Tras la caída de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, sus hijos Iván Archivaldo, Jesús Alfredo, Ovidio y Joaquín Guzmán buscaron continuar el legado de narcotráfico de su padre y su liderazgo dentro del Cártel de Sinaloa, hasta consolidar una facción propia: la de los Chapitos.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, la describe como "una facción poderosa y extremadamente violenta del Cártel de Sinaloa, a la vanguardia del tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos”.
Iván Archivaldo, hoy el líder principal del grupo, llegó a resumir el objetivo de esas operaciones en una frase: inundar a Estados Unidos de fentanilo para abastecer las "calles de drogadictos", según una acusación presentada por el Departamento de Justicia (DOJ).
En este negocio, que ha reportado a los Chapitos cientos de millones de dólares en ganancias, no han actuado solos. Proveedores radicados en China han estado enviando los precursores químicos que abastecen a los laboratorios del cártel en México, indicó el DOJ.

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Con la colaboración de múltiples agencias de Estados Unidos y en países como España, Colombia, Guatemala, México, Grecia, Australia y Austria, las autoridades estadounidenses siguieron el rastro de los cuatro hermanos y fueron cercando cada eslabón de esa red global: productores, proveedores y transportistas.
En 2012 fueron sancionados por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del departamento del Tesoro (OFAC) de Estados Unidos Iván, Ovidio y Jesús Alfredo para bloquear sus bienes bajo la jurisdicción estadounidense y limitar sus operaciones financieras.
En 2023 se extendieron esas medidas a Joaquín, y en 2025 se aplicó contra la facción sanciones vinculadas tanto al narcotráfico como al terrorismo. Para entonces, la presión judicial ya había alcanzado directamente a dos de sus líderes: Ovidio había sido detenido en México y extraditado a Estados Unidos en 2023, y Joaquín Guzmán López fue arrestado en territorio estadounidense en julio de 2024.
Los cuatro hijos que heredaron el negocio
Los cuatro líderes de los Chapitos pertenecen a dos ramas familiares distintas. Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar nacieron de la relación del Chapo con María Alejandrina Salazar Hernández; Ovidio y Joaquín Guzmán López, de su relación con Griselda López.Iván Archivaldo nació el 15 de agosto de 1983 en Durango. La prensa recosntruye que parte de su juventud la pasó en Guadalajara, Jalisco, junto a su hermano Jesús Alfredo. Allí estudiaron y crecieron rodeados de la riqueza de su padre. Por su parte, Jesús Alfredo nació el 17 de mayo de 1986 en Zapopan, Jalisco.
Ovidio Guzmán López, alias el Ratón, nació el 29 de marzo de 1990 en Sinaloa; Joaquín Guzmán López, alias el Güero o Güero Moreno, el 16 de julio de 1986 en Sonora.
Parte de la niñez de Ovidio transcurrió lejos de Sinaloa. Según el medio El Financiero, estudió cuatro años de primaria en el Centro de Educación y Cultura del Ajusco (CEYCA), un colegio privado, católico y bilingüe del sur de la Ciudad de México. Para sus compañeros era simplemente otro alumno; algunos padres, en cambio, relataron a la prensa movimientos y señales poco habituales alrededor de la familia Guzmán López.
Ríodoce informó que en 1996 Griselda López se trasladó a la Ciudad de México con sus hijos para estar más cerca de Guzmán Loera, entonces encarcelado en el penal del Altiplano, y matriculó a los hijos en el CEYCA.
Los tres años de prisión de Iván antes del ascenso
En 2005, con poco más de 20 años, Iván Archivaldo fue detenido en Zapopan. Según una síntesis oficial del Gobierno de Jalisco, se identificó inicialmente como Alejandro Cárdenas Salazar, pero después se confirmó que se trataba del hijo de Guzmán Loera.La Procuraduría General de México (PGR) intentó procesarlo por varios delitos, entre ellos delincuencia organizada, narcotráfico y doble homicidio. Sin embargo, el juez rechazó la mayoría de los cargos y el caso quedó centrado en operaciones con recursos de procedencia ilícita, relacionadas con la compraventa de un automóvil de lujo por unos 470,000 pesos.
