La integridad electoral, el turismo de nacimiento y el combate a la represión transnacional y a la instrumentalización política de las instituciones gubernamentales figuran entre las prioridades del Departamento de Justicia (DOJ), según declaró el fiscal general Todd Blanche a The Epoch Times en una entrevista exclusiva.
Blanche conversó con Jan Jekielek, presentador del programa "American Thought Leaders", sobre los enfoques, desafíos y logros del DOJ mientras trabaja para reestructurar una agencia que, según afirmó, fue utilizada como arma política durante la administración anterior.
Ante la inminente celebración de unas elecciones de mitad de mandato decisivas, se preguntó al fiscal general cuáles consideraba que eran las vulnerabilidades actuales más importantes.
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"Creo que es evidente. Se trata de garantizar que las únicas personas que voten sean aquellas que tienen derecho a hacerlo, y de tener la certeza de que eso es lo que está ocurriendo", señaló Blanche. "Ese es nuestro principal objetivo".
El fiscal general también expuso las medidas más recientes que su agencia adopta frente a las amenazas que enfrenta Estados Unidos, tanto dentro como fuera de sus fronteras.
Integridad electoral
La administración del presidente Donald Trump ha intensificado los esfuerzos contra el voto ilegal de personas que no son ciudadanas."No se trata de un problema aislado en un estado concreto. Es algo que, lamentablemente, creo que está ocurriendo en muchos estados", afirmó Blanche.
El 5 de octubre, el Departamento de Justicia anunció cargos contra 16 personas por delitos que incluyen el voto de extranjeros en elecciones federales, la afirmación falsa de ciudadanía estadounidense para registrarse o votar y declaraciones falsas en solicitudes de ciudadanía.
Un gran jurado acusó formalmente a 10 ciudadanos extranjeros que presuntamente se registraron y votaron ilegalmente en Minnesota en las elecciones de 2022, 2024 y 2026, según informó el Departamento de Justicia el 30 de septiembre.
Registro de votantes en un centro de votación durante un referéndum sobre la redistribución de distritos electorales, en Alexandria, Virginia, el 21 de abril de 2026. (Madalina Kilroy/The Epoch Times).Hasta la fecha, el Departamento de Justicia ha presentado cargos contra casi 100 ciudadanos extranjeros por votar ilegalmente, señaló Blanche.
"¿Qué dicen los críticos al respecto? "Bueno, no son tantos. Solo hemos acusado a 96 personas". ¿Qué importa eso?", dijo Blanche. "Durante meses y meses decían: 'No hay pruebas de que nadie esté votando ilegalmente'"; luego pasaron a decir: "Bueno, vale, hay algunas pruebas"; y ahora seguimos encontrando cada vez más ejemplos de que esto sucede".
El Departamento de Justicia tiene actualmente "cientos y cientos" de casos en curso, señaló el fiscal general.
Recientemente, los fiscales federales sufrieron un revés cuando el juez David Leibowitz, de la corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, desestimó un caso del Departamento de Justicia contra una mujer jamaicana que votó en una elección federal estadounidense. El juez dictaminó que la ley federal electoral utilizada por el Departamento de Justicia —la cual prohíbe a las personas que no son ciudadanas votar en elecciones federales— era inconstitucional.
En Nueva Jersey, la gobernadora Mikie Sherrill informó que alrededor de 6600 personas que no son ciudadanas se registraron para votar entre junio de 2023 y junio de 2024. Menos de 400 habían votado.
"Creo que lo único que puedo hacer como fiscal general es seguir investigando y tratar de exponer y sacar a la luz casos en los que esto [el voto ilegal] esté ocurriendo", dijo Blanche.
Señaló que investigar y procesar un caso de voto ilegal es sumamente difícil, pero que la solución al problema es sencilla: un requisito de identificación de votante a nivel nacional.
"Se convirtió en un tema muy partidista, y no debería ser así, porque no entiendo por qué a los republicanos les importa el principio de 'una persona, un voto' y a los demócratas no", dijo. "Espero que, en algún momento de los próximos meses, ambas partes puedan unirse y reconocer que realmente necesitamos cambiar algunas de nuestras prácticas fundamentales de votación".
