Tras el revés en la Corte Suprema en junio, el Departamento de Justicia (DOJ) colabora con las agencias federales de inmigración para combatir el "turismo de nacimiento" mediante la aplicación de las leyes vigentes, declaró el fiscal general de EE. UU., Todd Blanche.
El turismo de nacimiento sigue siendo un problema, pero las autoridades están tomando medidas para evitar que las personas viajen al país con el único propósito de tener un hijo y obtener así la ciudadanía estadounidense, dijo Blanche a Jan Jekielek, editor sénior de The Epoch Times, en una entrevista que se emitirá el 6 de octubre a las 9:00 p. m. (hora del este).
Asimismo, el DOJ trabaja con el Departamento de Seguridad Nacional para reforzar el cuestionario que se aplica a los viajeros sobre los motivos de su entrada al país, señaló Blanche durante la entrevista.
El 30 de junio, la Corte Suprema anuló la amplia orden del presidente Donald Trump sobre la ciudadanía por nacimiento, emitida en enero de 2025 que excluía de la ciudadanía estadounidense automática a los hijos de inmigrantes indocumentados y de visitantes temporales legales.
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Blanche señaló que el fallo aún dejaba margen de actuación para la administración. Afirmó que utilizaría las herramientas de aplicación de la ley ya existentes en lugar de esperar a que el Congreso aprobara leyes.
"Esos casos pueden ser difíciles de probar, pero eso no nos detiene", dijo Blanche.
Se instruyó a los fiscales federales que den prioridad a las investigaciones sobre las tramas de "turismo de nacimiento".
Colin McDonald, fiscal general adjunto del Departamento de Justicia encargado de los casos de fraude, redactó un memorando el 30 de junio en el que señalaba que el sistema de inmigración de Estados Unidos está siendo explotado por ciudadanos extranjeros que viajan al país "bajo falsos pretextos" para dar a luz y obtener la ciudadanía estadounidense para sus hijos.
El 6 de agosto, Trump firmó dos órdenes ejecutivas: una que identificaba categorías de niños que la administración consideraba no elegibles para obtener la ciudadanía por derecho de nacimiento, y otra que instruía al Departamento de Estado y al Departamento de Seguridad Nacional a frenar el "turismo de nacimiento".
Una de las medidas prohibía el turismo de nacimiento. La otra negaba la ciudadanía a hijos cuyos padres se encuadraban en diversas categorías, tales como ser empleado de un gobierno extranjero o miembro de una organización terrorista extranjera designada.
Una juez federal bloqueó dicha orden en septiembre, señalando que entraba en conflicto con una decisión de la Corte Suprema. "La orden ejecutiva de 2026 es casi con toda seguridad inconstitucional en su aplicación al grupo de demandantes certificado, por la sencilla razón de que la Corte Suprema ya determinó en el caso denominado Bárbara que los niños de dicho grupo son ciudadanos desde el nacimiento", afirmó la juez de distrito Deborah Boardman en un dictamen emitido el 2 de septiembre.
El Departamento de Justicia solicitó a la juez Boardman que levante la orden judicial, argumentando que los demandantes carecían de legitimación o de fundamento legal para interponer la demanda. Más concretamente, sostuvo que el poder ejecutivo aclaró que la orden de Trump tenía carácter prospectivo y, por tanto, se aplicaba únicamente a bebés nacidos después de la firma de la misma; sin embargo, los hijos de las madres demandantes habían nacido antes de que se emitiera dicha orden.
En septiembre, Estados Unidos anunció que denegaría visas a las personas involucradas en esta práctica.
La nueva política se dirigía a los operadores de redes comerciales, a los intermediarios que instruyen a los solicitantes para cometer fraude y a los proveedores de servicios médicos extranjeros que ayudan a organizar dichos viajes y el uso fraudulento de Medicaid, según un comunicado del Departamento de Estado.
"La administración Trump utiliza todas las herramientas al alcance de la mano para defender la integridad de la ciudadanía estadounidense, proteger los beneficios públicos y a los contribuyentes de Estados Unidos frente a la explotación, y salvaguardar nuestra seguridad nacional", declaró el secretario de Estado, Marco Rubio, el 23 de septiembre. "Al restringir la emisión de visas a quienes participan en este fraude y se benefician de él, enviamos un mensaje claro: Estados Unidos no permitirá que los extranjeros se aprovechen de nuestro sistema de inmigración ni que violen el carácter sagrado de la ciudadanía estadounidense".
La ACLU se opuso a los intentos de Trump de restringir la ciudadanía por derecho de nacimiento.
"La 14.ª Enmienda garantiza que ningún político pueda decidir jamás quién, entre los nacidos en nuestro país, es merecedor de la ciudadanía", afirmó la ACLU en una publicación de 2025. "Ante las amenazas de la administración Trump, las protecciones de la 14.ª Enmienda siguen salvaguardando los derechos de toda persona nacida en este país".
Con información de Troy Myers.