El asesinato de Edgar
El Chapo tuvo otros hijos fuera del grupo que después sería conocido como los Chapitos. Entre ellos Édgar Guzmán López, hijo de Griselda López Pérez.Édgar fue asesinado en Culiacán el 8 de mayo de 2008, cuando tenía 22 años, en el mismo periodo en que los expedientes estadounidenses comenzaban a situar a varios de sus hermanos en operaciones de narcotráfico, años antes de que los Chapitos se consolidasen como una facción.
En la noche de su muerte, Édgar se encontraba en el estacionamiento de un supermercado al norte de Culiacán. Un comando de al menos 15 hombres llegó en tres vehículos y abrió fuego contra él y sus acompañantes.
Los peritos recogieron alrededor de 500 casquillos en el lugar, donde al menos 20 vehículos estacionados resultaron dañados por disparos y proyectiles de bazuca utilizados durante el ataque.
Con Édgar viajaban, entre otros, Arturo Cázares, hijo de Blanca Margarita Cázares Salazar – prresuntamente vinculada a una extensa red de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa– y Arturo Meza, hijo de Raúl Meza Ontiveros, alias el M6, abatido un año antes, según La Jornada.
El asesinato, añadió, se produjo en medio de una escalada de violencia en Culiacán y Navolato, que en unos días dejó 35 muertos, entre ellos una decena de agentes locales y federales, además de cerca de diez personas desaparecidas o secuestradas.
Funcionarios federales, citados por el mismo medio de noticias, situaron el ataque al hijo del Chapo dentro de la guerra interna abierta tras la captura de Alfredo Beltrán Leyva, alias el Mochomo, que enfrentó a los Beltrán Leyva con el grupo de Guzmán Loera e Ismael "el Mayo" Zambada.
Los hermanos entran en el negocio
La conspiración criminal atribuida a los Chapitos comenzó, "a más tardar, alrededor de mayo de 2008", según una acusación federal de Estados Unidos que reconstruyó sus actividades hasta el año 2023.La acusación describe que Iván Archivaldo, Jesús Alfredo y Joaquín Guzmán López participaron en la distribución de unos 10,000 kilos de cocaína entre mayo y septiembre de 2008; de 4716 kilos en otra operación de septiembre, y de unos 20 kilos de heroína distribuidos en Chicago en noviembre del mismo año.
En 2009, también fueron relacionados con cargamentos de cocaína, entre ellos uno de casi 8031 kilos, según la acusación federal estadounidense.
La red utilizaba aviones de carga, submarinos, embarcaciones semisumergibles, barcos, vehículos y trenes para mover drogas y precursores hacia México, y después introducir los cargamentos en Estados Unidos. La autoridades detallaban redes de correos y lavadores de dinero, transferencias, efectivo y el uso de lenguaje codificado para ocultar las operaciones.
Para entonces, según los fiscales, Iván operaba junto a sus hermanos y coordinaba actividades con el Chapo, el Mayo y con otros integrantes de la organización. Actuaba “como coordinador logístico”.
A los cuatro hermanos se los reconoce en la acusación como “los Chapitos”, “los Menores” y “los Chiquillos”, quienes operaban dentro de una red del Cártel de Sinaloa que conectaba productores y proveedores de Centroamérica y Sudamérica con México y, desde allí, con Estados Unidos.
El dinero obtenido en Estados Unidos recorría después el camino inverso.
En junio de 2012, las autoridades mexicanas creyeron haber capturado a Jesús Alfredo, pero resultó ser un presunto error de identidad. La Secretaría de Marina anunció la detención de alias el Gordo, en un domicilio de Zapopan, y lo describió como uno de los principales dirigentes del Cártel de Sinaloa por su vínculo directo con el Chapo, su padre.
