Más de 26,000 hectáreas en la Costa Caribe Norte de Nicaragua han pasado al control minero de una empresa poco conocida, una sociedad registrada en Managua y representada por el ciudadano chino Shiliang Yang.
La concesión llega en plena expansión de las empresas chinas en la minería nicaragüense, mientras el Departamento del Tesoro de Estados Unidos endurece la presión sobre el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, al que acusa de utilizar al sector aurífero para generar divisas y reforzar su control político.
La decisión ocurre, además, en pleno auge del oro nicaragüense. Según el Banco Central de Nicaragua, las exportaciones de oro en bruto alcanzaron los 1971 millones de dólares en 2025, un 45.6 % más en valor que el año anterior.
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Ortega y Murillo comenzaron a otorgar una serie de concesiones mineras a empresas chinas tras reanudar las relaciones con Beijing en 2021. Para agosto de 2024, ocho ya habían recibido 32 lotes mineros y controlaban más de medio millón de hectáreas para su explotación minera.
En abril de 2026, la Fundación del Río estimó que 15 empresas chinas controlaban alrededor del 8.5 % del territorio nicaragüense mediante concesiones mineras, principalmente para extraer oro, plata, cobre y otros minerales. La investigación advertía que varias de esas nuevas compañías estaban desplazando a empresas de origen canadiense, británico y colombiano que ya operaban en el sector.
Unos meses después, en julio, la Fundación del Río y otras organizaciones elevaron la cifra a 22 empresas chinas, operando concesiones mineras en 84 lotes y en 1,28 millones de hectáreas, superficie equivalente a casi el 10 % del territorio nacional.
En ese contexto se agrega el lote Jade. El 7 de septiembre de 2026, se aprobó la concesión de Jade, con 26.205,75 hectáreas, en el municipio de Bonanza, a la empresa Linze Excelente Minería S.A., hasta por 25 años. Como ocurre con otras sociedades de capital o representación china que se han incorporado al sector, la trayectoria pública de Linze está poco documentada.
Pero Jade no es el punto de partida de Linze. En 2025, meses antes de que las autoridades de Estados Unidos sancionaran a Nicaragua XinXin Linze Minería Group, Linze Excelente ya había recibido de esa compañía al menos dos concesiones mineras: Río Santo, con 1490 hectáreas en La Libertad y Santo Domingo, Chontales, y también Río Rosa con 9102.05 hectáreas en Jalapa y Murra, Nueva Segovia. Con Jade, el total de Linze asciende a 36,797.80 hectáreas.
La empresaria china Lijun Dong aparece actuando, en distintos momentos, como representante de ambas compañías constituidas en Nicaragua.
El vínculo entre ambas compañías también aparece fuera de las concesiones. El 8 de mayo de 2026, Artículo 66 informó que el grupo XinXin tenía 12 lotes mineros por 144,885 hectáreas, lo que la situaba como la tercera empresa del sector con mayor superficie concesionada. Ese mismo mes, el gobierno de Nicaragua autorizó que ambas compañías aprovechar conjuntamente hasta 217,547 metros cúbicos de agua al año en Río San Juan y Chontales.
Pero XinXin ya estaba bajo la lupa de las autoridades de Estados Unidos. La empresa formaba parte de una red utilizada por Ortega-Murillo para “generar dinero y mantener el control político en Nicaragua”, dijo el Departamento del Tesoro en un comunicado del 16 de abril de este año.
En la difusión de las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro a XinXin, la agencia estadounidense indicó que esta empresa había recibido decenas de miles de acres en concesiones mineras y enviado más de 25 millones de dólares en oro a Estados Unidos en la primera mitad del año 2025.
La OFAC también sancionó a otras seis empresas, entre ellas a Zhong Fu, presidida por Feiwu Bian; Brother Metal SA, representada por la empresaria china Xianocun Bao y Thomas Metal, representada por el empresario chino Xiangmin Gu y cinco personas del sector aurífero, entre ellas Bian y dos hijos de Ortega y Murillo.
Asimismo nombró a la Exportadora de Metales S.A. (EMSA), que habría sido organizada por el Gobierno para generar ingresos: compraba oro sin refinar en distintos puntos del país, lo fundía en Managua y transfería por vía electrónica las ganancias de las ventas a una cuenta bancaria en la capital. Señaló que esos fondos posiblemente fueron usados para equipar, entrenar y pagar salarios de grupos paramilitares subordinados al gobierno nicaragüense.
Al anunciar las sanciones estadounidenses, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, acusó al régimen de utilizar empresas auríferas para “llenar sus propias arcas” y emplear esos recursos para “mantener su poder político”.
Pero el problema no termina en cómo se generaba o movía el dinero. También aparecía en el traslado de las propias concesiones. El Tesoro afirmó que COMINTSA había transferido concesiones a Zhong Fu antes de ser sancionada y a Thomas Metal después de que la OFAC incluyera a COMINTSA en su lista de sanciones.
Este sistema de concesiones y transferencias esta vinculado con anteriores medidas de las autoridades nicaragüenses. En 2017, el Gobierno de Nicaragua creó la empresa estatal ENIMINAS para reforzar su control sobre el sector minero. Entre sus funciones estaba regular la extracción del oro concesionando tierras a empresas nacionales y extranjeras, incluidas sociedades conjuntas con firmas privadas. La OFAC la acusó de “canalizar ganancias a socios del sector privado y sobornos a personas cercanas al régimen” en su sanción del 17 de junio de 2022.
