El Departamento de Justicia de EE. UU. envió cartas a los funcionarios electorales de los condados de California advirtiéndoles que podrían ser objeto de una investigación federal si se niegan a ayudar a identificar a los presuntos no ciudadanos en los registros electorales y a apartar las boletas por correo de esas personas para que puedan ser verificadas.
Las cartas tenían fecha del viernes, y a los funcionarios electorales se les dieron 48 horas para cooperar y ayudar a identificar el estatus de ciudadanía de las personas que figuran en las listas del gobierno federal.
“Le pedimos a cada funcionario electoral del condado que se comprometa a trabajar con nosotros proporcionando la información necesaria para que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) verifique rápidamente el estatus de ciudadanía”, dijo el Departamento de Justicia en un correo electrónico enviado a The Epoch Times. “Con su ayuda, podemos garantizar las elecciones más seguras en la historia de California”.

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El gobernador de California, Gavin Newsom, criticó al Departamento de Justicia por sus acciones.
"El Departamento de Justicia de Trump está tan desesperado por inventar un 'fraude electoral generalizado' que envió a los condados de California listas de personas que NUNCA han votado —y votantes del CONDADO EQUIVOCADO. ¡Un auténtico circo!", publicó Newsom el sábado en X.
El Noveno Circuito programó para el 25 de octubre la audiencia sobre la apelación del Departamento de Justicia que busca exigir a las autoridades de California que descarten las boletas por correo de presuntos no ciudadanos. El Departamento de Justicia apeló después de que un juez de distrito no se pronunciara de inmediato. La corte también considerará la solicitud del condado de Los Ángeles de desestimar la apelación del gobierno federal.
El Departamento de Justicia lleva más de un año enfrentándose a California por la integridad electoral y otros asuntos.
"California tiene un problema de fraude", dijo Bill Essayli, primer fiscal adjunto de los Estados Unidos para el Distrito Central de California, el 22 de octubre en una conferencia de prensa sobre el fraude en el sector de la salud en el estado. "Yo bauticé a California como el reino del fraude. Ya sea fraude en los cuidados paliativos, fraude en la atención médica o fraude electoral, California es la que mejor se le da el fraude".
En junio de 2025, el Departamento de Justicia presentó una demanda contra el Registro Electoral del Condado de Orange, en California, por negarse a proporcionar al Departamento de Justicia los registros relacionados con la eliminación de personas que no son ciudadanas de su lista de votantes y por no mantener una lista de votantes precisa, lo cual viola la Ley "Help America Vote".
Tres meses después, el Departamento de Justicia demandó a California por no presentar las listas de registro de votantes a nivel estatal.
En enero de 2026, el juez federal de distrito David Carter desestimó la demanda sobre los datos de votantes de California.
Seis meses después, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó al estado de California que había más de 190,000 votantes sospechosos de no ser ciudadanos inscritos para votar en el estado.
El Departamento de Justicia anunció el 19 de octubre que 28 residentes permanentes legales en California enfrentan cargos federales relacionados con presuntos delitos electorales.
Los fiscales dijeron que los acusados declararon falsamente tener la ciudadanía estadounidense para registrarse para votar y, en muchos casos, para emitir su voto. Los casos abarcan los cuatro distritos judiciales federales de California en el marco de la "Operación Proteger el Voto". El Departamento de Justicia señaló que los 28 figuraban en su lista de más de 20,000 personas registradas sospechosas de no ser ciudadanas, lo cual es fundamental para su demanda separada contra California.
La oficina del fiscal general de California refutó que existiera un fraude electoral generalizado en el estado.
“Contamos con medidas de seguridad para proteger la integridad electoral, y estas están funcionando. Los casos aislados de presunto fraude electoral ocurren tanto en estados republicanos como demócratas, y deben ser procesados dondequiera que se presenten”.
Con información de Reuters.





















