reestructurar el sector semillero, reducir el papel directo del Estado en la producción y comercialización y dar mayor espacio a una industria privada de semillas.
De la semilla pública a las grandes multinacionales
El cambio comenzó a reflejarse en las cifras. En 1989 el sector público produjo 29,000 toneladas de semillas de maíz; en 1991, con "la participación sin restricciones del sector privado", la producción cayó a 15,000 toneladas. Al mismo tiempo avanzó la expansión de grandes empresas transnacionales en la industria semillera nacional, según un ensayo científico."En 2009 se sembraron en México 8 millones de hectáreas de maíz, de las cuales 1.5 millones fueron con 45 mil toneladas de semilla híbrida. De éstas, 95 % fueron producidas por Monsanto y Pioneer principalmente, y el resto (3 mil toneladas) por pequeñas empresas", destacan los autores.
Monsanto había llegado al negocio del maíz desde la industria química. A finales de los años noventa, el Departamento de Justicia de Estados Unidos la describía como una empresa de ciencias biológicas dedicada a la investigación y desarrollo de biotecnología aplicada al maíz. Además, controlaba la empresa de germoplasma Holden’s Foundation Seeds y la semillera Asgrow. Asgrow tenía acceso a la distribución de semillas híbridas en el mercado mexicano, especialmente de maíz y sorgo.
En 1998, Monsanto compró DeKalb Genetics, otra gran empresa que poseía germoplasma y desarrollaba biotecnología aplicada al maíz. Era también el momento en que Monsanto expandía su actividad en el maíz transgénico. El Departamento de Justicia estadounidense explicaba que estas semillas incorporaban características como resistencia a insectos o tolerancia a herbicidas mediante la introducción de nuevos rasgos genéticos.
La reacción campesina
El cambio del mercado semillero coincidió con otro fenómeno. A comienzos de los años 2000 se confirmó la presencia de transgenes en variedades tradicionales de maíz de Oaxaca y Puebla. La Comisión para la Cooperación Ambiental señaló posteriormente que entre el 25 % y el 30 % del maíz estadounidense que México importaba entonces podía ser transgénico y que, tras la cosecha, ese grano se mezclaba con maíz convencional sin segregación.Una de las rutas consideradas probables era que los campesinos sembraran parte del grano importado distribuido por Diconsa junto con sus variedades locales. En enero de 2002, el Gobierno mexicano informó la presencia de secuencias transgénicas en comunidades de Oaxaca y Puebla. En muestras tomadas en Diconsa, el 37 % de los granos analizados resultó transgénico.
La reacción no fue únicamente científica. La Comisión para la Cooperación Ambiental recogió que, entre parte de la población rural de Oaxaca la presencia de cualquier transgén en las semillas “constituye un riesgo inaceptable para las prácticas agrícolas tradicionales, así como para los valores cultural, simbólico y espiritual del maíz”.
"Los maíces criollos representan la memoria genética de la agricultura tradicional y el daño a sus secuencias originales puede ser irreparable para el patrimonio natural del país", dijo entonces Eyeli Huerta, de la Coordinación de Gestión Ambiental de la Conabio, según La Jornada.
“Vamos a hacer lo que sea necesario para que nuestras semillas, nuestros maíces, puedan sobrevivir”, agregó en otra entrevista Aldo González, presidente municipal de Guelatao, Oaxaca, e integrante del Congreso Nacional Indígena. en declaraciones a La Jornada.
La preocupación de los campesinos, según testimonios recogidos por La Jornada, se basaba en que una variedad transgénica en particular, al cruzarse con las variantes nativas, “las va inhabilitando para reproducirse”.
Del maíz transgénico a MasAgro
La puerta legal a los organismos genéticamente modificados y transgénicos se abrió en 2005, durante el gobierno de Vicente Fox, con la Ley de Bioseguridad. Pero fue con Felipe Calderón, en 2009, cuando comenzaron a autorizarse las primeras liberaciones experimentales de maíz genéticamente modificado.La contradicción estaba dentro del propio sistema: mientras se hablaba de proteger los maíces criollos y sus parientes silvestres, también se abría la experimentación con transgénicos. En los años siguientes se autorizaron 193 permisos relacionados con maíz: 168 experimentales y 25 piloto.
