La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que su gobierno presentó tres solicitudes formales de extradición a Estados Unidos por el caso de contrabando millonario de combustibles vía marítima en Tamaulipas por el que hay 15 detenidos, entre ellos miembros de la Marina de México.
"Hay 17 órdenes de aprehensión pendientes de este mismo caso (...) de las cuales tres corresponden a peticiones de extradición formales que ya hizo México a los Estados Unidos", dijo la mandataria durante su conferencia de prensa matutina el 21 de octubre.
Sin embargo, no precisó las identidades de las tres personas cuya extradición solicitó México ni ofreció detalles sobre el estado de esos procedimientos.
La presidenta mexicana se refirió así al decomiso, en marzo de 2025, de un buque con unos ocho millones de litros de hidrocarburo en el puerto de Altamira, en el estado fronterizo de Tamaulipas.

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Este es un caso que, según la Fiscalía General de la República (FGR), permitió confirmar la existencia de una red dedicada al contrabando y distribución ilegal de combustibles por vía marítima valorada en cerca de 7000 millones de dólares.
Sheinbaum precisó que por este caso hay 15 detenidos, de los cuales 11 son integrantes de la Marina mexicana y cuatro son civiles.
La investigación ha alcanzado a altos mandos navales, entre ellos los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, este último contraalmirante, señalados por su presunta participación en una red de delincuencia organizada dedicada al contrabando de hidrocarburos.
Manuel Roberto Farías permanece sujeto a un proceso penal en México, mientras que Fernando Farías fue expulsado de Argentina en agosto pasado y entregado a las autoridades mexicanas para responder por las acusaciones en su contra.
El pasado 2 de octubre, las autoridades detuvieron en Zapopan, en el occidental estado de Jalisco, a Miguel Ángel Solano Ruiz, alias "Sol" o "Mike", capitán de corbeta retirado de la Marina, señalado como uno de los presuntos operadores de la organización.
La trama, conocida en México como "huachicol fiscal", consiste en introducir combustibles al país mediante declaraciones aduaneras falsas para evadir el pago de impuestos y ha involucrado, según las investigaciones, a integrantes de la Marina y funcionarios de aduanas.



















