El Departamento de Justicia (DOJ) informó que tomó medidas contra dos personas acusadas de fraude relacionado con COVID-19 en casos distintos, entre ellas un funcionario público de Boston que aceptó declararse culpable, según anuncios realizados el miércoles y el jueves.
En el anuncio del jueves, funcionarios del DOJ indicaron en un comunicado de prensa que imputaron a un funcionario de Boston por fraude relacionado con COVID-19 —presuntamente por obtener de manera ilegal fondos públicos que se suponía estaban destinados a iniciativas relacionadas con la pandemia—.
Reuben Taylor, director de los Servicios Municipales de Protección de Boston, aceptó declararse culpable de un cargo de fraude electrónico, informó el DOJ.
Según el Departamento de Justicia (DOJ), que cita una acusación formal, Taylor presuntamente presentó una solicitud para un préstamo de 20,844 dólares del Programa de Protección de Nóminas (PPP), en la que afirmó haber trabajado como mecánico de autos en 2019.
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Además, presuntamente falsificó dos formularios federales, incluido el Formulario 1040, y afirmó que no había recibido ningún salario en 2019, sino que había percibido 99,863 dólares como contratista independiente mientras trabajaba como mecánico de automóviles, según indicó el Departamento de Justicia en un comunicado de prensa.
Sin embargo, el departamento señaló que, en realidad, Taylor había presentado un Formulario 1040 en el que declaraba haber ganado 97,561 dólares en salarios como oficial de la policía municipal de Boston y también había adjuntado su Formulario W-2 de la ciudad.
Además, en agosto de 2021, las autoridades federales alegaron que él presentó una solicitud para obtener la condonación de un préstamo destinado al pago de salarios en el supuesto negocio de mecánica. En respuesta a ello, la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) condonó el préstamo en septiembre de ese año, según el Departamento de Justicia (DOJ).
El DOJ señaló que el cargo de fraude electrónico conlleva una pena de hasta 20 años de prisión, una multa de 250 000 dólares y tres años de libertad supervisada.
Un día antes, el departamento anunció la condena del vicepresidente de un laboratorio de Florida, Joseph Rodríguez, quien también era propietario de otra empresa de mercadotecnia implicada en un fraude relacionado con COVID-19.
Rodríguez fue condenado por un jurado federal por aprovecharse de pacientes que buscaban pruebas de COVID-19 durante la pandemia, pero a quienes se les realizaron más análisis de sangre de los que deseaban o necesitaban, facturando a Medicare más de 15 millones de dólares, según informaron las autoridades.
Rodríguez, un residente de Coral Springs de 58 años, fue acusado de explotar a pacientes de la tercera edad en clubes de campo del área de West Palm Beach que "estaban desesperados por obtener pruebas nasales de COVID-19 y pruebas de anticuerpos en sangre", declaró el Departamento de Justicia.
En lugar de inscribirse únicamente para someterse a un hisopo nasal y a las pruebas de anticuerpos en los centros de pruebas de servicio desde el auto organizados por Rodríguez y su empresa, también fueron "sometidos a decenas o incluso cientos de análisis de sangre innecesarios que no deseaban ni necesitaban, y que ningún médico había ordenado como es requerido", señaló un comunicado de prensa.
Los exámenes incluían análisis de metales pesados —como mercurio, arsénico y cadmio—, así como pruebas hormonales. Según el Departamento de Justicia (DOJ), estos servicios se facturaron a Medicare como si hubieran sido considerados médicamente necesarios por un médico.
Casi 2000 pacientes recibieron tratamiento en nueve clubes de campo distintos durante un período de cuatro meses, señaló el Departamento de Justicia.
En abril, el Departamento de Justicia creó un grupo de trabajo contra el fraude, denominado División Nacional de Lucha contra el Fraude, que ha presentado cargos contra docenas de personas desde su creación.
