Cuatro residentes de Filadelfia fueron acusados de votar ilegalmente en las elecciones de 2024 a pesar de no ser ciudadanos, según el Departamento de Justicia.
"Los acusados, a pesar de saber que no eran ciudadanos de Estados Unidos, votaron a sabiendas en una elección realizada, en parte, con el propósito de elegir a un candidato para los cargos de presidente, vicepresidente y elector presidencial", señaló el Departamento de Justicia en un comunicado del 5 de octubre. Solo los ciudadanos estadounidenses pueden votar en Pensilvania, según las leyes tanto federales como estatales.
Jamil Ahmad, de 50 años, uno de los acusados, es ciudadano pakistaní y era residente permanente legal de Estados Unidos al momento de votar, señaló el Departamento de Justicia. La segunda persona, Nighat Jamil, de 47 años, también es ciudadana pakistaní, mientras que la tercera, Paulo Silva, de 54 años, es ciudadano de Portugal; ambos son residentes permanentes legales de Estados Unidos.
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El cuarto acusado, Hacina Saadi, de 48 años, es ciudadano francés e inmigrante ilegal.
De acuerdo con el Título 18 del Código de Estados Unidos, Sección 611, por lo general es ilegal que un inmigrante vote en una elección realizada para seleccionar a un candidato para el cargo de presidente, vicepresidente, elector presidencial, miembro del Senado o de la Cámara de Representantes, delegado del Distrito de Columbia o comisionado residente.
Según la ley de Pensilvania, solo una persona que haya sido ciudadana de EE. UU. durante al menos un mes puede votar en el estado.
En caso de ser declarados culpables, los acusados enfrentan hasta un año de prisión, multas o ambas, informó el departamento.
The Epoch Times no pudo contactar a los representantes legales de los acusados.
En otro caso, un residente permanente legal de origen cubano fue detenido esta semana y acusado de dos cargos por votar ilegalmente en las elecciones federales de noviembre de 2022 y noviembre de 2024, según el Departamento de Justicia (DOJ).
A esta persona se le otorgó la residencia permanente legal en 2009. Sin embargo, antes de recibir la residencia, presuntamente se registró para votar en 2004 en Missouri. En los últimos 20 años, el ciudadano cubano supuestamente votó en al menos 15 elecciones, de las cuales al menos 13 fueron elecciones federales.
"Cuando una persona que no está legalmente autorizada a votar emite su voto, se socava la confianza del público en nuestras elecciones", afirmó R. Matthew Price, fiscal federal del Distrito Oeste de Missouri, en el comunicado.
Recurso legal en relación con la Sección 611
La administración de Trump enfrenta recursos legales al tomar medidas contra los no ciudadanos que emiten votos ilegalmente en las elecciones.El 1 de octubre, el juez federal de distrito David Leibowitz, de Florida, desestimó un caso contra una mujer jamaicana que votó en una elección federal a pesar de no ser ciudadana.
En su fallo, el juez señaló que la Sección 611 del Título 18 del Código de Estados Unidos, que se refiere al voto de los inmigrantes, "es una ley sobre los requisitos para votar, y la Constitución no autoriza al Congreso a legislar sobre los requisitos para votar en elecciones federales".
"Salvo por disposiciones constitucionales muy específicas… el Congreso no tiene la facultad de determinar quién puede votar o quién no puede votar en las elecciones federales; esa facultad fundamental está reservada a los estados y limita al Congreso", escribió Leibowitz.
El juez dictaminó que la Sección 611 era inconstitucional tal como se aplicó a la ciudadana jamaicana y que la acusada "no puede ser procesada por una supuesta violación de una ley inconstitucional".
Los abogados del Gobierno argumentaron en un escrito que, si bien los gobiernos estatales tienen la autoridad principal para administrar las elecciones en sus propias jurisdicciones, "la Corte Suprema reconoció que la Constitución establece que el gobierno federal mantiene la autoridad sobre las elecciones, incluida la protección de la seguridad y la integridad de las elecciones al Congreso".
Los abogados señalaron específicamente una decisión de 1932 en la que la Corte Suprema sostuvo que la Constitución de Estados Unidos otorgaba al Congreso la autoridad para complementar las regulaciones estatales en materia de elecciones.
En otro caso, la Corte Suprema observó que, al otorgar al Congreso la autoridad para prevalecer sobre los estados, los redactores de la Constitución buscaron "evitar que los estados pudieran abusar de su poder sobre las elecciones al Congreso", según el escrito.
Tras la decisión de la corte de distrito, Estados Unidos presentó una apelación en el caso ante la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito.
El tema del voto de los no ciudadanos fue destacado por la Oficina del Censo en un informe del 18 de agosto, el cual sugirió que miles de no ciudadanos podrían haber votado en las elecciones generales de noviembre de 2020.
De los casi 160 millones de personas que votaron en las elecciones, la oficina "determinó con un alto grado de certeza" que más de 128 millones de registros de votantes pertenecían a ciudadanos estadounidenses y que más de 24,000 registros de votantes correspondían a personas que no son ciudadanos, según el informe.
Con información de Zachary Stieber.