Personas votan en las elecciones para la alcaldía de Washington el 16 de junio de 2026. (Madalina Kilroy/The Epoch Times).Expresó su frustración con el Congreso por no aprobar la Ley SAVE America, la cual exigiría una prueba de ciudadanía estadounidense para poder votar en las elecciones federales.
La Cámara de Representantes aprobó la medida a principios de este año, pero desde entonces el proyecto se estancó en el Senado.
Al igual que en todas las elecciones celebradas desde la década de 1960, el fiscal general afirmó que su agencia supervisará las elecciones de mitad de mandato de 2026.
La fiscal general adjunta Harmeet Dhillon anunció el mes pasado que el Departamento de Justicia planea desplegar a 1000 observadores electorales federales por todo el país para las elecciones generales de noviembre, calificando esta iniciativa como "el mayor esfuerzo de supervisión en la historia del [Departamento de Justicia]".
Los senadores Rick Scott (R-FL), James Lankford (R-OK), Jon Husted (R-OH), Mike Lee (R-UT) y Katie Britt (R-AL) hablan sobre la Ley SAVE America en el Capitolio de EE. UU., el 19 de marzo de 2026. La ley exigiría probar la ciudadanía para votar en elecciones federales. (Chip Somodevilla/Getty Images).El uso del gobierno como arma política
Volver a lo esencial: este es el mensaje que la exfiscal general Pam Bondi, el director del FBI Kash Patel, el propio Blanche y otros funcionarios del Departamento de Justicia transmitieron a los empleados de la institución."Sacar las drogas de nuestras calles, perseguir a los cárteles, frenar el fraude, detener la inmigración ilegal y combatir los delitos violentos", señaló. "Si los fiscales y agentes trabajan en ese tipo de delitos, no tienen tiempo para inmiscuirse donde no deben".
Blanche afirmó que, para "volver a lo básico", su agencia debe reconocer y tomar medidas respecto a conductas pasadas que él calificó como el uso del gobierno como arma política.
Las conclusiones también detallaban una fuerte oposición por parte de funcionarios de diversas agencias federales, quienes advertían que el plan probablemente excedía la jurisdicción federal, violaba el derecho a la libertad de expresión de los padres —consagrado en la Primera Enmienda— y sería percibido como una medida motivada políticamente.
"A los padres se les impedía hablar —ya fuera físicamente o mediante intimidación verbal— sobre lo que ocurría en sus escuelas y con sus hijos; incluso, en ocasiones, fueron arrestados y procesados por alzar la voz y expresarse", declaró Blanche.
(Arriba) Familias protestan contra un posible mandato de uso de mascarillas antes de una reunión de la junta escolar en Tampa, Florida, el 27 de julio de 2021. (Abajo) Manifestantes permanecen firmes mientras se entona el himno nacional al inicio de una reunión de la junta escolar del condado de Loudoun, en Ashburn, Virginia, el 12 de octubre de 2021. El 5 de octubre, el Departamento de Justicia publicó un informe que reveló un plan de la era Biden para etiquetar como "terroristas nacionales" a padres que protestaban en reuniones escolares y procesarlos bajo la ley federal. (Octavio Jones/Getty Images, Andrew Caballero-Reynolds/AFP vía Getty Images).
El Departamento de Justicia, bajo la dirección del exfiscal general Merrick Garland, y la Asociación Nacional de Juntas Escolares instaron al FBI y a otras agencias federales a crear un grupo de trabajo para investigar a padres que se oponían a temas polémicos, tales como las normativas de la era del virus COVID-19, la enseñanza de la teoría crítica de la raza y las políticas escolares sobre transexualidad.
Según el Departamento de Justicia, el grupo de trabajo identificó a 25 personas para ser investigadas. Ninguna de ellas fue procesada.
"¿Cómo es posible que una organización activista pueda acudir al FBI y al Departamento de Justicia e instarlos a detener e investigar a padres que alzan la voz por sus hijos?", dijo Blanche.
El informe del Departamento de Justicia tiene como objetivo explicar a los estadounidenses cómo se desarrolló esta situación —señaló el fiscal general— y cómo se garantizará que no vuelva a ocurrir.
Rechazó la idea de buscar venganza o de imputar a personas por sus convicciones políticas.