Una campesina lleva una canasta con mazorcas en una manifestación en la Ciudad de México contra el aumento del precio del maíz, alimento básico para la población, el 31 de enero de 2007. El Gobierno había fijado el precio máximo de la tortilla de maíz en 8.50 pesos mexicanos. (Omar Torres/AFP vía Getty Images)En 2010 apareció otro nombre importante. La Secretaría de Agricultura del gobierno del presidente Calderón, encabezada por Francisco Javier Mayorga, puso en marcha junto con el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, el CIMMYT, el programa MasAgro, Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional.
Investigadores mexicanos cuestionaron después que las funciones que correspondían al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias fueran trasladadas a programas vinculados al centro internacional, mientras perdía peso la investigación pública nacional.
Mientras cambiaba el sistema de semillas, también lo hacía la forma en que México abastecía su consumo de maíz. Su mercado fue quedando cada vez más dividido: el maíz blanco, producido principalmente en México, para el consumo humano, y el maíz amarillo, cada vez más importado, en gran medida para la ganadería y la industria alimenticia.
La senadora Ana Lilia Rivera, del partido político Morena, impulsora de la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo en 2020, sitúa buena parte del problema a los tratados comerciales. El TLCAN fue firmado en 1992 y entró en vigor el 1 de enero de 1994; décadas después fue sustituido por el T-MEC, firmado el 30 de noviembre de 2018 y vigente desde el 1 de julio de 2020.
En la entrevista, Rivera afirma que "el neoliberalismo en México con el tratado de libre comercio nos quitó nuestra soberanía alimentaria" y lo resume así: "en lugar de producir comida, la empezamos a comprar".
Agricultores mexicanos participan el 31 de enero de 2008 en la Ciudad de México en una marcha de productores de maíz contra el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que el 1 de enero liberalizó las importaciones de maíz procedentes de Estados Unidos. (Luis Acosta/AFP vía Getty Images)En 2020, México produjo alrededor de 27.8 millones de toneladas de maíz: aproximadamente 24.6 millones eran de maíz blanco y unos 3.1 millones de amarillo. Para 2025, la producción del maíz blanco había caído a unos 20.5 millones de toneladas, y la de amarillo rondaba apenas los 3.4 millones.
En cambio, las compras externas siguieron creciendo. En torno al 2020 México importaba cerca de 16 millones de toneladas de maíz, principalmente amarillo; para 2025 las importaciones superaron los 24.5 millones de toneladas. Cayó la producción nacional, sobre todo la del maíz blanco, mientras aumentaba la dependencia del maíz amarillo importado.
Hoy México compra a Estados Unidos la mayor parte del maíz que importa, y más del 90 % del maíz cultivado corresponde a variedades genéticamente modificadas.
El nuevo modelo
El giro comenzó con la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo de 2020. La norma reconoció el papel de campesinos y comunidades en la selección y conservación de esas semillas y ordenó fomentar los bancos comunitarios.La senadora Rivera presenta esa política como una forma de devolver el control al agricultor. En la entrevista con The Epoch Times sostuvo que México debería "recuperar su soberanía alimentaria", crear "bancos vivos de semillas nativas" y registrar su "color, región, cantidad, propietario". También defiende mercados diferenciados para que esos maíces tengan mayor valor y no se vendan simplemente como grano indiferenciado.
Un trabajador acomoda tortillas en una tortillería en la Ciudad de México el 21 de septiembre de 2022. Según consultores agrícolas, el precio de las tortillas de maíz —un alimento básico en la dieta mexicana— aumentó casi un 70 % del inicio de la pandemia a septiembre del 2022. (ALFREDO ESTRELLA/AFP vía Getty Images)En 2023, prohibió expresamente el uso de maíz genéticamente modificado para masa y tortilla. Para alimentación animal y otros alimentos industrializados para el consumo humano no impuso una prohibición inmediata, sino una sustitución gradual condicionada al abasto.
La medida fue impugnada por Estados Unidos bajo el T-MEC y, tras el fallo adverso del panel en diciembre de 2024, México dejó sin efecto esa prohibición en febrero de 2025.
