El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este lunes la disolución del Parlamento y convocó elecciones anticipadas, tres días después de que el Congreso rechazara dos decretos de vivienda.
Poco después del anuncio oficial, fuentes de la Moncloa informaron a la prensa que el Consejo de Ministros aprobará este martes 6 de octubre nuevas medidas en materia de vivienda, según RTVE. Tras la disolución del Parlamento, esas medidas ya no serán sometidas al pleno de 350 diputados, sino a la Diputación Permanente, formada por 69 miembros.
“Tras informar, como corresponde, al Jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre, de acuerdo a los plazos que establece la ley”, dijo Sánchez el lunes, según la declaración institucional publicada por La Moncloa.
“Para acometer en profundidad las reformas pendientes que necesitamos para que la ciudadanía pueda lograr reducir esos niveles de desigualdad debemos movilizarnos y lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales, y seguir transformando España”.
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La oposición celebró la convocatoria. "Hoy tenemos una buena noticia: vamos a votar. Los españoles, todos, no unas minorías que hasta ahora han dirigido y han secuestrado al país", declaró el lunes el presidente de Vox, Santiago Abascal.
"Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos", dijo por su parte el presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo.
El viernes 2 de octubre, el Congreso de los Diputados rechazó dos decretos vinculados a la crisis de vivienda. El primero incluía medidas de protección frente a ciertos desalojos y otras disposiciones en materia de vivienda, mientras que el segundo modificaba la renovación de algunos contratos de arrendamiento.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, asiste a una sesión parlamentaria extraordinaria para votar un decreto gubernamental sobre vivienda el 2 de octubre de 2026 en el Congreso de los Diputados en Madrid. (Javier Soriano / AFP vía Getty Images)El partido independentista catalán Junts votó en contra de ambos. Ese mismo viernes, entregó al Gobierno su propia propuesta de real decreto ley de vivienda, un texto de 59 páginas que, según la agencia internacional EFE, recoge medidas con las que “quieren descargar a los propietarios del coste de políticas que no les corresponden”, además de “evitar una caída de la oferta y dar más seguridad al dueño frente a la ‘okupación’".
El Partido Nacionalista Vasco (PNV), por su parte, respaldó el primero y rechazó el segundo. En un comunicado, el partido consideró que la segunda propuesta del Gobierno sería un "un ‘ataque' al pequeño propietario y retraería la oferta de la vivienda de alquiler en el mercado y, por tanto, sería ‘perjudicial’ para la ciudadanía".
Con ello quedó expuesto un problema para Sánchez: podía seguir gobernando, pero ya no podía asegurar que el Congreso aprobara algunas de sus medidas principales.
La crisis de la vivienda
El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, afirmó que "la vivienda no se abarata con decretos, se abarata con más viviendas" y reprochó al Gobierno no incluir medidas que agilicen la construcción.Vox mantiene un diagnóstico similar. En una intervención parlamentaria del 29 de abril, su portavoz de Vivienda, Carlos Hernández Quero, lo resumió como "menos oferta. Más demanda. Precios disparados" y reclamó aumentar la construcción y reforzar la seguridad jurídica.
El economista Daniel Lacalle, dijo en un artículo de opinión de The Epoch Times que los socialistas presentan la crisis de la vivienda en España "como una prueba de que deben imponerse controles de rentas más estrictos, mayores impuestos a los propietarios, restricciones más duras a los inversionistas y una intervención más amplia en el mercado de arrendamiento".
Según Lacalle, "la evidencia muestra lo contrario": menos viviendas disponibles para rentar, precios más altos en las que quedan y una brecha creciente entre demanda y oferta.
Lacalle sostiene que desde que Sánchez llegó al Gobierno, en 2018, las rentas han subido más de 50 %, unas 300,000 viviendas han desaparecido del mercado de renta de largo plazo y "la promesa del Gobierno de proporcionar 270,000 viviendas públicas acabó convirtiéndose en un espejismo".
Destaca además que 92 % de las viviendas en renta habitual a precio de mercado pertenecen a propietarios individuales, y que muchos de ellos son jubilados que complementan su pensión u hogares que ahorraron durante años para comprar un inmueble como inversión.
"El socialismo no crea vivienda asequible; empeora el problema. El resultado no es una mayor justicia en materia de vivienda. Es menos vivienda y más escasez", dice Lacalle.
Manifestantes hacen sonar las llaves de sus casas mientras protestan frente al Parlamento durante una sesión extraordinaria para votar un decreto gubernamental sobre vivienda el 2 de octubre de 2026 en el Congreso de los Diputados en Madrid. (Thomas COEX / AFP vía Getty Images)El Gobierno de Pedro Sánchez ofrece una lectura distinta. El 7 de septiembre, el presidente atribuyó la escasez de vivienda pública a decisiones políticas del pasado que, dijo, fueron equivocadas. Aseguró que “hace 45 años”se construyeron en España 2.7 millones de viviendas protegidas con recursos públicos”.
“Podrían hoy ser parte de un gran parque público de vivienda”.
Según el presidente, parte de ese patrimonio acabó en manos de los llamados "fondos buitre", a los que acusó de anteponer "la especulación a la dignidad humana".
“En estos años hemos multiplicado por ocho las políticas de vivienda y hemos aprobado la primera Ley de Vivienda en nuestra democracia. Una ley que, al menos yo no me cansaré de repetirlo, funciona allí donde se está aplicando”.
La convocatoria a elecciones anticipadas llega después de una legislatura marcada también por varios procesos judiciales que han afectado al PSOE, a antiguos altos cargos socialistas y al entorno personal de Pedro Sánchez.
La esposa de Sánchez, Begoña Gómez, quedó procesada en abril de 2026 por cuatro presuntos delitos —tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida— después de que el juez Juan Carlos Peinado cerrara la instrucción. Su defensa ha negado las acusaciones y ha sostenido que no existen indicios suficientes contra ella.
Los últimos sondeos publicados antes de la convocatoria reflejan una ventaja del bloque de centro derecha: el promedio elaborado por RTVE el 5 de octubre otorgaba al PP 137 escaños y a Vox 65, frente a 104 del PSOE y diez de Sumar.
