Cuatro estados demandan a TP-Link Systems, alegando que el fabricante de routers ocultó sus vínculos continuos con China y engañó a los consumidores sobre la seguridad de sus productos.
Los fiscales generales de Florida, Iowa, Montana y Nebraska presentaron el martes demandas por separado en las que acusan a TP-Link Systems de incurrir en prácticas comerciales engañosas y desleales.
Según las demandas, la empresa engañó a los consumidores al omitir hechos relevantes sobre su "dependencia continua de la fabricación, la investigación y el desarrollo, los subsidios, los proveedores y las filiales chinas".
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TP-Link Systems, con sede en California, es una escisión de TP-Link Technologies, con sede en China, tras una reestructuración en 2024. La demanda sostiene que TP-Link Systems no reveló adecuadamente su asociación con la empresa china, a la que el Pentágono designó como una "empresa militar china" en junio de 2026.
Las denuncias también alegan que las aplicaciones móviles de TP-Link Systems recopilan datos confidenciales de los consumidores —incluidas direcciones de correo electrónico, ubicaciones e identificadores de teléfonos móviles— y pueden compartirlos con filiales para "cumplir con las leyes aplicables". Los estados acusan a la empresa de no revelar sus filiales chinas ni sus obligaciones en virtud de la Ley Nacional de Inteligencia de China de 2017, la cual obliga a las empresas a apoyar, asistir y cooperar con las autoridades de inteligencia chinas.
El fiscal general de Nebraska, Mike Hilgers, declaró a The Epoch Times que la demanda tiene como objetivo "proteger la privacidad, la seguridad y el bolsillo de los habitantes de Nebraska frente al engaño de la mayor empresa de enrutadores de Internet del país".
"En realidad, su cadena de suministro sigue estando entrelazada con el ecosistema tecnológico patrocinado por el Estado chino", afirmó.
Las demandas citan informes según las cuales los representantes de ambas empresas "asistieron juntos a un evento del Partido Comunista Chino en China" después de la escisión.
Steve Kovsky, director de asuntos corporativos de TP-Link Systems, declaró el 6 de octubre que las cuatro demandas "se basan en premisas falsas".
"TP-Link Systems es una empresa estadounidense que cumple con las leyes de privacidad y protección de datos de Estados Unidos. Cumplimos o superamos todas las mejores prácticas de la industria para monitorear y prevenir vulnerabilidades y… no compartimos datos de red de los clientes con gobiernos extranjeros ni con terceros no autorizados".
La fiscal general de Iowa, Brenna Bird, dijo que no cree en las afirmaciones de la empresa. "TP-Link les dice a los habitantes de Iowa que sus enrutadores son seguros", afirmó en una declaración a The Epoch Times. "No están diciendo la verdad".
Señaló que un enrutador es una "puerta de entrada digital al hogar de una familia de Florida", con investigación y fabricación con raíces en China.
Citando testimonios ante el Congreso, los fiscales generales alegaron que los enrutadores de TP-Link contenían vulnerabilidades críticas que hackers estatales chinos explotaron en los ciberataques Volt Typhoon y Flax Typhoon.
Los grupos de amenazas cibernéticas de China han atacado repetidamente a Estados Unidos en los últimos años; Volt Typhoon y Flax Typhoon apuntaron a la infraestructura crítica de EE. UU., mientras que Salt Typhoon afectó a las redes de telecomunicaciones estadounidenses.
Los fiscales generales también refutaron la afirmación de TP-Link Systems de que su planta de fabricación en Vietnam ofrece mayor seguridad en la cadena de suministro para los productos destinados a EE. UU. Las demandas alegan que solo el 0.5 por ciento de los componentes utilizados en los productos fabricados allí provienen de Vietnam, mientras que el resto proviene de China o pasa por ese país.
"No permitiremos que se engañe a las familias para que entreguen sus datos personales al Partido Comunista Chino”, afirmó el fiscal general de Florida, James Uthmeier, en un comunicado.
Los cuatro estados buscan sanciones económicas y otras medidas correctivas.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, presentó una demanda similar contra TP-Link Systems en febrero.
