Una corte federal falló a favor de la administración Trump en una demanda que impugnaba las leyes de Illinois que ofrecían beneficios educativos a los inmigrantes indocumentados, mientras que se los negaban a los estadounidenses que residían fuera del estado.
En una orden del 24 de julio, la Corte de Distrito del Distrito Sur de Illinois dictaminó que las disposiciones sobre matrícula estatal contempladas en la Ley Acevedo del estado (que entró en vigor en mayo de 2023), su enmienda de 2024, la Ley DREAM y la Ley de Retención de Estudiantes y Equidad de Illinois (RISE), aplicadas a los inmigrantes indocumentados, violaban la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos y son "inconstitucionales e inválidas".
La administración Trump argumentó que estas tres leyes, que otorgan beneficios de educación postsecundaria a inmigrantes indocumentados, violaban el Título 8 del Código de Estados Unidos, Sección 1623.
La Sección 1623 prohíbe que los inmigrantes indocumentados sean elegibles para los beneficios de educación postsecundaria en un estado a menos que los mismos beneficios se brinden a todos los ciudadanos estadounidenses, independientemente de su estado de residencia.
En la demanda presentada en septiembre de 2025, la administración Trump destacó que la Ley Acevedo permite a los inmigrantes indocumentados pagar una matrícula más baja en las universidades y colegios públicos del estado que un ciudadano estadounidense o un residente permanente legal de otros estados.
La Ley DREAM de Illinois, promulgada en 2011, creó un programa de becas financiado con donaciones privadas. Posteriormente, este beneficio se limitó a los estudiantes inmigrantes indocumentados en el estado.
La Ley RISE, que entró en vigor en 2020, extendió la asistencia financiera estatal a los inmigrantes indocumentados.
En una moción de desestimación presentada en noviembre de 2025, Illinois cuestionó la validez de la Sección 1623. El estado argumentó que la Sección 1623 viola la doctrina de no injerencia establecida en la Décima Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que reconoce que el Congreso no tiene poder para emitir órdenes directas a un estado.
El artículo 1623 "contraviene la doctrina de no injerencia porque regula a los estados en lugar de a los actores privados", dijo Illinois. Dado que el artículo 1623 viola dicha doctrina, "todas las demandas del gobierno federal contra todos los acusados deben ser desestimadas".
Sin embargo, en la orden del 24 de julio, la corte rechazó este argumento, afirmando que las restricciones bajo la Sección 1623 no constituyen "comando" bajo la Décima Enmienda.
Esta doctrina prohíbe al gobierno federal dictar lo que las legislaturas estatales pueden o no pueden hacer. También prohíbe a Washington obligar a los estados a promulgar o aplicar programas regulatorios federales. La corte observó que la Sección 1623 "no contempla ninguna de estas posibilidades".
En cambio, la Sección 1623 "funciona como un límite a la elegibilidad de los no ciudadanos, en lugar de un mandato para que los estados legislen o administren algún programa en particular".
La corte prohibió de forma permanente a Illinois y a los demás demandados en el caso, incluidas las entidades estatales, hacer cumplir las tres leyes impugnadas por la administración Trump.
Según un comunicado del departamento del 24 de julio, la demanda fue presentada por la División Civil del Departamento de Justicia y la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Sur de Illinois.
"Illinois intentó incentivar la inmigración ilegal a costa de los contribuyentes, tratando a los inmigrantes ilegales mejor que a los ciudadanos estadounidenses que viven en otros estados, en clara violación de la ley federal", dijo el fiscal federal Steven D. Weinhoeft en el comunicado.
"Este fallo refuerza la ley que redactó el Congreso y evita que el Estado dé prioridad a los inmigrantes indocumentados sobre los ciudadanos estadounidenses".
El periódico The Epoch Times se puso en contacto con la oficina del gobernador de Illinois para solicitar comentarios, pero no recibió respuesta antes de la publicación.
Este caso es uno de varios en los que la administración Trump está poniendo en tela de juicio los beneficios educativos estatales que se otorgan a los inmigrantes indocumentados en detrimento de los ciudadanos estadounidenses.
El 23 de julio, el Departamento de Justicia anunció que había presentado una demanda contra Colorado por el mismo motivo. Se han presentado demandas similares contra California, Virginia, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, Nueva Jersey, Kansas y Minnesota, todas las cuales están pendientes.
En Texas, Kentucky, Nebraska y Oklahoma, la administración Trump ha logrado obtener medidas cautelares permanentes contra los beneficios de matrícula estatal para inmigrantes indocumentados.
