El domingo, una corte federal de apelaciones expresó su escepticismo respecto a la iniciativa de la administración de Trump de exigir a California que descarte los votos por correo de los votantes de quienes el gobierno sospecha que no son ciudadanos.
El Noveno Circuito de Apelaciones celebró una audiencia de emergencia por teleconferencia después de que el Departamento de Justicia (DOJ) presentara un escrito de apelación solicitando la intervención de la corte.
Durante la audiencia, el juez de circuito Mark Bennett señaló que California tiene la autoridad, en virtud de la cláusula electoral, para determinar cómo lleva a cabo las elecciones, incluyendo la forma en que clasifica los votos de los no ciudadanos.
“El Congreso no ha modificado directamente lo que la legislatura ha aprobado, algo que tenía derecho a hacer. Y me parece que usted desea que dictemos una orden judicial que es totalmente incompatible con la ley que la legislatura de California ha aprobado de conformidad con la Cláusula Electoral”, dijo el juez de circuito.
No leas más noticias. Entiéndelas.
En Epoch Times Español queremos estar en contacto directo contigo
Seleccionamos para ti lo que de verdad importa, sin ruido ni agendas. Es un canal abierto: si nos escribes, te respondemos.
Bennett también cuestionó la jurisdicción de la corte de apelaciones para pronunciarse sobre el caso, señalando que la corte inferior ya había programado una audiencia para el martes.
El abogado del Departamento de Justicia, Matthew Donnelly, dijo que el departamento solicitó una orden judicial de emergencia después de que California indicara en su escrito que había procesado más de 330,000 votos por correo.
El Departamento de Justicia demandó a California el 15 de octubre para impedir el recuento de los votos por correo de más de 20,000 personas identificadas por el gobierno federal como presuntos no ciudadanos. El gobierno federal solicitó al estado que apartara los votos recibidos hasta que pudiera confirmar la ciudadanía.
El departamento presentó una apelación el 22 de octubre después de que el juez federal de distrito David Carter no se pronunciara sobre su solicitud de medida cautelar de emergencia dentro del plazo establecido.
Durante la audiencia, se le preguntó a Donnelly sobre la fuente de la afirmación del departamento de que 20,000 votantes probablemente no eran ciudadanos. Donnelly dijo que la información provenía de "una lista que se compró originalmente a California" y que se entregó al gobierno, la cual luego fue sometida a una revisión rigurosa.
El abogado de California, Samuel Siegel, argumentó que el gobierno federal no tiene autoridad para dictar cómo el estado procesa sus boletas electorales.
"Si el poder ejecutivo desea esa autoridad en primer lugar, debe solicitarla al Congreso. No lo han hecho. Le piden a esta corte que eluda el proceso democrático y emita una orden, no solo en vísperas de una elección, sino mientras la elección ya está en curso", dijo Siegel.
Al término de la audiencia oral de dos horas, Bennett señaló que el panel de tres jueces intentaría emitir un fallo lo antes posible.
En su solicitud de emergencia del 21 de octubre para obtener una orden de restricción temporal, el Departamento de Justicia señaló que los funcionarios estatales y del condado alegaban carecer de los mecanismos y la autoridad necesarios para impedir que los no ciudadanos votaran en las elecciones de mitad de período. El departamento dijo que esto representaba una amenaza inmediata para la integridad de los votos legítimos.
"A medida que los demandados continúan procesando boletas electorales que posteriormente no podrán separarse ni verificarse para determinar su elegibilidad, la dilución de los votos legítimos se acelera en tiempo real", señaló el Departamento de Justicia en su escrito.
"Se trata de una emergencia. Cada minuto de procesamiento que transcurre sin separar las boletas de los votantes presuntamente no elegibles provoca una privación del derecho al voto imposible de rastrear y la dilución de los votos de los ciudadanos de Estados Unidos".
El condado de Los Ángeles presentó una moción el 21 de octubre en la que solicitaba al juez que desestimó la demanda del Departamento de Justicia, argumentando que este carecía de legitimación para presentar el caso.
Con información de Reuters.
