Opinión
Apenas cinco minutos después del día de las elecciones, los demócratas volvieron a hablar de juicio político. Esta vez, quieren empezar con el secretario de Guerra, Pete Hegseth, antes de apuntar al presidente Trump.
¿Por qué el juicio político?
Cabría pensar que los demócratas se centrarían en la "accesibilidad económica", el tema que les dio la victoria electoral. Sin embargo, en realidad, no pueden hacerlo.
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Salvo en el caso de productos básicos sensibles a circunstancias particulares, la "falta de accesibilidad económica" no es más que un nuevo nombre para la inflación general. Y esta inflación se debe principalmente al gasto público excesivo y a los consiguientes déficits elevados y la gran deuda pública.
Sin embargo, los demócratas no pueden atacar el gasto excesivo y la deuda sin perjudicar sus propios centros de poder: la burocracia federal, los contratistas del gobierno, los sindicatos del sector público, las universidades y los que reciben subvenciones y préstamos federales.
Así que, en lugar de eso, hablan de un juicio político.
Sin duda, algunos republicanos han utilizado la misma táctica. Antes les preocupaban los déficits y la inflación resultante, pero desde la primera elección del presidente Trump, han dejado de lado esos temas. En 2023, muchos de ellos comenzaron a hablar de destituir al presidente Joe Biden.
En respuesta, escribí una columna para el Epoch Times advirtiendo contra el uso irresponsable de un juicio político. Expliqué que la Constitución no permite el juicio político por incompetencia o malas políticas. Para destituir a un funcionario se necesitan pruebas concretas de que ha cometido uno o más delitos graves.
Algunos antecedentes
Por supuesto, el juicio político por sí solo no destituye a una persona de su cargo. Es la acusación formal de la Cámara de Representantes, similar a un procesamiento penal. Si la mayoría de la Cámara acusa a un funcionario, el Senado lo juzga. El funcionario queda absuelto a menos que dos tercios de los senadores voten a favor de su condena. (El presidente Trump, como recordarán, fue sometido a juicio político y absuelto dos veces).La principal disposición constitucional sobre juicio político y destitución se encuentra en el Artículo II, Sección 4. Al igual que muchos otros términos del documento, fue fruto de un compromiso.
En la Convención Constitucional, algunos delegados favorecieron el sistema británico, que permitiría destituir por cualquier motivo, siempre que se alcanzaran las mayorías de votación requeridas.
Otros delegados se opusieron a cualquier cláusula de destitución, al menos para el Presidente. Otros, en cambio, estaban a favor de incluir dicha disposición, pero querían limitarla severamente, quizá solo a la traición.
El compromiso resultante permite el juicio político y la destitución. Sin embargo, solo enumera cuatro motivos para ello, y la incompetencia y los desacuerdos políticos no figuran en la lista.
Específicamente, el Artículo II, Sección 4 exige que los funcionarios hayan cometido "Traición, Soborno u otros Delitos Graves y Faltas". Según los registros históricos, sabemos que el adjetivo "graves" modifica tanto a "faltas" como a "delitos". Por lo tanto, para que una persona sea destituida de su cargo, debe ser culpable de:
- traición, el más grave de delitos, tradicionalmente castigado con el descuartizamiento ; o
- otro delito grave ("delito de alta gravedad"): una categoría de delito tradicionalmente castigado con la horca o la decapitación; o
- soborno, un delito grave que no se castigaba con la pena de muerte; o
- otra "Delito menor grave".
"Delito menor grave"
Durante muchos años, juristas y académicos debatieron sobre el significado del término "delito menor grave". Por ejemplo, en 2019, durante las audiencias del primer juicio político contra el presidente Trump, cuatro peritos testificaron ante el Congreso, y cada uno discrepó con los demás sobre el significado de "delitos menores graves".
Anteriormente publiqué un artículo en el que sugería que "delito grave" significaba incumplimiento del deber fiduciario. Sin embargo, investigaciones posteriores indicaron que mi hipótesis probablemente era errónea. Al igual que otros académicos, me había dejado engañar por la forma particular en que el Parlamento británico había utilizado el término "delito grave", un uso que no está incorporado a la Constitución.
Lo que encontré
En el derecho angloamericano del siglo XVIII, cada uno de los motivos de destitución contemplados en la Constitución tenía un significado específico.Estrictamente hablando, un "delito menor" era cualquier crimen, mientras que "delito menor grave" y sus sinónimos ("encarcelamiento injusto", "delito menor grave") denotaban cualquier crimen serio. Así pues, técnicamente, las categorías constitucionales de traición, soborno y delito grave también se consideraban delitos menores graves.
Sin embargo, el término "delito grave" también tenía un significado más común. Como se usaba habitualmente, "delito grave" se refería a un crimen serio que merecía pena de cárcel, multas u otro castigo, pero no la pena de muerte. Ejemplos de delitos graves eran el intento de asesinato, la recepción de bienes robados, la agresión y el soborno.
Este fue el significado que el secretario de Asuntos Exteriores, John Jay, le dio en una carta de 1787 al Congreso de la Confederación, en los estatutos aprobados por el Primer Congreso Federal. También fue el significado que se incluyó en la Constitución.
Así, la frase constitucional "Traición, soborno u otros delitos graves y faltas" está estructurada de esta manera:
- Enumera un delito grave ("Traición"). -A continuación, enumera un delito menor grave ("Soborno"). -Finalmente, agrega una frase comodín ("otros delitos graves y faltas graves") para cada una de las dos categorías anteriores.
Por lo tanto, el juicio político requiere la prueba de un delito capital o de un delito que merezca un castigo severo, como una larga pena de prisión.
Como enfatizó Edmund Randolph de Virginia, uno de nuestros principales Padres Fundadores, los desacuerdos políticos no son suficientes. Las malas políticas no son suficientes. Ni siquiera la negligencia, la incompetencia o la incapacidad son suficientes.
Conclusión
Un componente clave de nuestra Constitución es un poder ejecutivo independiente del legislativo, en lugar de subordinado a él, como en Gran Bretaña. El compromiso de los Padres Fundadores sobre el juicio político contribuyó a garantizar esta independencia, al tiempo que preveía la destitución de quienes fueran culpables de conductas verdaderamente delictivas.Los demócratas que controlan el nuevo Congreso deberían centrarse en resolver los problemas de fondo de Estados Unidos en lugar de destituir a funcionarios que no les caen bien.
Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no reflejan necesariamente las de The Epoch Times.
