Las autoridades de inmigración arrestaron a 4170 inmigrantes indocumentados en todo Texas durante una operación de 10 días este mes.
Según un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) del 29 de octubre, entre los detenidos figuran inmigrantes ilegales presuntamente vinculados a agresiones sexuales, asesinatos y actividades de tráfico de inmigrantes.
Uno de los detenidos es un inmigrante ilegal procedente de México que ya había sido arrestado por presunto asesinato y que había sido deportado dos veces de Estados Unidos.
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Otro inmigrante mexicano indocumentado tiene antecedentes penales por agresión sexual y reingreso ilegal a Estados Unidos. Un inmigrante indocumentado de Honduras es buscado en su país por el presunto asesinato de una persona.
El Operativo Estrella Solitaria, llevado a cabo entre el 19 y el 29 de octubre, fue un esfuerzo coordinado de aplicación de la ley en todo Texas, liderado por cinco oficinas regionales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, dijo que la operación demuestra la importancia de la colaboración entre los estados y los gobiernos locales para proteger a las comunidades estadounidenses.
"Gracias a las fuerzas del orden de Texas y a nuestros socios federales, durante el transcurso de esta operación, arrestamos a asesinos, agresores sexuales, conductores ebrios y traficantes de personas", dijo.
Una operación anterior de tres días llevada a cabo en septiembre en el sureste de Massachusetts condujo al arresto de 82 inmigrantes indocumentados, según informaron las autoridades en un comunicado del 19 de octubre.
Muchos de estos individuos tenían antecedentes penales, incluyendo agresión sexual, posesión de material de abuso sexual infantil, agresión a un menor de 14 años y extorsión mediante amenazas.
Según la agencia, varios de los detenidos previamente habían sido liberados de prisión por jurisdicciones que se negaban a acatar las órdenes de detención.
En julio, la administración Trump sufrió un revés en su campaña contra los inmigrantes indocumentados, cuando la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito dictaminó que tres de estas personas, que han vivido en el país durante más de una década, no pueden permanecer detenidas por más de 90 días en un centro de detención de inmigrantes sin una audiencia para fijar la fianza.
Un dirigible de vigilancia Aerostat, anclado al suelo y perteneciente al Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, espera su vuelo cerca de Marfa, Texas, el 8 de abril de 2026. (John Moore/Getty Images).La mayoría de la corte consideró que la cláusula del debido proceso de la Quinta Enmienda protege a los inmigrantes indocumentados que han residido en Estados Unidos durante mucho tiempo.
Sostuvo que la detención prolongada de las tres personas sin una audiencia para determinar si representan un riesgo para la seguridad o de fuga violaba la Constitución.
El 23 de octubre, la misma corte de apelaciones falló a favor de la administración Trump. La sentencia de julio fue emitida por un panel de tres jueces. La sentencia de octubre provino del pleno del Quinto Circuito, que anuló la decisión de julio tras examinar el caso.
"El control de la inmigración ilegal es, sin duda, un tema importante y controvertido de política pública. Pero la Constitución confiere al Congreso, no a las cortes, una amplia autoridad para definir la política migratoria y diseñar los procedimientos para implementarla", dijo la mayoría de la corte.
2.2 millones de inmigrantes indocumentados
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) ha llevado a cabo acciones coercitivas para rescindir o revocar el estatus de aproximadamente 2.2 millones de inmigrantes ilegales en el país durante la segunda administración de Trump, según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en un comunicado del 29 de octubre.
Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), las medidas coercitivas adoptadas incluyen poner fin al uso indebido del estatus de protección temporal por parte de los inmigrantes, la cancelación de ciertos programas de libertad condicional, dejar de prorrogar automáticamente los documentos de autorización de empleo y denegar solicitudes para cambiar o extender el estatus de no inmigrante cuando no existe una base legal para ello.
El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, testifica en Washington el 3 de junio de 2026. (Madalina Kilroy/The Epoch Times).El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) añadió que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) también está reforzando los procesos de selección y verificación de inmigrantes y combatiendo el abuso de los beneficios migratorios.
"Quienes abusen o ignoren flagrantemente nuestro sistema de inmigración quedan advertidos de que estas violaciones de la ley no serán toleradas ni pasadas por alto", dijo Mullin.
"Garantizar la seguridad de nuestra frontera fue solo el comienzo. Estamos restableciendo la integridad de todo el sistema de inmigración y priorizando la seguridad de nuestros ciudadanos estadounidenses".
