El 22 de octubre, el Departamento de Justicia de EE. UU. apeló para impedir que California cuente los votos por correo de personas que el Gobierno federal considera que podrían no ser ciudadanas estadounidenses.
El DOJ solicitó a la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito que interviniera después de que el juez federal de distrito David Carter no se pronunciara sobre su solicitud de emergencia de medidas cautelares antes del mediodía del jueves, fecha límite establecida por el departamento.
El departamento dijo que el silencio del juez equivalía a lo que denominó una "denegación constructiva" de su solicitud de emergencia de medidas cautelares preliminares, citando la "naturaleza crítica y urgente" del caso.
El DOJ demandó a California el 15 de octubre para impedir el conteo de los votos por correo de más de 20,000 personas identificadas por el gobierno federal como presuntos no ciudadanos.
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El gobierno federal solicitó que, si California no podía confirmar de manera independiente la ciudadanía de los votantes registrados, el estado apartara los votos recibidos hasta que se pudiera confirmar dicha ciudadanía.
"No podemos retener ni negarnos a contar boletas basándonos únicamente en acusaciones no verificadas, ni podemos ignorar los requisitos legales que rigen nuestra elección; y, desde luego, no tenemos autoridad para actuar sobre registros que están fuera de nuestra jurisdicción", dijo el condado en un comunicado del 15 de octubre.
En su solicitud de emergencia del 21 de octubre para obtener una orden de restricción temporal, el Departamento de Justicia dijo que los funcionarios estatales y del condado alegaban carecer de los mecanismos y la autoridad necesarios para impedir que personas que no son ciudadanas votaran en las elecciones de mitad de período.
“A medida que los demandados continúan procesando boletas que posteriormente no podrán separarse ni verificarse en cuanto a su elegibilidad, la dilución de los votos legítimos se acelera en tiempo real”, dijo el Departamento de Justicia en su escrito.
“Se trata de una emergencia. Cada minuto de procesamiento que transcurre sin separar las boletas de los votantes presuntamente no elegibles provoca una privación del derecho al voto imposible de rastrear y la dilución de los votos de los ciudadanos de Estados Unidos”.
El condado de Los Ángeles presentó una moción el 21 de octubre en la que solicitaba al juez que desestimara la demanda del Departamento de Justicia, argumentando que este carecía de legitimación para presentar el caso.
"El ejecutivo, al igual que cualquier otro demandante, debe identificar un daño concreto, real o inminente, que sea razonablemente atribuible a la conducta del condado y que pueda ser subsanado mediante la medida solicitada. La demanda no identifica ninguno", dijo.
El fiscal general adjunto interino de Estados Unidos, Trent McCotter, envió una carta a la oficina del Asesor Jurídico del condado de Los Ángeles el 16 de octubre, en la que señaló que el Departamento de Justicia no esperaba que los funcionarios del condado juzgaran el estatus migratorio de nadie, pero solicitó al condado que apartara temporalmente las boletas electorales cuando existieran inquietudes creíbles sobre la elegibilidad de los votantes.
McCotter advirtió que los funcionarios del condado podrían correr el riesgo de "convertirse en cómplices de un delito federal" si, a sabiendas, cuentan votos de personas que las agencias federales han identificado como no ciudadanos.
En respuesta a la carta, el registrador y secretario del condado de Los Ángeles, Dean Logan, dijo que su oficina se centra en llevar a cabo unas elecciones justas y seguras.
Con información de Jill McLaughlin.
