Una corte federal de apelaciones se negó a intervenir en la demanda presentada por la administración Trump contra California, la cual buscaba apartar 20,000 votos por correo emitidos por personas que, según se sospecha, no son ciudadanos estadounidenses.
El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) presentó la semana pasada una solicitud de emergencia ante la corte de Apelaciones del Noveno Circuito, en San Francisco, pidiendo que se impidiera a California el recuento de dichos votos. Sin embargo, el lunes, un panel de tres jueces emitió una decisión por 2 votos contra 1, argumentando la falta de jurisdicción para resolver el asunto, dado que la corte de distrito —de instancia inferior— aún no se había pronunciado al respecto.
La corte federal de apelaciones desestimó la moción de emergencia del Departamento de Justicia y devolvió el caso al tribunal de primera instancia, el cual tiene programada una audiencia para el 27 de octubre.
Según la decisión de la mayoría, el "gobierno de Estados Unidos no brindó a la corte de distrito una oportunidad adecuada para examinar" su demanda, la cual pretendía impedir que California contabilizara los 20,000 votos en cuestión.
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La corte federal de apelaciones señaló que acceder a la solicitud de emergencia del Departamento de Justicia también generaría confusión entre los votantes de California, a apenas una semana de la jornada electoral del 3 de noviembre.
"Algunos podrían interpretar [la aprobación de la petición del Departamento de Justicia] como un respaldo a la acusación —actualmente sin fundamento— de que cerca de 20,000 personas que no son ciudadanas figuran en el padrón electoral de California. Los votantes podrían verse disuadidos de ejercer su derecho al voto, ante el temor de ser señalados erróneamente por votar de manera ilegal y verse involucrados en una posible investigación posterior", indica la resolución. "Asimismo, otros votantes que sí cumplen con los requisitos podrían terminar viendo cómo se les impide votar por completo".
Además, acceder a la solicitud de la administración Trump obligaría a los administradores electorales a apartarse de sus tareas actuales para implementar un nuevo proceso de verificación de la ciudadanía de los votantes, a fin de ajustarse a las exigencias del Departamento de Justicia, señaló la mayoría de los jueces.
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