"Algunos dicen: 'Bueno, Biden lo hizo, así que tú también deberías hacerlo'", señaló Blanche. "Eso no es lo que el presidente Trump nunca me ha dicho, ni lo que le ha dicho al pueblo estadounidense. Él ha expresado que desea un Departamento de Justicia que actúe correctamente y cumpla con su misión".
Los demócratas acusan al Departamento de Justicia de la era Trump de perseguir a sus adversarios políticos después de que grandes jurados federales presentaran cargos contra la fiscal general de Nueva York, Letitia James —por fraude bancario y declaraciones falsas—, y contra el exdirector del FBI James Comey —acusado de hacer declaraciones falsas y obstruir un caso penal—.
Ambos casos fueron desestimados, pero el Departamento de Justicia está solicitando a una corte federal de apelaciones reabrirlos. En abril, otro gran jurado federal imputó a Comey bajo cargos de amenazar con herir o matar a Trump; él solicitó al juez que desestime este caso, alegando una persecución judicial motivada por afán de represalia.
El Departamento de Justicia en Washington, el 11 de marzo de 2026. (Madalina Kilroy/The Epoch Times).Los esfuerzos en el Departamento de Justicia para evitar la instrumentalización política de la institución se vieron fuertemente influidos por lo que les sucedió a Trump, a su familia y a otras personas tras la derrota en las elecciones presidenciales de 2020, señaló Blanche.
Cualquier persona cercana a Trump en aquel entonces vio cómo "la administración anterior le ponía la vida patas arriba".
"Vamos a volver a encarcelar a los delincuentes y a hacer que nuestra comunidad sea segura", afirmó Blanche.
También señaló que el Departamento de Justicia se sometería a una autoevaluación.
Las tasas de delitos violentos han disminuido en todo el país desde que Trump asumió nuevamente el cargo. Él destacó que la tasa de homicidios en Estados Unidos es la más baja de los últimos 125 años.
(De izquierda a derecha) La fiscal federal Jeanine Pirro, el entonces fiscal general interino Todd Blanche, el director del FBI Kash Patel y el subdirector de la oficina del FBI en Washington, Darren Cox, hablan sobre el tiroteo en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, en el Departamento de Justicia, Washington, el 27 de abril de 2026. (Madalina Kilroy/The Epoch Times).Turismo de nacimiento
El Departamento de Justicia creó un grupo de trabajo para prevenir el turismo de nacimiento en agosto, después de que el 30 de junio la Corte Suprema rechazara la orden ejecutiva de Trump sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento, la cual habría impedido que los hijos de inmigrantes indocumentados y de visitantes temporales legales obtuvieran la ciudadanía estadounidense al nacer. "[La Corte Suprema] no nos dio lo que queríamos en ese caso", dijo Blanche.
Sin embargo, los magistrados también "dejaron claro que existían ciertas medidas de salvaguardia que [el Departamento de Justicia] podía implementar", señaló, para evitar que las personas viajaran a Estados Unidos con el único propósito de tener un hijo.
El 6 de agosto, Trump firmó una orden de alcance más limitado para restringir la ciudadanía por derecho de nacimiento, pero un juez federal bloqueó posteriormente su aplicación.
Tras el rechazo de la Corte Suprema al primer intento de Trump, aumentaron las preocupaciones de que ciudadanos extranjeros hostiles se aprovechen de este vacío legal.
Los anuncios sobre turismo de nacimiento se dirigen a ciudadanos chinos, y un centro en Houston fue clausurado tras haber facilitado más de 1000 partos de ciudadanos chinos.
"En el marco del proceso de visado y de solicitud, ya sea por parte de quien dirige la agencia de viajes o de la mujer embarazada que viaja, se plantean preguntas cuyas respuestas son deshonestas durante dicho proceso", señaló Blanche.
Una mujer embarazada de Venezuela camina junto a otros inmigrantes indocumentados por la orilla del río Bravo tras cruzar la frontera entre EE. UU. y México en El Paso, Texas, el 13 de marzo de 2024. En agosto, el Departamento de Justicia creó un grupo de trabajo para prevenir el «turismo de nacimiento», después de que la Corte Suprema rechazara la orden de Trump sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento. (John Moore/Getty Images).Estos casos son difíciles de probar, señaló el funcionario del Departamento de Justicia, pero dicha dependencia trabaja junto con el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza para reforzar el proceso de visado.
