Dos senadores presentaron un proyecto de ley bipartidista con el fin de frenar el delito sancionado por el Estado de la extracción forzada de órganos en China y proteger a los grupos vulnerables de cualquier daño.
Bajo el título "Ley de Protección de Falun Gong y las Víctimas de la Extracción Forzada de Órganos", el proyecto de ley tiene como objetivo permitir sanciones contra los abusos, ordenando al presidente que elabore una lista de personas extranjeras consideradas cómplices de este acto.
La lista se actualizaría anualmente o cuando se disponga de nueva información.
Las sanciones, patrocinadas por el senador Ted Cruz (R-Texas) y el senador Jeff Merkley (D-Ore.), impedirían a los autores entrar en Estados Unidos o realizar transacciones en este país. Las personas también perderían cualquier visa estadounidense vigente y cualquier beneficio migratorio que pudieran tener.
El incumplimiento de las sanciones podría acarrear multas civiles de hasta 250,000 dólares, o un máximo de 1 millón de dólares y 20 años de prisión en caso de sanciones penales.
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"El Partido Comunista Chino opera una brutal industria de extracción de órganos patrocinada por el Estado que apunta a las personas por su fe", afirmó Cruz en un comunicado. "El PCCh ha perseguido especialmente a los practicantes de Falun Gong, cometiendo agresiones contra la libertad religiosa y los derechos humanos fundamentales. Estados Unidos debe exigir responsabilidades a quienes han cometido estas atrocidades".
Expresó su agradecimiento a Merkley por unirse a él en el proyecto de ley y pidió a sus colegas que "lo tramiten con celeridad".
El grupo religioso Falun Gong, que se caracteriza por la meditación y las enseñanzas para vivir de acuerdo con los principios fundamentales de la veracidad, la compasión y la tolerancia, se ha enfrentado a más de 26 años de persecución mortal en China. Sus decenas de millones de practicantes sufrieron acoso policial constante, detenciones arbitrarias, encarcelamientos y otras formas de abuso.
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En 2019, el Tribunal Independiente de China, con sede en Londres, concluyó más allá de toda duda razonable que en China se lleva a cabo la sustracción forzada de órganos a gran escala, siendo los practicantes de Falun Gong el principal grupo objetivo.
"Esos órganos extraídos se utilizan en trasplantes dentro de China y se trafican al extranjero", señaló el comunicado de prensa de Cruz.
Una versión anterior de la legislación que patrocinó, denominada Ley de Protección de Falun Gong, fue aprobada por la Cámara de Diputados en mayo de 2025.
Merkley, que, al igual que Cruz, forma parte del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, dijo que es necesario que haya consecuencias por las violaciones de los derechos humanos.
"La campaña de represión y abusos contra los derechos humanos de China sigue teniendo consecuencias terribles, incluyendo informes de extracción forzada de órganos a grupos vulnerables en toda la República Popular China", dijo, utilizando las siglas de la República Popular China. "Debemos defender a las víctimas de estos crímenes, y nuestro esfuerzo bipartidista hace que el Gobierno chino rinda cuentas por sus abusos".
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Según el proyecto de ley, el secretario de Estado, en consulta con el secretario de Salud y Servicios Humanos y el director de los Institutos Nacionales de Salud, tendría que presentar un informe al Congreso en el que se detallaran las políticas oficiales y no oficiales de trasplantes en la China comunista. En él se explicaría cómo se aplican esas políticas a los presos de conciencia, incluidos los practicantes de Falun Gong y otros presos o víctimas.
El informe también abarcaría el volumen anual conocido o estimado de trasplantes, el número de donantes voluntarios, la evaluación de las fuentes de órganos, el tiempo necesario para obtener un órgano para el trasplante, así como la plausibilidad de dicho calendario. Enumeraría las subvenciones estadounidenses concedidas en los diez años anteriores a la promulgación de la ley que apoyan la investigación sobre trasplantes en China o la colaboración entre China y Estados Unidos en este campo.
A continuación, los funcionarios expondrían en el informe su determinación sobre si la extracción forzada de órganos en China constituye una "atrocidad" según se define en la Ley Elie Wiesel de Prevención del Genocidio y las Atrocidades de 2018.