Cae el Chapo y comienza la pelea por su imperio
El líder del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, fue capturado por última vez el 8 de enero de 2016 por autoridades mexicanas. Un año después, el 19 de enero de 2017, fue extraditado a Estados Unidos.A pocos meses de su captura, Jesús Alfredo fue secuestrado. El 15 de agosto de 2016, un comando irrumpió en el restaurante La Leche, en Puerto Vallarta, y se llevó a seis hombres. La Fiscalía de Jalisco confirmó que uno de ellos era Jesús Alfredo Guzmán Salazar y vinculó a los responsables con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Jesús Alfredo e Iván Archivaldo —quien se supo más tarde también habría sido secuestrado— fueron posteriormente liberados. El director del semanario Ríodoce atribuyó su liberación a una negociación encabezada por "el Mayo" Zambada.
Sin embargo, la caída de su padre estaba abriendo una nueva disputa por el mando. Iván, Jesús, Joaquín y Ovidio Guzmán asumieron parte del liderazgo que él había ocupado en la dirección del Cártel de Sinaloa, junto con Zambada y Dámaso López Núñez.
Luego, Iván pasó a desempeñar el papel de "líder y principal organizador" del cártel, según la acusación federal de Estados Unidos.
Aquel relevo no fue pacífico. Los Chapitos aumentaron su control sobre el Cártel de Sinaloa “mediante amenazas de violencia y actos de violencia contra López Núñez, su familia y sus asociados”, hasta convertirse en los “principales líderes” de la conspiración, según la acusación federal.
López fue detenido en junio de 2017. Según Ríodoce, sostuvo un enfrentamiento con Aureliano Guzmán Loera y los hijos del Chapo, "lo que convirtió a Navolato en un sangriento campo de batalla”.
Ambos bandos se disputaban el control del narcomenudeo, el robo de combustible y las salidas al mar. Solo en los primeros meses de 2017 se registraron 57 asesinatos, más que en todo 2016, y al menos cinco de las víctimas fueron civiles ajenos a la disputa.
Fentanilo: de los precursores chinos a las calles de Estados Unidos
Las autoridades de Estados Unidos expusieron uno de los negocios más letales atribuidos a los Chapitos: el tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense. El grupo comenzó a experimentar con su fabricación alrededor del año 2014 y, con el tiempo, convirtió esa actividad en una operación de gran escala. En 2023, las autoridades acusaron a 28 personas vinculadas a la estructura: 23 en México, cuatro en China y una en Guatemala.“Las familias y comunidades de todo nuestro país están siendo devastadas por la epidemia de fentanilo”, dijo entonces el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland.
La investigación presentada por las autoridades estadounidenses mostraba que la cadena no empezaba en Sinaloa sino mucho más lejos, en China, donde empresas y proveedores suministraban los precursores químicos necesarios para fabricar la droga.
Esas sustancias viajaban después a México, llegaban a laboratorios clandestinos vinculados al cártel y terminaban convertidas en fentanilo destinado al mercado de Estados Unidos.
Entre los proveedores señalados por la OFAC estaban Kun Jiang, Wu Yonghao, Wu Yaqin y Yao Huatao. Este último era propietario de Wuhan Shuokang Biological Technology, una empresa que, según la acusación, suministraba sustancias utilizadas para producir droga sintética para el Cártel de Sinaloa. La agencia del departamento del Tesoro identificó además a Suzhou Xiaoli Pharmatech, otra compañía china que había enviado a México un precursor de fentalino utilizado en la fabricación de la droga.
Las autoridades estadounidenses situaron a Iván Archivaldo y a Jesús Alfredo compartiendo funciones de liderazgo en las operaciones de fentanilo: coordinaban el tráfico hacia Estados Unidos, el traslado de precursores químicos desde China a México y la recaudación de las ganancias. Mientras que Joaquín era señalado como responsable de la gestión de los "superlaboratorios", entre otras funciones.
