El 26 de octubre, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) solicitó al estado de Washington que aparte las papeletas emitidas por más de 400 votantes registrados, quienes, según sospecha el gobierno federal, no son ciudadanos estadounidenses.
En un comunicado, el Departamento de Justicia informó que había entregado al estado una lista de votantes de los que se sospecha que no son ciudadanos o que son titulares de una tarjeta de residencia permanente (green card). A las personas que no son ciudadanas se les prohíbe votar en las elecciones de Estados Unidos, independientemente de su estatus migratorio legal.
"Hemos identificado a más de 400 personas que no son ciudadanas, que están registradas para votar y que han participado en múltiples elecciones. Esto es solo la punta del iceberg", declaró el fiscal federal interino, Neil Floyd.
"Continuaremos investigando e identificando a quienes cometen delitos al votar de manera ilegal".
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En respuesta, el secretario de Estado de Washington, Steve Hobbs, señaló que su oficina revisará minuciosamente la carta del Departamento de Justicia, la cual solicita información sobre las personas que figuran en el padrón electoral del estado.
"Nos tomamos muy en serio nuestra responsabilidad de proteger la información de los votantes y solo responderemos a aquellas solicitudes que sigan el debido proceso", afirmó Hobbs en un comunicado.
"Vimos lo que ocurrió en California y no queremos que los habitantes de Washington sean objeto de hostigamiento".
Según la oficina de Hobbs, los casos de votación por parte de personas no ciudadanas son poco frecuentes; además, en cada elección, los votantes deben certificar su elegibilidad mediante la firma de una declaración en los sobres de devolución de sus boletas electorales. Asimismo, se señaló que el sistema del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) podría identificar erróneamente a ciudadanos estadounidenses legítimos como personas que no poseen la ciudadanía.
"El momento elegido para esta solicitud —una semana antes de las elecciones generales— tiene, sin duda, el propósito de sembrar sospechas infundadas sobre los resultados", afirmó Hobbs.
El Departamento de Justicia informó que, en julio, notificó a Hobbs que estaba examinando registros para determinar si personas que no son ciudadanas estaban inscritas para votar en el estado de Washington. El lunes, el Departamento indicó que proporcionaría al estado una lista de personas sospechosas de estar inscritas ilegalmente, y solicitó que el estado retuviera sus boletas enviadas por correo hasta que se pudiera confirmar su estatus de ciudadanía.
El Departamento señaló que el estado de Washington tiene la responsabilidad de evitar que personas sin ciudadanía voten ilegalmente, y añadió que está dispuesto a colaborar con el estado para abordar esta cuestión.
"Nuestro objetivo al compartir estos datos con el Secretario de Estado es proteger la integridad del voto de cada ciudadano", declaró Pete Serrano, primer fiscal federal adjunto para el Distrito Este de Washington.
A principios de este mes, el Departamento de Justicia demandó a California para impedir el recuento de 20,000 boletas enviadas por correo por personas de las que se sospecha que no son ciudadanas. El 22 de octubre, el Departamento presentó una apelación después de que el juez federal de distrito David Carter no emitiera una resolución sobre su solicitud de medida cautelar de emergencia dentro del plazo establecido.
El 26 de octubre, la corte de Apelaciones del Noveno Circuito rechazó la apelación, argumentando falta de jurisdicción, dado que el tribunal de distrito aún no había dictado una resolución.
El 16 de octubre, el fiscal general adjunto interino de los Estados Unidos, Trent McCotter, envió una carta a la oficina del asesor jurídico del condado de Los Ángeles, advirtiendo que los funcionarios del condado podrían correr el riesgo de "convertirse en cómplices de un delito federal" si contabilizan, a sabiendas, boletas de personas que las agencias federales identifiquen como no ciudadanas. "Las consecuencias legales, tanto por facilitar como por ignorar un delito federal, son significativas. Que personas que no son ciudadanas voten en una elección federal constituye un delito federal; y facilitar deliberadamente tal conducta es igualmente ilícito", escribió McCotter.
En respuesta a la carta, Dean Logan, registrador y secretario del condado de Los Ángeles, señaló que su oficina está centrada en llevar a cabo una elección justa y segura.
