La semana pasada, un juez federal anuló la prohibición del estado de Nueva York sobre la compra y venta de chalecos antibalas, al considerar que violaba la Segunda Enmienda de la Constitución.
En un fallo de 47 páginas emitido el 21 de octubre, el juez de distrito estadounidense John Sinatra señaló que los chalecos antibalas están comprendidos dentro del derecho de los ciudadanos a portar armas, tal como lo establece la Segunda Enmienda. Asimismo, indicó que, a la luz de dos sentencias de la Corte Suprema —de 2008 y 2022— relativas a las armas de fuego, el concepto de "armas" vigente en la época de la fundación de Estados Unidos incluiría el equipamiento de protección.
El juez escribió que la prohibición estatal de los chalecos antibalas "contraviene el texto literal de la Segunda Enmienda", y añadió que "las tradiciones históricas de la nación no han permitido una restricción de esta índole al derecho a poseer y portar armas". Además, señaló que dicha "restricción viola categóricamente el derecho de los individuos a poseer y portar armas para su propia defensa".
Sinatra citó el fallo de 2022 de la Corte Suprema en el caso New York State Rifle & Pistol Association, Inc. contra Bruen, el cual estableció el criterio jurídico aplicable a las armas de fuego: "el gobierno debe demostrar que la regulación es coherente con la tradición histórica de esta nación en materia de regulación de armas de fuego".
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Señaló que el equipo de protección defensiva probablemente se consideraría un "arma" —en el sentido de elemento de defensa— protegida por el texto literal de la Segunda Enmienda en la época de la fundación de los Estados Unidos.
"Por consiguiente, cualquier regulación en este ámbito solo es admisible si el Estado demuestra que la nueva normativa es coherente con la tradición histórica de la nación en cuanto a regulaciones suficientemente análogas", añadió Sinatra. "Nueva York no supera ese criterio".
El asunto en cuestión es una ley de Nueva York que prohíbe la compra y venta de chalecos antibalas; la primera infracción se considera un delito menor de clase A, mientras que cualquier infracción posterior se clasifica como un delito grave de clase E.
La prohibición fue promulgada en 2022 por la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, como parte de un paquete más amplio de control de armas, tras un incidente en el que un hombre mató a tiros a 10 personas en un supermercado de Buffalo. Según señalaron los legisladores en aquel momento, el atacante llevaba puesto un chaleco antibalas durante el suceso.
"La violencia armada es una epidemia que está desgarrando a nuestro país. Los pensamientos y las oraciones no resolverán esto; tomar medidas contundentes, sí", afirmó Hochul, demócrata, al promulgar la medida, la cual también incluye la prohibición de vender armas semiautomáticas a menores de 21 años. La gobernadora sostuvo que esta y otras restricciones "salvarán vidas".
Sinatra no se pronunció sobre dichas medidas, sino únicamente sobre la prohibición de los chalecos antibalas.
La demanda, presentada ante la corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Nueva York por la organización Firearms Policy Coalition y dos particulares, incluye como demandados a la fiscal general de Nueva York, Letitia James; al superintendente de la Policía Estatal de Nueva York, Steven G. James; a la fiscal del condado de Monroe, Sandra Doorley; y al fiscal interino del condado de Erie, Michael J. Keane.
El grupo a favor de la tenencia de armas calificó la orden del juez en el caso Heeter contra James como una victoria, señalando que la ley, en la práctica, "convierte en delito que personas pacíficas adquieran chalecos antibalas" diseñados para "salvar vidas".
"No satisfechos con prohibir las armas de fuego, también intentaron prohibir los medios para sobrevivir a los disparos en un acto delictivo", declaró el grupo la semana pasada.
El fallo de Sinatra contempla un plazo de 14 días antes de que su orden entre en vigor, con el fin de permitir que el Estado apele la decisión.
Con información de The Associated Press.
