Opinión
En 2026, un jurado federal condenó a un hombre de Nueva York por actuar como agente ilegal del régimen chino en relación con una comisaría de policía china en el extranjero ubicada en Manhattan.
La operación se había llevado a cabo dentro de una organización comunitaria y mantenía contactos con el Ministerio de Seguridad Pública de China, cuya principal función es proteger al Partido Comunista Chino (PCCh), no al pueblo chino. Además, administran prisiones para presos políticos.
Según los fiscales federales, la labor no se limitaba a ayudar a ciudadanos chinos con trámites rutinarios. Uno de los implicados tenía la tarea de localizar a un activista chino prodemocracia residente en Estados Unidos.
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La expresión "comisaría de policía en el extranjero" debería hacer reflexionar a los estadounidenses.
Los gobiernos extranjeros pueden cooperar con las fuerzas del orden estadounidenses a través de los canales legales establecidos. No tienen autoridad policial dentro de Estados Unidos. Sin embargo, el problema principal no radica en el letrero de una oficina ni en si los funcionarios chinos vestían uniforme. El problema es que el Partido Comunista Chino ha intentado extender la coerción política más allá de las fronteras de China, afectando la vida de personas que creían haber dejado atrás esa autoridad.
El Ministerio de Seguridad Pública de China forma parte de este sistema. El Ministerio de Seguridad del Estado es otro. El Ministerio de Seguridad del Estado es conocido por la coerción, la represión, los secuestros y la gestión de prisiones clandestinas.
En otro caso, Shujun Wang, ciudadano estadounidense naturalizado que ayudó a fundar una organización prodemocrática en Nueva York, fue condenado por actuar en secreto para el Ministerio de Seguridad del Estado. La fiscalía demostró que proporcionó información sobre activistas y disidentes a funcionarios de inteligencia chinos.
Otros casos federales han involucrado acusaciones de acoso, intimidación, amenazas a familiares e intentos de presionar a las personas para que regresen a China.
Los métodos varían. El principio en el que se basan merece mayor atención.
Estados Unidos respondió a esa pregunta hace mucho tiempo.
En julio de 1868, el Congreso declaró la expatriación —el derecho a abandonar una afiliación política para adoptar otra— como un "derecho natural e inherente de todas las personas". La cuestión no era meramente teórica. Los gobiernos europeos a veces seguían tratando a los inmigrantes que se habían convertido en estadounidenses como súbditos de su soberano de origen.
Un día después de que el Congreso actuara, Estados Unidos y la China imperial firmaron el Tratado de Burlingame. Su redacción resulta notable incluso hoy en día. El tratado reconocía "el derecho inherente e inalienable del hombre a cambiar de hogar y de lealtad".
Ese principio se articuló en las relaciones de Estados Unidos con China hace más de 150 años.
El tratado no era una carta moderna de derechos humanos, y el trato posterior de Estados Unidos hacia los inmigrantes chinos fue con frecuencia incompatible con los principios generosos anunciados en 1868. La época de la exclusión china es una advertencia suficiente contra la conversión de la historia en mito.
Aun así, el principio importa.
Un hombre no pertenece a su gobierno.
El Estado puede legítimamente reclamar derechos sobre el ciudadano, pero no es dueño de la persona humana. Su dignidad no proviene de su pasaporte, del partido político en el poder en su país ni del rol que el Estado considere oportuno asignarle.
Para quienes sostienen que la persona humana fue creada a imagen de Dios, este es el tema fundamental que subyace a la política. El Estado no creó la dignidad humana, por lo que jamás podrá apropiarse de ella. El Estado jamás podrá reemplazar a Dios ni a su Ley.
El totalitarismo tiene serios problemas con esto. No se trata simplemente de exigir obediencia a la ley, sino de someter instituciones, asociaciones, creencias y lealtades al orden político. La religión es peligrosa porque enseña que existe una autoridad superior al Estado. La familia es peligrosa porque crea lealtades que el Estado no creó. La educación independiente, el derecho independiente y la sociedad civil independiente pueden ser peligrosos por la misma razón. Lo mismo ocurre con el individuo que se independiza.
Migrar es más que cruzar una frontera. El migrante puede haberse desvinculado efectivamente de la capacidad del Estado para controlar su forma de hablar, sus relaciones, su religión y su conciencia.
La represión transnacional se centra precisamente en impedir esa huida. La presión puede ejercerse de forma directa o a través de familiares que permanecen en el país. Una persona que vive en Wisconsin, Nueva York o California puede estar plenamente protegida por la Constitución, mientras que sus familiares en China siguen bajo el control del régimen. Una amenaza no necesita ser ejecutable en una corte estadounidense para ser efectiva. El Partido Comunista Chino no necesita declarar formalmente que los exciudadanos chinos siguen siendo propiedad del Estado.
Si puede determinar qué se atreven a decir, con quién se reúnen, a qué organizaciones se unen o si critican al Partido, habrá conservado parte del control político del que creían haber escapado.
Por eso, este asunto también tiene que ver con la soberanía estadounidense.
Las personas a las que se dirigen estas operaciones no son una población extranjera que vive fuera del ámbito de competencia de Estados Unidos. Algunas son residentes permanentes. Algunas son estadounidenses naturalizados. Algunas nacieron aquí. Cualquiera que sea su origen, las personas que viven bajo la ley estadounidense no deben verse obligadas a calcular si el ejercicio de una libertad estadounidense les acarreará un castigo por parte de un gobierno extranjero.
Ser de ascendencia china no equivale a ser leal al PCCh. De hecho, los estadounidenses de origen chino, las personas religiosas, los disidentes, los activistas por la democracia, los tibetanos, los uigures, los activistas de Hong Kong, etc., han sido en numerosas ocasiones blanco de la coerción de Beijing. Ellos no son el problema. Son quienes necesitan protección.
También hay un fracaso estadounidense que merece la pena analizar.
Estados Unidos no otorgó oficialmente jurisdicción a la policía china en Manhattan. La operación se llevó a cabo a través de personas y organizaciones que ya se encontraban en el país. Las autoridades federales investigaron el caso, lo clausuraron y presentaron cargos.
El mero hecho de que se pudiera establecer una operación de este tipo debería llevarnos a preguntarnos hasta qué punto las agencias federales, estatales y locales reconocen la represión transnacional. Las víctimas suelen ser reacias a denunciar las amenazas que reciben por varias razones: les preocupa la seguridad de sus familiares en el extranjero y no creen que las autoridades estadounidenses comprendan lo que está sucediendo.
Por lo tanto, protegerlos requiere más que simplemente perseguir a los perpetradores una vez descubierta la operación. Requiere reconocer que la coerción extranjera que ocurre en suelo estadounidense no es simplemente un asunto privado entre miembros de una comunidad inmigrante.
Se trata de una intrusión en la soberanía estadounidense. Diplomáticamente, esto equivale a un acto de guerra.
En 1868, Estados Unidos declaró que cambiar de lealtad era un derecho humano fundamental. Esto tiene consecuencias. Una persona que se encuentra bajo la protección de Estados Unidos no debería descubrir que el gobierno que dejó sigue determinando lo que puede decir.
Ningún gobierno es dueño de su pueblo.
Y no se debería permitir que ningún gobierno extranjero actúe como si fuera dueño de las personas que viven aquí.
Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no reflejan necesariamente las de The Epoch Times.