Para Estados Unidos, el tráfico masivo de fentanilo elevó la epidemia de sobredosis en su país a una escala inédita. Lo que en los años ochenta ya preocupaba, con alrededor de 8000 muertes anuales, pasó a más de 70,000 fallecimientos en 2019 y siguió aumentando hasta rozar las 108,000 muertes en 2022, antes de comenzar a reducirse en 2024, según cifras de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC).
El Culiacanazo: la ciudad que obligó a liberar a Ovidio
En febrero de 2019, Estados Unidos hizo pública una acusación contra Ovidio y Joaquín que situaba a ambos en una conspiración para distribuir cocaína, metanfetamina y marihuana con destino a Estados Unidos desde, al menos, abril de 2008. La Corte federal de Columbia, Estados Unidos, pidió la detención de Ovidio para extraditarlo y el 17 de octubre, las fuerzas de seguridad mexicanas lo localizaron en una vivienda de Culiacán.La reacción fue inmediata: grupos armados atacaron a las fuerzas de seguridad, bloquearon calles y accesos, rodearon instalaciones militares, amenazaron a familias de soldados y, en medio del caos, 51 presos escaparon del penal de Aguaruto, según el informe oficial presentado por el Gabinete de Seguridad.
Los militares pidieron entonces a Ovidio que llamara a Iván Archivaldo para detener la ofensiva. Según el informe oficial, Iván se negó y lanzó amenazas contra el personal militar y sus familias. Horas después, el Gabinete de Seguridad ordenó poner fin al operativo y Ovidio quedó en libertad.
Al día siguiente, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la decisión: "No puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas".
En 2021 los cuatro hermanos Guzmán pasaron a ser descritos por el gobierno de Estados Unidos como "miembros de alto rango del Cártel de Sinaloa" y ofreció recompensas de hasta cinco millones de dólares por información que permitiera detener o condenar a cada uno. Ese año, el Departamento del Tesoro volvió a sancionar a Iván Archivaldo, a Jesús Alfredo y a Ovidio bajo la nueva Orden Ejecutiva 14059, destinada a combatir el tráfico ilícito internacional de drogas.
Pero Ovidio volvió a caer en 2023 y esta vez ya no salió. El 5 de enero, las fuerzas mexicanas volvieron a capturarlo, esta vez en Jesús María, en Culiacán, Sinaloa. La operación provocó otra respuesta armada de gran escala, pero el hijo del Chapo fue trasladado fuera del estado para ser recluido en el penal federal del Altiplano.
Integrantes de las células de los Chapitos realizaron bloqueos de calles y accesos a la ciudad de Culiacán, incendiaron vehículos y se enfrentaron durante horas con las fuerzas federales en la capital y otros puntos del estado. También dispararon contra aeronaves militares y un avión comercial en el aeropuerto de Culiacán. El saldo oficial fue de 29 muertos —10 militares y 19 presuntos integrantes de grupos criminales—, además de decenas de heridos.
El gobierno de México lo extraditó a Estados Unidos el 15 de septiembre de 2023 y quedó bajo custodia federal.
El secuestro del Mayo rompe el Cártel de Sinaloa
Meses después, el 25 de julio de 2024, Joaquín apareció bajo custodia estadounidense junto a Ismael “el Mayo” Zambada. Más adelante se confirmó que el hijo del Chapo había participado en el secuestro y traslado del Mayo a Estados Unidos con la esperanza de obtener beneficios por su cooperación con las autoridades estadounidenses.Las autoridades de Estados Unidos, sin embargo, aseguraron que no promovieron ni aprobaron la operación y que Joaquín no recibiría crédito por haberla llevado a cabo.
Con "el Mayo" en prisión, el equilibrio interno del Cártel de Sinaloa se rompió y, desde septiembre de 2024, los Chapitos y los Mayos entraron en una guerra abierta por el control de la organización y del territorio.
