El miércoles, una corte federal de apelaciones falló a favor de un hombre iraní que argumentó que su nueva detención por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) era ilegal.
La corte de Apelaciones del Décimo Circuito, con sede en Colorado, emitió un fallo —por dos votos contra uno— que rechaza los argumentos de la administración Trump, la cual sostenía que el periodo de detención de seis meses —establecido por la Corte Suprema— se reinicia cada vez que un inmigrante sujeto a un proceso de deportación es detenido nuevamente.
La juez Carolyn McHugh, en representación de la mayoría, señaló que, en el caso Zadvydas contra Davis (2001), la Corte Suprema determinó que el gobierno federal no puede mantener detenidos indefinidamente a extranjeros sujetos a deportación cuando no es previsible que esta pueda llevarse a cabo en un futuro cercano.
"En la práctica, el gobierno nos pide que interpretemos el fallo Zadvydas como el establecimiento de un periodo de gracia de seis meses —renovable— aplicable a cualquier etapa de detención migratoria; esto permitiría al gobierno mantener a un extranjero bajo custodia durante múltiples periodos sucesivos de seis meses, siempre y cuando dichos periodos estén separados por algún lapso de libertad", afirmó McHugh.

No leas más noticias. Entiéndelas.
En Epoch Times Español queremos estar en contacto directo contigo
Seleccionamos para ti lo que de verdad importa, sin ruido ni agendas. Es un canal abierto: si nos escribes, te respondemos.
El caso involucra a Kaveh Abedi, quien huyó de Irán en 1991 junto con su familia cuando tenía 10 años. A todos los miembros de la familia se les concedió asilo en Estados Unidos.
Cuando tenía 21 años, Abedi fue condenado en California por un delito de posesión de drogas.
Un juez de inmigración aprobó su orden de deportación, pero concedió la solicitud de Abedi de aplazar su expulsión en virtud de la Convención contra la Tortura —un tratado de las Naciones Unidas—, por lo que fue puesto en libertad bajo condiciones de supervisión.
Durante los siguientes 20 años, escribió McHugh, Abedi cumplió con las condiciones de su puesta en libertad.
El hombre de origen iraní contrajo matrimonio con una ciudadana estadounidense en 2016 y, en junio de 2025, la pareja se trasladó de California a Kansas con la autorización de los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
A finales de ese mismo mes, agentes del ICE detuvieron a Abedi en el jardín delantero de su domicilio y le informaron que las condiciones de su puesta en libertad habían sido revocadas, debido a que ahora era posible expulsarlo a un país distinto de Irán.
Según la legislación federal, el ICE tiene la obligación de ofrecer a toda persona que vuelva a ser detenida una "entrevista informal".
En dicha entrevista, el detenido puede responder a los motivos de la revocación de su orden de libertad y argumentar si, efectivamente, sigue sin existir una probabilidad de deportación a corto plazo.
"El Sr. Abedi sostiene —y el gobierno no lo refuta— que... nunca le fue posible la entrevista informal prometida", señaló McHugh en la opinión mayoritaria de la corte.
Tras su nueva detención, Abedi impugnó su legalidad basándose en una sentencia de la Corte Suprema de 2001 y acusó al ICE de infringir sus propias directrices al no realizarle la entrevista, alegando que esto vulneraba su derecho al debido proceso.
En un principio, una corte de distrito denegó la solicitud de Abedi para obtener una resolución sobre la legalidad de su detención, así como su petición de una medida cautelar destinada a impedir que el gobierno federal lo trasladara fuera de su jurisdicción actual en Kansas.
No obstante, la misma corte indicó a Abedi que podía presentar una nueva solicitud de amparo —conforme a la sentencia del caso Zadvydas contra Davis— si su detención se prolongaba más allá de los seis meses.
Para enero de 2026, Abedi llevaba más de seis meses detenido, por lo que presentó una nueva solicitud. En ella argumentaba que no existía una probabilidad real de una deportación inminente, por lo que, según la sentencia de la Corte Suprema, tenía derecho a ser liberado.
La corte de distrito accedió a la petición y Abedi fue puesto en libertad. Tras el rechazo inicial de las peticiones de Abedi por parte de la corte de primera instancia, este presentó un recurso ante la corte de Apelaciones del 10.º Circuito.
Dado que el hombre iraní fue finalmente puesto en libertad, el gobierno federal solicitó que se desestimara el recurso por haber perdido su objeto.
Los jueces rechazaron esa petición y citaron otros casos en los que personas habían sido detenidas nuevamente tras recuperar la libertad.
"Al aplicar el razonamiento de esos casos a los hechos del caso [de Abedi], concluimos que el Sr. Abedi demostró una expectativa razonable de que volverá a ser detenido", escribió McHugh.
La juez Allison Eid emitió un voto particular en contra, argumentando que el recurso debía desestimarse porque, al haber sido puesto en libertad tras su detención migratoria, el caso había perdido su objeto.
El Departamento de Justicia no respondió a una solicitud de comentarios sobre la resolución.





















