La Fiscalía ha añadido un nuevo cargo de tortura contra el exlíder venezolano Nicolás Maduro y su esposa.
Maduro y Cilia Flores fueron acusados en una acusación formal modificada, hecha pública el 8 de octubre, de torturar a opositores políticos y a ciudadanos estadounidenses.
Según la acusación, Maduro y Flores "crearon y mantuvieron un sistema violento de represión". Entre 1999 y 2025, miles de venezolanos fueron acosados, amenazados, detenidos, procesados, agredidos, torturados o asesinados por Maduro y otros funcionarios del régimen.
Tras asumir la presidencia en 2013, Maduro ordenó la detención de un oficial del ejército venezolano al que acusó de planear un golpe de Estado, según la fiscalía.

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Agentes de contrainteligencia militar detuvieron a la persona, identificada en el escrito de acusación únicamente como "Víctima 2", y la interrogaron y sometieron a un interrogatorio durante aproximadamente dos días. Los agentes le aplicaron descargas eléctricas con un cable con corriente unas 20 veces.
Según la fiscalía, los agentes golpearon a la persona en las piernas, la espalda y la cabeza con los puños, un cinturón y lo que parecía ser un tubo. La obligaron a tumbarse sobre un colchón que solo contenía muelles metálicos y la colgaron de las manos y los pies durante varios minutos seguidos, lo que le provocó la pérdida de conciencia.
Según el auto de acusación, los agentes de contrainteligencia militar amenazaron con matar a esa persona. Finalmente, se le perdonó la vida, aunque se le obligó a grabar una confesión falsa en la que afirmaba que estaba planeando un golpe de Estado contra Maduro. La persona fue puesta en libertad cerca de la frontera entre Colombia y Venezuela.
La persona fue trasladada a un campamento en Colombia, cerca de la frontera con Venezuela, donde, según la fiscalía, permaneció recluida en "condiciones inhumanas".
Nueve años después, Venezuela detuvo a un ciudadano estadounidense cuando entraba en el país y lo acusó de conspirar para asesinar a Maduro. Según la fiscalía, la persona fue torturada por agentes de la contrainteligencia militar.
La tortura incluyó descargas eléctricas en los brazos, las piernas y los genitales; asfixia; palizas; privación de comida y agua; e inyecciones forzadas de una sustancia que le provocaba convulsiones, según el escrito de acusación. La fiscalía solo identificó a la persona como “Víctima 7”.
Tras pasar unos ocho meses y medio entre rejas, la persona fue puesta en libertad y regresó a Estados Unidos, según la acusación.
En agosto de 2023, un ciudadano estadounidense, identificado en la acusación únicamente como "Víctima 8", fue detenido por agentes de la contrainteligencia militar mientras viajaba a Venezuela. Los agentes atacaron a la persona por la espalda, causándole graves lesiones en la espalda. La persona fue hospitalizada antes de ser trasladada a una prisión.
De camino a la cárcel, los agentes le metieron una pistola en la boca y le dijeron que "se despidiera de todos sus conocidos", según la fiscalía. Le aplicaron descargas eléctricas en los testículos y le colocaron un dispositivo de presión en los tobillos, lo que le provocó varios desmayos durante el traslado, según afirmaron.
En la cárcel, la persona fue sometida a palizas y otros malos tratos, según el escrito de acusación. Le dijeron que la única razón por la que seguía vivo era que era ciudadano estadounidense y, por lo tanto, podía formar parte de un intercambio de prisioneros con Estados Unidos.
En enero de 2025, otro ciudadano estadounidense fue detenido por agentes de contrainteligencia militar que se presentaron en su domicilio buscando a otra persona, según la fiscalía. Al parecer, los agentes lo llevaron al sótano de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, lo esposaron por la espalda y le colocaron una capucha en la cabeza. Los agentes le propinaban golpes frecuentes con los puños en la cara, la cabeza y el estómago, según la acusación. El individuo, identificado en la acusación únicamente como "Víctima-9", sufrió una lesión permanente en el ojo a causa de los golpes.
El ciudadano estadounidense fue puesto en libertad un año después y, junto con otros estadounidenses, fue amenazado por un funcionario venezolano no identificado, quien supuestamente les dijo que no debían afirmar que habían sido agredidos por el gobierno venezolano.
Maduro y su esposa fueron detenidos en una operación militar sorpresa llevada a cabo por Estados Unidos en enero y acusados de conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas. Ambos se han declarado inocentes.
Durante su comparecencia inicial en enero, Maduro afirmó que es "un hombre decente" y calificó su detención de "secuestro", lo que le convierte en un "prisionero de guerra".
Flores aún no se ha pronunciado sobre su detención.
The Epoch Times se puso en contacto con los abogados de Maduro y Flores, Barry Pollack y Mark Donnelly, respectivamente, para recabar sus comentarios sobre la nueva acusación.













