El caso de una presunta espía china en California ilustra cómo las finanzas clandestinas pueden unir al espionaje y al crimen organizado en un mismo círculo de personas y empresas.
Wanying "Heather" Zhang ha atraído la atención de los medios internacionales por las acusaciones de que espió para el Partido Comunista Chino (PCCh). Los expedientes judiciales también vinculan a personas de su círculo con un mercado negro de cambio de divisas, un almacén de un cártel identificado por la Administración para el Control de Drogas (DEA) y un presunto ejecutor de un imperio camboyano dedicado a las estafas.
Agentes del FBI arrestaron a Zhang, de 34 años, en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles el 4 de octubre de 2026. El 9 de octubre, un gran jurado federal formuló cargos contra Zhang por conspiración y por actuar como agente no registrado de la República Popular de China, el nombre oficial de China bajo el Partido Comunista Chino (PCCh).
Según la denuncia penal, funcionarios chinos le encomendaron vigilar la residencia en el área de Seattle de Ting-Yu Lai, hijo del presidente de Taiwán, Lai Ching-te. Supuestamente, visitó la residencia acompañada de otra persona y envió a un funcionario chino fotografías, videos y los números de matrícula de los vehículos de la familia.

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Un excompañero de la Universidad de Relaciones Internacionales de Beijing, que el FBI describe como estrechamente vinculada al Ministerio de Seguridad del Estado de China, le había presentado a uno de los funcionarios.
En su segunda audiencia judicial, un fiscal federal dijo que Zhang operaba un “servicio de cambio de divisas sin licencia”, con el que obtuvo alrededor de 190 000 dólares a través de transferencias no autorizadas de China a Estados Unidos. Las ganancias se depositaron en su cuenta bancaria en China. A Zhang no se le ha acusado de operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia, y el gobierno no ha alegado que su servicio de cambio manejara dinero de los cárteles.
Las redes clandestinas de transferencia prestan servicio a ciudadanos chinos adinerados que buscan trasladar sus ahorros al extranjero y a los cárteles mexicanos que buscan deshacerse de sus ganancias en dólares. Por lo general, China limita a los particulares a comprar el equivalente a 50 000 dólares en moneda extranjera al año, mientras que México restringe los depósitos en efectivo de dólares estadounidenses en sus bancos. La FinCEN denomina a esto una "relación mutualista": los cárteles venden sus dólares ilícitos a redes chinas, las cuales los revenden a clientes que buscan eludir los controles de Beijing.
Según el Departamento de Justicia, un cliente deposita moneda china en una cuenta designada en China y recibe una cantidad equivalente en dólares estadounidenses en Estados Unidos, sin necesidad de una transferencia bancaria internacional directa.
Los intermediarios se benefician al poner en contacto a clientes chinos que buscan dólares con cárteles que buscan deshacerse de ellos, incorporando así ahorros legítimos y ganancias del narcotráfico al mismo sistema de intercambio. Según un informe de la GAO, gran parte de los ingresos de estas redes proviene de la venta de dólares ilícitos a clientes chinos, lo que les permite cobrar a los cárteles comisiones más bajas que otros lavadores de dinero. Los cárteles también los prefieren por su rapidez y su disposición a absorber pérdidas financieras. Las restricciones de Pekín ayudan a mantener la demanda que hace que esas condiciones sean rentables.
El presunto compañero de vigilancia de Zhang, Fatai Miao, a quien las autoridades federales describieron como su pareja sentimental, dirige una empresa registrada en una casa de Irvine. Una denuncia de la DEA de 2023 identifica esa propiedad como un escondite para una red de lavado de dinero vinculada al cártel de Sinaloa. Miao no fue mencionado en ese caso y no se le ha imputado ningún delito.
Según la evaluación de amenazas de 2025 de la DEA, los cárteles mexicanos fabrican fentanilo utilizando precursores químicos y prensas para pastillas suministradas por empresas de China. El Departamento de Justicia dice que la moneda china depositada a través de redes clandestinas de lavado de dinero puede utilizarse para pagar mercancías, incluidos los precursores del fentanilo. Estos intercambios, por lo tanto, ayudan a los cárteles a recaudar sus ganancias por el tráfico de drogas y a pagar a los proveedores, lo que sustenta la producción continua.
El informe de la DEA cita cifras provisionales de los CDC que indican que los opioides sintéticos, principalmente el fentanilo, estuvieron involucrados en 74 702 muertes de un total estimado de 107,543 muertes por sobredosis de drogas en Estados Unidos en 2023.
El socio comercial de Miao, Cheng Zhang, administra conjuntamente Big Bow LLC, una empresa de California, con M Capital Global California LLC, una firma que, según informa CBS, está controlada por Chen Sokly. El Proyecto de Reportajes sobre Crimen Organizado y Corrupción (OCCRP) identificó a Sokly como "Cómplice-2" en la acusación formal de octubre de 2025 que acusa al presidente de Prince Group, Chen Zhi, de dirigir complejos de estafa de trabajo forzado en Camboya.
La acusación alega que el “cómplice 2” utilizó medios “corruptos y violentos” para mantener el dominio del grupo. Según The Straits Times, la acusación describe cómo un funcionario en China se ofreció a proteger a los asociados del grupo de ser sancionados. También describe cómo un funcionario de las fuerzas de seguridad chinas dio instrucciones a la policía camboyana en nombre de la organización. El Grupo Prince niega las acusaciones de Estados Unidos.
Estas acusaciones se refieren a funcionarios que ayudan a una organización criminal a eludir sanciones y a utilizar a la policía en contra de otras empresas. Dicha protección puede permitir que una organización siga operando incluso cuando las autoridades de otros lugares persiguen a sus miembros.
Las autoridades estadounidenses han perseguido a las empresas y los servicios financieros involucrados. El 14 de octubre de 2025, el Departamento del Tesoro designó al Prince Group como organización criminal transnacional y sancionó a 146 entidades dentro de ella. El 13 de octubre de 2026, la FinCEN impuso una multa de 1,2 mil millones de dólares al Bank of America por no haber abordado ni reportado riesgos, incluyendo redes chinas de lavado de dinero y financiamiento ilícito a lo largo de la frontera suroeste.
Rastrear esas relaciones financieras podría ayudar a los investigadores a determinar si el PCCh las utilizó para apoyar el presunto espionaje de Zhang, y si los funcionarios chinos protegieron o se beneficiaron de las redes de lavado de dinero del cártel conectadas con personas de su círculo.
Las opiniones expresadas en este artículo son del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de The Epoch Times.