Un mes después, una reforma constitucional estableció además que para la producción del maíz en México debían realizarse cultivos libres de modificaciones genéticas producidas mediante técnicas transgénicas.
Pero el proceso no consiste solo en dejar la semilla en manos de cada comunidad. En 2026, el programa de gobierno Sembrando Vida informó que había realizado unas 400 colectas de maíces nativos para depositarlas en el Centro Nacional de Recursos Genéticos. Es decir, el Estado ha vuelto a tomar muestras de granos que se siguen cultivando en el campo, las conserva y las caracteriza.
Y no se trata solo de almacenarlas. Otros programas públicos trabajan con maíces nativos sobresalientes y variedades mejoradas para multiplicar semillas y distribuirlas entre productores. La Secretaría de Agricultura informó, por ejemplo, que los agricultores participantes habían producido más de 40 toneladas de semillas de maíces nativos sobresalientes y variedades mejoradas para distribuirlas.
México no reconstruyó el viejo modelo de la PRONASE: la legislación mantuvo un sistema en el que participan instituciones públicas y empresas privadas en la producción y comercialización de las semillas.
Las semillas mejoradas siguen comprándose en el mercado privado donde participan grandes compañías internacionales como Pioneer, Monsanto y Syngenta.
En el cultivo de maíz, la producción de semillas certificadas está en manos de 118 empresas, “tanto nacionales como de clase mundial”. En 2023 se produjeron alrededor de 86,172 toneladas de semilla certificada, principalmente de maíz blanco, suficientes para cubrir unas 3.6 millones de hectáreas en condiciones de riego y buen temporal. El resto de la superficie se siembra principalmente con semillas nativas conservadas por los propios agricultores, adaptadas a condiciones de temporal más deficiente y a suelos menos favorables para el cultivo.
La paradoja permanece. México produce suficiente maíz blanco para abastecer esencialmente su consumo humano, pero importa enormes cantidades de maíz amarillo para la ganadería y la industria alimentaria. La mayor parte de ese grano procede de Estados Unidos, donde más del 90 % del maíz se produce con variedades genéticamente modificadas.
“En maíz blanco somos autosuficientes; en maíz amarillo [...] importamos muchísimo”, explica la presidenta Claudia Sheinbaum.“Estamos en una situación muy difícil, porque producimos, nos cuesta producir la tonelada a 6 mil pesos y lo estamos vendiendo en 5 mil pesos. Vamos a dejar de producir maíz”, advierte, al reproducir el reclamo de los productores.
El problema es que el precio de mercado no garantiza por sí solo que el agricultor recupere lo que le costó producir. Las harineras, nixtamaleras, comercializadoras y empresas alimentarias compran el maíz dentro de un mercado abierto y pueden abastecerse también de grano importado. No existe una obligación general que les exija priorizar el maíz producido en México.
Francisco Bolívar Zapata, investigador emérito de la UNAM y defensor de la biotecnología, sostiene que “la única estrategia real que existe en México para paliar y contender con necesidades y problemas nacionales, como ocurre en muchos otros países, es desarrollar tecnología propia, en este caso variedades de semillas mejoradas, incluyendo las transgénicas, por grupos de investigación y desarrollo tecnológico mexicanos”, al tiempo que señala que no cuenta con evidencia científica sólida que avale el rechazo a los transgénicos por motivos de salud.
La posición del Gobierno mexicano es distinta. "Lo más importante de todo es que ya en México, por Constitución, no se puede sembrar maíz transgénico, y eso protege nuestras variedades", resumió la presidenta Sheinbaum.
México prohibió cultivar maíz transgénico, pero no eliminó automáticamente su presencia en la cadena alimentaria; al mismo tiempo, el propio Gobierno reconoce que necesita seguir investigando sus posibles efectos sobre la salud.
Y mientras el debate continúa entre gobiernos, científicos y empresas, en el campo la decisión puede ser mucho más sencilla. María Martínez López, campesina de San Bernardo Mixtepec, Oaxaca, lo resumió en 2026: "Siempre el maíz criollo siembro, porque no quiero perder la semilla del maíz criollo, porque para mí es el mejor maíz que consumo en mi comunidad, y entonces yo no lo voy a dejar de sembrar".
