El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) advirtió al condado de Los Ángeles el 16 de octubre que los funcionarios podrían enfrentar acciones penales por ser cómplices de un delito federal si cuentan los votos enviados por presuntos no ciudadanos.
En una carta dirigida a la oficina del Asesor Jurídico del condado de Los Ángeles, el subprocurador general interino de EE. UU., Trent McCotter, señaló que los funcionarios podrían correr el riesgo de "convertirse en cómplices de un delito federal" si, a sabiendas, cuentan los votos de personas que las agencias federales identificaron como no ciudadanos.
"Las consecuencias legales tanto por facilitar como por ignorar un delito federal son significativas. El voto de personas que no son ciudadanos en una elección federal constituye un delito federal, y facilitar a sabiendas dicha conducta es igualmente ilegal", escribió McCotter.
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La carta también se envió con copia a la secretaria de Estado de California, Shirley Weber, y al registrador-secretario del condado de Los Ángeles, Dean Logan.
McCotter señaló que el Departamento de Justicia (DOJ) no esperaba que los funcionarios del condado determinaran el estatus migratorio de nadie, pero solicitó al condado que apartara temporalmente las boletas electorales cuando existieran dudas fundadas sobre la elegibilidad de los votantes.
"El departamento no ha solicitado una purga, la cancelación de registros ni ninguna medida programática. Solo solicitamos la separación temporal de las boletas electorales en espera de la verificación de la ciudadanía", agregó.
El presidente Donald Trump compartió la carta en Truth Social con un comentario que dice: "¡¡¡Todos irán a la cárcel por un largo tiempo!!!"
En respuesta a la carta, Logan dijo que su oficina se enfoca en llevar a cabo unas elecciones justas y seguras, al tiempo que señaló que faltan 18 días para el día de las elecciones.
"El Departamento de Justicia de EE. UU. ha optado por llevar a juicio sus afirmaciones no verificadas sobre la elegibilidad para votar. En este momento, lo mejor es que esto se resuelva en las cortes", afirmó en un comunicado.
The Epoch Times se puso en contacto con la oficina del Asesor Jurídico del condado de Los Ángeles para obtener comentarios, pero no ha recibido respuesta al momento de la publicación.
La carta se produjo tras una demanda presentada por el Departamento de Justicia contra California el 15 de octubre con el objetivo de bloquear el recuento de las boletas por correo de personas sospechosas, según el gobierno federal, de no ser ciudadanos. El departamento alegó que más de 20,000 personas identificadas como presuntos no ciudadanos estaban registradas para votar en el estado.
El primer fiscal federal adjunto de Los Ángeles, Bill Essayli, dijo el 15 de octubre que el Departamento de Justicia le dio al estado 48 horas para revisar los nombres de los presuntos no ciudadanos registrados para votar a quienes se les enviaron boletas por correo y determinar si había ciudadanos en la lista.
El gobierno federal solicitó que, si California no podía confirmar de manera independiente la ciudadanía de los votantes inscritos, el estado apartara las boletas recibidas hasta que se pudiera confirmar dicha ciudadanía.
Esayli señaló que California se ha negado a cumplir con esta solicitud.
El condado de Los Ángeles declaró el 16 de octubre que no podía cumplir con la exigencia del Departamento de Justicia porque este no había proporcionado pruebas, fuentes ni metodología para establecer que las personas identificadas en sus registros no fueran elegibles para votar.
"No podemos retener ni negarnos a contar boletas basándonos únicamente en acusaciones no verificadas, ni podemos ignorar los requisitos legales que rigen nuestra elección —y ciertamente no tenemos autoridad para actuar sobre registros que están fuera de nuestra jurisdicción", declaró el condado en un comunicado del 15 de octubre publicado en X.
McCotter señaló en su carta del 16 de octubre que el departamento identificó a presuntos no ciudadanos utilizando registros internos de inmigración, cotejo de datos y procedimientos de verificación supervisados.
Con información de Jill McLaughlin y The Associated Press.
