Una Corte de Texas ordenó el 30 de abril a un hospital de la costa este que cumpliera una citación del Departamento de Justicia (DOJ) en la que se investigaba el uso indebido de medicamentos recetados y facturación fraudulenta en relación con menores diagnosticados con disforia de género.
El juez federal de distrito Reed O’Connor tardó menos de un día en conceder la solicitud del DOJ de hacer cumplir la citación.
"La corte considera que la citación se emitió dentro de la autoridad legal del Departamento de Justicia, que la citación solicita documentos razonablemente relevantes para la investigación y que las exigencias de la citación son razonables", dijo O’Connor en su breve auto.
Añadió que el Rhode Island Hospital no había cumplido con la citación, a pesar de que se había emitido en julio de 2025, y no había solicitado a una corte que la anulara.
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La petición del Departamento de Justicia, presentada el 30 de abril, no formulaba ninguna alegación específica, y solo solicitaba que el hospital presentara la información requerida.
La petición del Departamento de Justicia indicaba que uno de los principales focos de su investigación —que se está llevando a cabo en el Distrito Norte de Texas— es la supuesta violación continuada de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos.
Dicha ley data de 1938 y otorga a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) el control sobre los alimentos y los medicamentos.
En su escrito judicial, el departamento señaló que algunos proveedores de atención sanitaria están utilizando medicamentos como bloqueadores de la pubertad u hormonas del sexo opuesto, a pesar de que ese no es su uso previsto.
"Aunque estos medicamentos están aprobados por la FDA para algunos usos, la agencia no ha determinado que ninguno de ellos sea seguro o eficaz para el tratamiento de la disforia de género, ni los ha aprobado para el tratamiento de la disforia de género o cualquier otro trastorno psiquiátrico".
Esta distribución de medicamentos para fines distintos de su uso autorizado se denomina "etiquetado engañoso", y el Departamento de Justicia está recabando información sobre "quién tenía autoridad para dirigir las prácticas de prescripción, facturación o comercialización" cuando se administraron los medicamentos a pacientes para tratar la disforia de género.
La citación del Departamento de Justicia se produce en el marco de una campaña más amplia de la administración del presidente Donald Trump para limitar las intervenciones médicas basadas en el género en menores.
El pasado diciembre, el secretario de Salud, Robert Kennedy Jr., firmó una declaración en la que afirmaba que el gobierno federal ya no respaldaría los procedimientos de "rechazo de género" como tratamiento para menores que sufren disforia de género.
Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid también propusieron dos nuevas normas: una prohíbe a los hospitales que participan en los programas de Medicare o Medicaid realizar tales intervenciones médicas, y la otra prohíbe que se utilicen fondos federales para financiarlas.
La Comisión Federal de Comercio también ha estado llevando a cabo sus propias investigaciones para averiguar si estos procedimientos se están comercializando entre padres y menores como una cura para la disforia de género.