El Departamento de Estado ha revocado cientos de visas a ciudadanos extranjeros acusados de participar en el llamado "turismo de nacimiento".
Represión transnacional
Blanche calificó los casos de espionaje y represión transnacional por parte del Partido Comunista Chino (PCCh) como una "gran prioridad" para el Departamento de Justicia.
En el último año, la agencia ha imputado a varias personas por intentar silenciar a disidentes del PCCh, recurriendo incluso a la violencia física en algunos casos, afirmó.
Muchos casos siguen en curso y los arrestos continuarán mientras persista dicha conducta, indicó Blanche.
En Nueva York, un hombre fue acusado de operar una comisaría de policía china. En mayo, fue declarado culpable de actuar como agente extranjero de China.
Los abogados Susan Carman (izquierda) y John Carman (derecha) hablan con periodistas junto a su cliente, Lu Jianwang, frente al tribunal federal del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, el 13 de mayo de 2026. Jianwang fue declarado culpable de actuar como agente no registrado de China; los fiscales alegaron que operaba una comisaría secreta de Pekín en Chinatown, Manhattan. (Nicholas Zifcak/The Epoch Times).No todos los casos son tan claros como este.
"En algunos de estos casos es muy difícil formular cargos penales, ya que no resulta evidente que la persona esté infringiendo la ley, en lugar de simplemente ejercer derechos que valoramos profundamente", señaló Blanche.
Eileen Wang, exalcaldesa de California, se declaró culpable el 29 de mayo de un cargo por actuar como agente extranjero de China.
Su infiltración en uno de los cargos de mayor poder de una ciudad estadounidense suscitó interrogantes sobre el alcance de la influencia de Pekín en Estados Unidos, una amenaza que, según advirtieron los expertos, irá en aumento.
Al preguntársele si el Departamento de Justicia cuenta con el marco legal necesario para gestionar casos de tal complejidad, Blanche afirmó que las leyes vigentes en el país —sumadas a las sanciones impuestas por los Departamentos del Tesoro y de Comercio a instituciones que facilitan el espionaje y la represión transnacional— son «más que suficientes».
"Es un ámbito complejo, ya que no solo es preciso conocer la motivación que hay detrás, sino que también resulta difícil detectar a los implicados: una vez que se atrapa a uno, hay muchos otros", señaló.
Eileen Wang, exalcaldesa de Arcadia, California, sale del tribunal federal tras declararse culpable de actuar como agente del gobierno chino, en Los Ángeles, el 29 de mayo de 2026. (William Liang/AP Photo).Antecedentes con Trump
Antes de ser confirmado como fiscal general bajo la administración de Trump, Blanche fue el segundo al mando de su predecesora, Bondi, antes de que ella fuera removida. Blanche también fue el abogado defensor personal de Trump antes de su victoria en las elecciones presidenciales de 2024."Trump fue el primer expresidente que necesitó tantos abogados para defenderse", afirmó Blanche.
Formó parte de un grupo central de unos diez abogados que defendieron a Trump en casos en Atlanta, Nueva York, Florida y el Distrito de Columbia.
Blanche señaló que la historia que comparten influye en cierta medida en su papel como fiscal general, pero no más que en el caso de quienes ocuparon anteriormente el mismo cargo.
"Lo respeto más que a cualquier otro hombre en el mundo. Espero que él me respete a mí, pero sabe que siempre recibirá de mi parte una respuesta honesta, ya sea buena o mala", dijo Blanche.
Al referirse al Artículo II de la Constitución de los Estados Unidos —que define a los jefes del poder ejecutivo como funcionarios que deben rendir cuentas al presidente—, Blanche señaló que todo fiscal general es leal a su comandante en jefe.
El presidente "velará por que las leyes se cumplan fielmente", reza el Artículo II. Trump no puede ejecutar personalmente cada ley, pero tiene autoridad sobre quienes lo hacen en su nombre.
"Trabajo cada día para el pueblo estadounidense", afirmó Blanche, "y este es el mayor privilegio que tendré en toda mi vida".
El presidente Donald Trump (centro), junto a la entonces fiscal general Pam Bondi (derecha) y el entonces fiscal general adjunto Todd Blanche (izquierda), durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca el 27 de junio de 2025. (Madalina Kilroy/The Epoch Times).
