El 21 de octubre, una juez federal dictó una medida cautelar que prohíbe al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) llevar a cabo operaciones de campo y entrevistas relacionadas con procesos electorales que involucren a personas que los funcionarios federales "sepan, sospechen o deban saber o sospechar razonablemente que son ciudadanos estadounidenses".
La orden de la juez de distrito Araceli Martínez-Olguín abarca los estados de California, Connecticut, Georgia, Misuri, Nevada, Nueva York, Pensilvania, Washington y Wisconsin; los nueve estados en los que el DHS intensificó sus acciones de control para abordar el voto de personas que no son ciudadanas.
La juez, que ejerce en el Distrito Norte de California, determinó que los sindicatos de personal de enfermería probablemente tendrían éxito en su demanda, la cual sostiene que las medidas de control federales violan las protecciones de la Ley de Derechos Electorales (Voting Rights Act) contra la intimidación en lo que respecta a la asistencia y movilización de votantes. La juez suspendió la aplicación de la orden hasta las 5:00 p. m. del 23 de octubre, y las restricciones permanecerán vigentes hasta el día de las elecciones, el 3 de noviembre.
California Nurses Association, National Nurses United, la Ciudad y el Condado de San Francisco, el Condado de Santa Clara y la Voto Latino Foundation solicitaron una medida cautelar y la suspensión de los efectos de una medida, conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo.
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El Departamento de Justicia no respondió a un correo electrónico en el que se solicitaban comentarios sobre el fallo antes del momento de su publicación.
En su resolución, el juez señaló que los funcionarios federales no contaron con tiempo suficiente para examinar los casos de personas sospechosas de haber votado ilegalmente sin ser ciudadanas.
"Durante la 'oleada' (Surge), se ordenó a los agentes completar la revisión de al menos 40 personas sospechosas; esto exige que los funcionarios dediquen no más de doce minutos a descartar a una persona de la lista de objetivos utilizando bases de datos comerciales", escribió la juez. Las limitaciones de tiempo impuestas durante esta "oleada" "agravan aún más el riesgo de error", señaló.
La juez cuestionó la fiabilidad de la lista de personas sospechosas de haberse registrado para votar o de haber votado de manera ilegal, afirmando: "Incluso en las mejores condiciones, existe una alta probabilidad de error en la revisión, ya que no existe una base de datos federal que contenga la situación de ciudadanía de los residentes en Estados Unidos".
Martinez-Olguin indicó que el problema radica en "la dependencia de datos —reconocidamente defectuosos e incompletos— para elaborar una lista de personas que la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) debía entrevistar en los meses previos a una elección".
Asimismo, señaló que existe un "temor objetivamente razonable" de que las prácticas de las fuerzas del orden puedan intimidar a ciudadanos estadounidenses que participan en labores de movilización de votantes.
En una demanda distinta, presentada el 15 de octubre, el Departamento de Justicia solicitó a una corte federal que exija al estado de California apartar las papeletas enviadas por más de 20,000 votantes registrados —a quienes los investigadores federales identificaron como "probablemente no ciudadanos"—, a la espera de que se verifique su ciudadanía.
Los fiscales señalaron que todos los votantes registrados en California reciben por correo una papeleta para votar, sin que se les notifique que las personas que no son ciudadanas tienen prohibido participar en elecciones federales.
El primer fiscal federal adjunto, Bill Essayli, señaló que las autoridades federales dieron a California un plazo de 48 horas para revisar los nombres e identificar a cualquier ciudadano estadounidense que figurara en la lista. Los fiscales indicaron que el estado se negó a realizar dicha revisión, por lo que solicitaron una orden de emergencia para impedir el recuento de las papeletas hasta que se pudiera confirmar la ciudadanía de las personas en cuestión.
HSI informó que analizó registros de inscripción de votantes de acceso público para identificar a posibles personas no ciudadanas que se habían registrado para votar.
El gobernador de California, Gavin Newsom, criticó la demanda y acusó al presidente Donald Trump de intentar privar a los votantes de su derecho al voto antes del día de las elecciones.
Con información de Jill McLaughlin.
