Opinión
Lo preocupante de los disturbios que se extienden por toda Europa no es que la gente salga a las calles. La protesta es una parte legítima de la vida democrática. La gente tiene derecho a manifestarse cuando el combustible se vuelve inasequible, las escuelas se deterioran, los servicios públicos fallan y la vivienda queda fuera de su alcance. Los gobiernos deben escuchar esas quejas y darles respuesta.
Lo que debería preocupar a todos los ciudadanos es el momento en que la protesta se convierte en una licencia para saquear, incendiar y aterrorizar. Una marcha pacífica expresa un argumento. Una turba que rompe el escaparate de una tienda lo silencia. Cientos de miles de personas marcharon pacíficamente en Francia, mientras que grupos violentos atacaron edificios públicos, saquearon negocios y agredieron a la policía. La distinción es importante: las personas que acudieron a protestar no son todas responsables de quienes acudieron a destruir.
Pero la destrucción no deja de ser grave por el hecho de cometerse en nombre de una causa. Una empresa no es una abstracción llamada "capitalismo". Son los años de trabajo, los ahorros, el riesgo y la esperanza de alguien. Es el empleado que depende de su sueldo, la familia dueña del local y el vecindario que necesita sus servicios. Cuando los alborotadores irrumpen en las tiendas y prenden fuego, no atacan a un sistema lejano. Perjudican a la gente común y debilitan a la comunidad que dicen defender.
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Hay activistas que rechazan abiertamente el capitalismo y tratan a la empresa privada como un enemigo. Sus ideas merecen ser debatidas. Pero ninguna queja, por muy sincera que sea, justifica incendiar una ciudad o destruir el medio de vida de otra persona. Tampoco debemos dar por sentado que todo manifestante sea anticapitalista o que toda multitud esté empeñada en la destrucción. Estas manifestaciones han surgido por una variedad de causas, y muchas personas han protestado pacíficamente. La franja violenta debe rendir cuentas por sus propias acciones.
La lección histórica es tan antigua como las revoluciones que la gente invoca: la ira puede poner al descubierto una injusticia real, pero también puede convertirse en una fuerza que consume las mismas instituciones necesarias para corregirla. Cuando un movimiento decide que toda ley es ilegítima, que todo negocio es explotación y que todo oponente es un enemigo, deja de buscar reformas y comienza a poner a prueba cuánto de la sociedad puede destruir. La Revolución Francesa comenzó con demandas de libertad y representación; su caída en el Terror demostró cuán rápidamente el lenguaje de la justicia puede volverse en contra de los inocentes. La historia no dice que toda protesta conduzca a una catástrofe. Advierte que ninguna sociedad es inmune cuando el agravio se utiliza para justificar la violencia política.
Por eso es importante el liderazgo. Los gobiernos deben abordar las condiciones que llevan a la gente a la desesperación: el aumento de los costos, los servicios deficientes, las escuelas que no atienden las necesidades de los estudiantes y las viviendas que los trabajadores no pueden pagar. Pero también tienen el deber fundamental de proteger al público y hacer cumplir la ley. La rendición de cuentas no es opresión. Permitir que los incendios provocados y los saqueos continúen sin control no es compasión; es abandonar a los residentes, a los trabajadores y a los propietarios de negocios a merced de quien esté más dispuesto a usar la fuerza.
Se puede decir lo que se quiera de Donald Trump, pero creo que él actuaría con rapidez para detener este tipo de desorden antes de que cobrara impulso. La responsabilidad de un presidente es defender, al mismo tiempo, la seguridad pública y el derecho constitucional a manifestarse. Eso implica reglas claras, fuerzas de seguridad eficaces y consecuencias para quienes queman edificios o atacan a otras personas. También implica proteger los derechos de los manifestantes pacíficos y exigir que los agentes respeten la ley. El orden impuesto sin moderación se convierte en abuso; la libertad sin orden puede ser secuestrada por la facción más violenta.
Debemos tomar en serio la advertencia que encierran estas escenas de fuego y escombros. Si los actores políticos enseñan a la gente que la destrucción es una forma legítima de expresar la ira, no deberían sorprenderse cuando la destrucción se extienda más allá del primer objetivo. El ayuntamiento, la escuela, la tienda y la plaza pública no son símbolos que puedan reemplazarse sin costo alguno. Son parte del patrimonio compartido que permite que personas con puntos de vista opuestos convivan.
Europa no debería tener que arder para que sus líderes escuchen. Y no se debería permitir que ninguna causa convierta las calles en un campo de batalla en el que la gente común pague el precio por la ideología de otros. La protesta puede exigir un cambio. La violencia solo puede amenazar a la sociedad a la que ese cambio se supone que debe servir.
Las opiniones expresadas en este artículo son del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de The Epoch Times.