El Tesoro dijo que altos cargos del Gobierno “se han beneficiado enormemente” del crecimiento de las exportaciones de oro, debido en gran parte al papel preponderante de ENIMINAS.
El control estatal sobre el oro terminaría integrándose en una estructura más amplia. El Departamento del Tesoro indicó en otro documento que desde 2020 el régimen encabezado por Ortega y Murillo reestructuró el sector minero en una compleja red de empresas pantalla y testaferros destinada a generar divisas, lavar activos sancionados y reforzar su control político.
La lógica tampoco era nueva. La OFAC ya había sancionado a BanCorp en 2019 y a CARUNA en 2020, tras documentar el traslado entre ambas entidades de unos 2400 millones de dólares en fideicomisos y carteras de ALBANISA utilizados, según el Tesoro, para sostener al régimen
Años después, el Tesoro describió una lógica similar en el sector minero. La red de empresas pantalla y testaferros vinculada al oro estaba administrada por dos personas ya sancionadas por Estados Unidos: Laureano Ortega Murillo, otro hijo del presidente, sancionado en 2019, y Salvador Mansell Castrillo, ministro de Energía y Minas de Nicaragua, que fue sancionado en 2021, como relató la OFAC el 16 de abril de 2026.
Ambos señalados también aparecían detrás de Capital Mining, una empresa a la que la OFAC acusó en mayo de 2024 de cobrar a algunas compañías mineras de oro por hacer negocios en Nicaragua.
Mientras las autoridades nicaragüenses reorganizaban el control interno del sector minero, también reorientaron su eje diplomático y económico exterior. El 10 de diciembre de 2021, el Gobierno rompió relaciones con Taiwán y de inmediato restableció los vínculos diplomáticos con China.
Ese acercamiento coincidió con una profunda reorganización del aparato minero del país. Según el Tesoro, Ortega y sus allegados seguían utilizando los ingresos derivados de la producción y venta de oro "para enriquecerse ilícitamente y pagar a quienes mantienen al régimen en el poder”. Añadió que el régimen utilizaba ese poder para “intimidar y encarcelar a quienes denuncian su corrupción” y “sembrar la inestabilidad en todo el mundo”.
En medio de esa reconfiguración, el Gobierno también modificó las reglas del sector. El 29 de agosto de 2022 se aprobó la Ley n.º 1128, que reformó la legislación sobre Exploración y Explotación de Minas y amplió el margen del Ministerio de Energía y Minas para reorganizar áreas de reserva minera.
La reforma no solo cambió quién administraba las alianzas mineras. "El artículo 2 de la Ley N° 1128 incorporó una reforma que facultó al Ministerio de Energía y Minas (MEM), en lugar de la sancionada ENIMINAS, para proponer y autorizar alianzas en el sector minero, de modo que el régimen Ortega-Murillo pueda sortear a Washington", destacó Expediente Público.
En la práctica, el nuevo marco amplió el margen de actuación del Ministerio. La reforma permitió que los interesados establecieran alianzas, asociaciones o sociedades con empresas privadas, públicas o mixtas para obtener concesiones bajo condiciones propuestas por el propio Ministerio. Además, canceló determinadas concesiones anteriores y trasladó sus bienes, estudios y derechos a la administración del MEM.
A esa reorganización interna se sumó la apertura económica mucho más directa para China. El 31 de agosto de 2023, Nicaragua firmó con el gobierno de China un Tratado de Libre Comercio, en vigor desde el 1 de enero de 2024. La Asamblea Nacional dijo que este acuerdo “abre las puertas a la inversión china” en Nicaragua.
El marco siguió ampliándose. En agosto de 2025, la Asamblea Nacional aprobó la Ley n.º 1258 de Territorio Fronterizo. Según Expediente Público, las empresas mineras chinas han ido ganando terreno bajo este nuevo esquema legal.
Vistas en conjunto las reformas, mineras, comerciales, territoriales y administrativas, fueron concentrando cada vez más capacidad de decisión en el Gobierno central mientras aumentaba la presencia de empresas chinas en el sector. Según la investigación de Expediente Abierto y la Fundación del Río, entre 2021 y 2025 el proceso buscó "desmantelar el aparato regulatorio tradicional para centralizar el poder, anular los controles locales y ambientales, y facilitar la operación a gran escala de empresas chinas".
El sector minero está cada vez más centralizado por el Estado, con una presencia china creciente y con mecanismos legales que, según las investigaciones citadas, han permitido mantener la entrega de concesiones incluso después de las sanciones de Estados Unidos.
El avance de las concesiones también abrió otro frente, el de los territorios indígenas. La CIDH ha documentado denuncias persistentes sobre concesiones otorgadas en territorios indígenas y afrodescendientes sin garantizar de forma adecuada la consulta y el consentimiento libre, previo e informado
En 2026, Mongabay recogió testimonios de dirigentes indígenas sobre la llegada de empresas chinas. “A las empresas chinas se les entrega sin hacer consulta. No hay un documento del proyecto en el Concejo regional ni en el Concejo municipal. La gente no sabe qué beneficio va a tener, qué es lo que firma”, afirmó bajo anonimato un exconcejal regional y defensor indígena miskito.
