El Departamento de Justicia (DOJ) presentó una demanda contra California el 15 de octubre por su lista de votantes, tras descubrir que más de 20,000 "probablemente no ciudadanos" estaban registrados para votar en el estado, según anunciaron los fiscales.
El fiscal federal adjunto de Estados Unidos, Bill Essayli, de Los Ángeles, explicó que el Departamento de Justicia le dio al estado 48 horas para revisar los nombres de los presuntos no ciudadanos registrados para votar a quienes se les enviaron boletas electorales por correo y determinar si se trataba de ciudadanos.
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El gobierno federal solicitó que, si California no podía verificar de forma independiente la ciudadanía de esos votantes registrados, el estado separe las boletas recibidas hasta que se pueda confirmar la ciudadanía.
"California se negó", publicó Essayli en X.
El Departamento de Justicia solicitó a la corte una orden de emergencia que obligara a California a confiscar las boletas de voto devueltas por los presuntos no ciudadanos y a verificar su estatus de ciudadanía, dijo Essayli.
El gobernador de California, Gavin Newsom, calificó la demanda de infundada y la describió como un intento del presidente Donald Trump de privar de derechos a los votantes.
"Este es un intento triste y desesperado de Trump por utilizar su politizado Departamento de Justicia para intentar suprimir el voto de los californianos a tan solo tres semanas del día de las elecciones", dijo Newsom en un comunicado.
Newsom calificó la solicitud federal de ilegal.
"Una petición totalmente sin precedentes que debería asustar a todos los estadounidenses", dijo.
En California, cualquier persona que solicite una licencia de conducir, una tarjeta de identificación o un cambio de domicilio y que indique que tiene derecho a votar, queda automáticamente inscrita en el censo electoral a menos que decida no participar.
El Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional analizó registros de votantes disponibles públicamente para determinar si los no ciudadanos podían estar registrados para votar, emitir su voto o recibir correo relacionado con las elecciones.
La demanda judicial alega que el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional encontró a miles de personas que probablemente no eran ciudadanas, registradas para votar en el estado, que recibirían automáticamente las papeletas por correo.
Un hombre deposita su boleta en una urna en la oficina del Registro Electoral del Condado de Orange en Santa Ana, California, el 5 de marzo de 2024. (Frederic J. Brown/AFP vía Getty Images).Essayli subrayó que la demanda no es política ni controvertida, sino una forma de garantizar que los no ciudadanos no puedan infringir la ley votando en unas elecciones federales.
"No permitiremos que California diluya los votos de los ciudadanos estadounidenses", dijo Essayli.
Según los fiscales, a todos los votantes registrados en California se les envía por correo una boleta para votar por correo antes de las elecciones, sin notificarles que los no ciudadanos tienen prohibido votar en las elecciones federales.
Según los fiscales, California disponía de dos días para completar la revisión de los 20,000 presuntos extranjeros antes del mediodía del 15 de octubre, y el estado "no lo hizo".
Un funcionario electoral traslada las boletas de voto por correo para su posterior recuento en el Centro de Procesamiento de Votos del Condado de Los Ángeles durante las elecciones primarias estatales de California en City of Industry, California, el 2 de junio de 2026. (Patrick T. Fallon/AFP vía Getty Images).En cambio, el Registrador-Secretario del Condado de Los Ángeles anunció en un comunicado de prensa que su oficina había rechazado una memoria USB encriptada que les entregó un agente federal y que identificaba a los posibles votantes no ciudadanos.
Dean Logan, quien supervisa esa oficina, dijo que no habían accedido a la memoria USB porque "entraría en conflicto con los protocolos establecidos de privacidad de datos y seguridad de la información".
"No consideramos que el dispositivo sea un medio seguro", dijo Logan en un comunicado el 14 de octubre. "Mantener registros precisos de votantes es una responsabilidad fundamental de nuestra oficina. Las leyes federales y estatales son claras sobre cómo se establece la elegibilidad para votar, y cualquier acción para excluir a un votante debe basarse en información verificable, no en afirmaciones de coincidencia de datos no confirmados".
Logan dijo que estaba consultando con la secretaría de estado de California y la oficina del fiscal general para decidir qué hacer a continuación.
El fiscal general Todd Blanche habla junto al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, durante una conferencia de prensa en el edificio del Departamento de Justicia Robert F. Kennedy en Washington el 30 de septiembre de 2026. (Anna Moneymaker/Getty Images).Las autoridades federales recientemente realizaron varias detenciones de personas que presuntamente votaron ilegalmente en elecciones federales siendo no ciudadanos.
El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, dijo que la presencia de presuntos votantes ilegales en California era motivo de preocupación.
"Si una corte lo declara responsable, el estado de California habrá socavado gravemente la confianza en nuestro sistema electoral y habrá violado las leyes que protegen el sistema de gobierno representativo de nuestra nación", dijo Blanche en un comunicado.
El Departamento de Justicia solicitó a la corte que impida que California contabilice las boletas de voto por correo de personas sospechosas de no ser ciudadanas en las próximas elecciones de mitad de mandato hasta que se pueda verificar su ciudadanía.
