El Departamento de Justicia (DOJ) demandó el jueves a Colorado por las regulaciones estatales que otorgan matrícula de residente y ayuda financiera a los inmigrantes ilegales.
La demanda del 23 de julio, presentada ante la Corte de Distrito del Distrito de Colorado, acusó a Colorado de ignorar el Título 8, Sección 1623, del Código de Estados Unidos, que prohíbe que los inmigrantes ilegales tengan derecho a beneficios de educación superior en un estado, a menos que se brinden los mismos beneficios a todos los ciudadanos estadounidenses, independientemente de su estado de residencia.
La Ley de Colorado para el Avance de los Estudiantes hacia un Mañana Más Sólido, aprobada inicialmente en 2013 y enmendada en 2019 y 2022, permite a los estudiantes inmigrantes ilegales que viven en el estado acceder a la matrícula de residente y a la ayuda financiera.
Los beneficios de la matrícula de residente se otorgan a los estudiantes elegibles cuando solicitan admisión en universidades públicas o colegios comunitarios de Colorado, mientras que los ciudadanos estadounidenses de otros estados deben pagar tasas de matrícula más altas en estas instituciones.
"Estas disposiciones constituyen un trato desigual flagrante que favorece a los inmigrantes ilegales frente a los ciudadanos estadounidenses. Peor aún, dicho trato preferencial está expresamente prohibido y anulado por el Congreso", señala la demanda.
Según una hoja informativa del Departamento de Educación Superior de Colorado, la ley eliminó varias barreras que impedían que miles de estudiantes de secundaria inmigrantes ilegales reunieran los requisitos para acceder a la matrícula para residentes del estado y a los beneficios financieros.
La revisión de la ley de 2022 redujo el tiempo que un estudiante inmigrante ilegal debía asistir a la preparatoria para obtener estos beneficios de al menos tres años a solo un año.
Bajo la Cláusula de Supremacía de la Constitución de los Estados Unidos, extender la elegibilidad para los beneficios de educación superior a los inmigrantes ilegales es "inconstitucional", señala la demanda. Varias cortes declararon inconstitucionales leyes similares sobre la matrícula estatal.
Por ejemplo, a principios de este mes, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de EE. UU. dictó un fallo en un caso presentado por la administración Trump en el que determinó que Texas no puede ofrecer matrícula universitaria de residente a los inmigrantes indocumentados en virtud de su Ley Dream, al dictaminar que la ley federal prevalece sobre la política estatal.
En la demanda de Colorado, el Departamento de Justicia (DOJ) solicitó a la corte que dictara una sentencia en la que se declarara que la Ley estatal "Advancing Students for a Stronger Tomorrow" (Promoviendo a los estudiantes para un mañana más sólido) viola la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos. Solicitó a la corte que emitiera una orden judicial permanente que prohibiera a los demandados aplicar dicha ley o cualquier ley similar.
Entre los demandados en el proceso se encuentran la Comisión de Educación Superior de Colorado, el Departamento de Educación Superior de Colorado y su director ejecutivo.
En un comunicado del 23 de julio, el Departamento de Justicia señaló que la demanda contra Colorado era el decimocuarto caso presentado por el departamento para impugnar las políticas de matrícula estatal para inmigrantes ilegales.
"Al otorgar a los inmigrantes ilegales la matrícula estatal, Colorado está violando la ley federal y subsidiando la educación de los inmigrantes ilegales a costa de los contribuyentes", afirmó en el comunicado el fiscal general adjunto Stanley E. Woodward, Jr.
"Este Departamento no cejará hasta que se cumpla la promesa del presidente [Donald] Trump: los inmigrantes ilegales no recibirán beneficios que se les niegan a los propios ciudadanos de nuestra nación".
The Epoch Times se comunicó con el gobernador de Colorado y con el Departamento de Educación Superior de Colorado para recabar comentarios, pero no recibió respuesta al momento de la publicación.
Además de Texas, la administración de Trump logró obtener medidas cautelares permanentes contra los beneficios de matrícula estatal para inmigrantes indocumentados en Kentucky, Nebraska y Oklahoma.
Los casos presentados contra California, Virginia, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, Nueva Jersey, Kansas y Minnesota están pendientes.
Mientras tanto, el Departamento de Justicia (DOJ) anunció en un comunicado del 24 de julio que la Corte de Distrito para el Distrito Sur de Illinois falló a favor del gobierno federal en una demanda contra los beneficios de matrícula estatal para inmigrantes ilegales en Illinois.
El caso se presentó en septiembre de 2025, y posteriormente el estado presentó una moción para desestimar la demanda. El Departamento de Justicia señaló que Illinois optó por otorgar un trato preferencial a los inmigrantes indocumentados, sin extender ese trato a los estadounidenses que no residen en Illinois.
"Este fallo hace cumplir la ley que redactó el Congreso e impide que el estado anteponga a los inmigrantes indocumentados a los ciudadanos estadounidenses", afirmó el fiscal federal Steven D. Weinhoeft en el comunicado.
En una actualización de su hoja informativa del 23 de julio, el Centro Nacional de Leyes de Inmigración señaló que la adopción de leyes y políticas de "equidad en la matrícula" en varios estados sugiere que tales medidas benefician tanto a los ciudadanos estadounidenses como a los inmigrantes de cualquier estatus, al reducir las tasas de deserción escolar en la preparatoria y aumentar el número de estudiantes que cursan estudios universitarios.