En apenas dos semanas, se contabilizaban 53 muertos y 51 desaparecidos en Sinaloa, según Reuters. Un mes después, la cifra rondaba los 200 muertos y más de 300 desaparecidos. La violencia continuó durante 2025, mientras el gobierno de Sinaloa registraba más de mil víctimas relacionadas con los hechos iniciados en septiembre de 2024.
En diciembre de 2025, Joaquín se declaró culpable y admitió que recurrió a la violencia contra policías, rivales e incluso miembros de su propia organización para proteger el negocio de narcotráfico hacia Estados Unidos.
Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Guzmán López aceptó una orden personal de confiscación por 80 millones de dólares, correspondientes a ganancias derivadas de sus delitos.
Joaquín no fue el primero. Cinco meses antes, Ovidio se había declarado culpable en Chicago de cargos federales de narcotráfico.
"Dos ya cayeron, faltan dos", resumió el fiscal Adam Gordon.
El caso Rocha Moya: hasta dónde habría llegado la penetración política
En abril de 2026, las autoridades de Estados Unidos abrieron uno de los frentes más graves contra los Chapitos. La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York acusó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve altos funcionarios y exfuncionarios del estado, de colaborar con el Cártel de Sinaloa para proteger sus operaciones.La acusación sostiene que los Chapitos ayudaron a Rocha Moya a ganar la gubernatura en 2021 mediante secuestros, intimidación de adversarios y otras maniobras electorales.
Rocha Moya "asistió a reuniones con los líderes de los Chapitos y otros líderes del cártel en las que se comprometió a apoyar las operaciones de tráfico de drogas del cártel", dice el documento de acusación.
Pero el supuesto entramado llegaba mucho más abajo y mucho más adentro del Estado. Entre los acusados se nombró alos funcionarios de Sinaloa Enrique Inzunza Cázarez, senador y exsecretario general de Gobierno; Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas; Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal general; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública; dos antiguos jefes de la Policía de Investigación y Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán.
Según los fiscales, algunos de los acusados habrían avisado al cártel sobre operativos policiales, protegido cargamentos de droga o evitado detenciones. La acusación afirma incluso que Castro Zaavedra recibía sobornos mensuales de los Chapitos y les transmitía información sobre operaciones respaldadas por Estados Unidos, permitiéndoles retirar o destruir pruebas antes de los registros de las autoridades. Esa corrupción habría permitido que secuestros, asesinatos y otras formas de violencia quedaran sin consecuencias.
El fiscal federal Jay Clayton resumió así el alcance de la corrupción denunciada: El Cártel de Sinaloa "no podría operar con tanta libertad ni con tanto éxito sin políticos corruptos y funcionarios policiales en su nómina".
"Esta acusación expone un esfuerzo deliberado por socavar las instituciones públicas", añadió el administrador de la DEA, Terrance Cole.
Rocha Moya negó las acusaciones y defendió su confianza en las instituciones mexicanas. Mérida Sánchez llegó a quedar bajo custodia estadounidense tras entregarse en mayo de 2026, aunque desde agosto dejó de aparecer en los registros de la Oficina Federal de Prisiones mientras su proceso judicial continúa.
El fentanilo, las armas y los millones explican solo una parte del poder criminal acumulado por los cuatro hijos del Chapo. El caso Rocha Moya añade otra dimensión al poder atribuido a los Chapitos: que la violencia y el narcotráfico encontrasen protección dentro de las propias instituciones de gobierno.
Y cuando el crimen alcanza ese nivel, las víctimas no son solo quienes padecen directamente su violencia: también lo son la justicia, la seguridad y el derecho de una sociedad a vivir sin miedo.
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, destacó el 16 de junio la participación del Ejército y la Marina en la ofensiva contra los cárteles, pero advirtió que el cerco estaba lejos de cerrarse: "Falta muchísimo por hacer, mucha gente por detener y laboratorios por destruir".























