El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó el jueves que se han impuesto multas civiles por un valor de más de 84 mil millones de dólares a inmigrantes ilegales por negarse a salir de Estados Unidos.
En total, se han impuesto 103,000 multas de este tipo a inmigrantes ilegales desde el inicio de la administración de Trump, según indicó el DHS en un comunicado del 23 de julio.
Las multas incluyen un cargo de 998 dólares por día que se aplica a cualquier inmigrante ilegal que no abandone el país voluntariamente, incluso después de que se haya emitido una orden definitiva de expulsión a su nombre.
“Bajo el mandato del presidente [Donald] Trump y del secretario [Markwayne] Mullin del DHS, el DHS está trabajando más rápido que nunca para expulsar de nuestro país a los extranjeros ilegales con antecedentes penales”, dijo en el comunicado Lauren Bis, subsecretaria de la Oficina de Asuntos Públicos del DHS.
“Nuestro mensaje para los extranjeros ilegales es claro: VÁYANSE YA. Si no lo hacen, enfrentarán las consecuencias, que incluyen multas, arresto y deportación. Los extranjeros ilegales tienen una opción: pueden usar la aplicación CBP Home y recibir un vuelo gratuito a su país de origen y 2600 dólares, o ser multados, arrestados y deportados".
En junio del año pasado, el DHS y el Departamento de Justicia anunciaron una nueva norma federal que agiliza el proceso de imposición de multas a los inmigrantes ilegales, haciéndolo más eficiente y sencillo.
La actualización eliminó una disposición que otorgaba a los inmigrantes ilegales un aviso de 30 días sobre la intención de multarlos antes de que se impusieran efectivamente las multas. También autorizó a los funcionarios de inmigración del DHS a enviar las multas a los inmigrantes ilegales por correo y acortó el proceso que se aplica cuando los inmigrantes ilegales impugnan sus sanciones.
La imposición de multas a los inmigrantes indocumentados ha enfrentado impugnaciones legales. En un comunicado del 8 de julio, el Legal Aid Justice Center anunció la presentación de una demanda en nombre de un inmigrante ilegal de Virginia que enfrenta multas migratorias por más de 1.8 millones de dólares.
La persona entró a Estados Unidos en 2016 con un menor a su cargo. En 2017, se emitió una orden de expulsión contra ambas personas. En febrero, el DHS impuso una multa de más de 1.8 millones de dólares a la persona. La demanda acusaba a las multas de ser "manifiestamente desproporcionadas" con respecto a la situación económica del demandante.
"Una multa de 1.8 millones de dólares no es aplicación de la ley migratoria. Es intimidación por parte del gobierno", dijo en el comunicado Rohmah Javed, directora del Programa de Justicia para Inmigrantes del centro.
"El gobierno federal está reactivando poderes de aplicación de la ley poco conocidos para devastar financieramente a las familias de inmigrantes y enviar un mensaje intimidatorio. Estas multas están diseñadas para generar miedo, no cumplimiento, y ninguna agencia gubernamental debería tener poder sin control para imponer este tipo de castigo que destruye vidas".
En junio del año pasado, cuando el DHS anunció el proceso simplificado para multar a los inmigrantes ilegales, la entonces subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, dijo: "La ley no se hace cumplir por sí sola; debe haber consecuencias por infringirla", y agregó que Trump estaba haciendo que el gobierno fuera más eficaz y eficiente en la aplicación de las leyes de inmigración.
La multa económica a los inmigrantes ilegales es una razón más por la que deben autoexpulsarse de Estados Unidos antes de que sea demasiado tarde, dijo McLaughlin.
Mientras tanto, el senador Rick Scott (R-Fla.) presentó el mes pasado la Ley de Recuperación de Costos por Inmigración Ilegal, que busca duplicar las multas civiles impuestas a los inmigrantes ilegales que ingresan o intentan ingresar a Estados Unidos, según informó la oficina del legislador en un comunicado del 11 de junio.
Las sanciones más severas también se aplicarían a las personas que cuenten con una orden definitiva de expulsión de los Estados Unidos y que no salgan del país o se nieguen a hacerlo.
Los empleadores que, a sabiendas, contraten a inmigrantes ilegales para trabajar a pesar de que no estén autorizados a ser empleados en Estados Unidos también enfrentarán multas más elevadas.
"Décadas de políticas de fronteras abiertas han generado una carga económica enorme e injusta para los estadounidenses que debe compensarse para corregir la situación; mientras tanto, quienes ingresaron a nuestro país de manera ilegal deben enfrentar las consecuencias de sus actos", dijo Scott en el comunicado.
"Este proyecto de ley, que se basa en el sentido común, hace cumplir la ley y garantiza que los extranjeros ilegales no puedan seguir estafando a nuestro país y perjudicando a los estadounidenses trabajadores que pagan impuestos y respetan las normas".
