El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ, por sus siglas en inglés) acusó a 48 extranjeros por delitos electorales, de los cuales 21 son latinos.
En un comunicado del 26 de octubre, el Departamento informó que los acusados enfrentan cargos con relación a la votación ilegal, el registro de votantes fraudulento y delitos electorales conexos, que son las infracciones secundarias o colaterales que están ligadas al fraude principal.
Entre los acusados se encuentran nueve mexicanos con estatus de residentes permanentes legales en California. Se les imputan distintos delitos relacionados con el registro electoral, el voto ilegal y las declaraciones falsas en documentos de naturalización. Los hechos señalados abarcan un periodo que va de 2003 a 2026.
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Del total, siete de los nueve mexicanos están acusados de haber votado en alguna elección, y tres de ellos presuntamente lo hicieron en dos o más comicios. Además, cinco están acusados de mentir en sus documentos de naturalización.
Entre los acusados se encuentran siete hombres y dos mujeres, todos con edades de entre 35 y 60 años.
También en California se acusó de registrarse para votar a un ciudadano beliceño, una salvadoreña, un hondureño, tres ciudadanos guatemaltecos y una ciudadana ecuatoriana, todos con residencia permanente legal. De este grupo, solo cuatro votaron en alguna elección y seis mintieron en sus documentos de naturalización.
En el distrito de Pensilvania se acusó a dos cubanos, uno con residencia permanente legal y otro indocumentado, por votar ilegalmente en las elecciones generales de 2024.
Y finalmente, en el estado de Florida, a dos cubanos con residencia permanente legal se les acusó de registrarse y votar en al menos dos elecciones. También se imputó a una ciudadana ecuatoriana con residencia permanente legal por registrarse y votar en al menos tres elecciones, y a un ciudadano brasileño, también residente permanente legal, por registrarse y votar en al menos una elección.
En Estados Unidos, el derecho al voto es un privilegio exclusivo y estricto que la ley federal reserva únicamente para los ciudadanos estadounidenses.
Aunque millones de personas de diversas nacionalidades viven, trabajan y pagan impuestos en el país —incluyendo a quienes cuentan con una residencia legal permanente—, participar en las elecciones federales sin contar con la ciudadanía constituye una violación directa de los estatutos electorales de la nación.
Cuando un residente permanente legal decide sufragar de manera irregular y posteriormente oculta esta acción mintiendo bajo juramento durante sus trámites de naturalización, se enfrentará a consecuencias penales y migratorias. Las autoridades federales tipifican estas conductas no solo como delitos electorales, sino también como fraude migratorio y perjurio, lo que conlleva cargos por declaraciones falsas que se castigan con multas severas y penas de prisión federal.
Para este grupo de residentes, las repercusiones van mucho más allá de una sanción penal, ya que un paso en falso de esta naturaleza destruye por completo su estabilidad en el país.
Como consecuencia, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) emiten una notificación para iniciar un proceso formal de deportación en la corte de inmigración. Al mismo tiempo, la agencia rechaza por lo general la solicitud de ciudadanía, ya que votar de forma ilegal impide cumplir con el requisito legal de buena conducta moral.
Por su parte, los inmigrantes indocumentados que participan en los comicios enfrentan un panorama legal estricto. Al carecer de un estatus migratorio que los proteja, votar de forma ilegal los coloca de inmediato bajo la jurisdicción de las agencias de control migratorio y de justicia penal, lo que convierte una infracción electoral en un proceso de deportación y en el cierre definitivo de cualquier vía para regularizar su situación en el futuro.
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