El Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas (CED) planteó ante una comisión de la Asamblea General el procedimiento abierto por ese organismo ante la crisis de desapariciones en México. La presentación causó el rechazo del gobierno mexicano por la interpretación y aplicación del mecanismo.
El titular del CED, Juan Pablo Albán, presentó oficialmente el caso de México ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU este 20 de octubre.
Según el funcionario, se trata de un procedimiento activado en torno a México en virtud del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
"Cuando empezaron las interacciones del Estado mexicano con el Comité, el órgano concluyó que existen indicios bien fundados de la comisión de desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad y de la persistencia hasta la actualidad de esa práctica", dijo en su presentación.
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Pablo Albán también señaló que la implementación del mecanismo "no constituye una decisión de responsabilidad internacional del Estado mexicano". Dijo que se trata de un mecanismo preventivo que busca la cooperación internacional ante situaciones serias.
Señaló que si el gobierno mexicano acepta esta cooperación se le brindará el apoyo necesario del mecanismo en materia de búsqueda, investigación, esclarecimiento de la verdad, crisis forense, protección de las víctimas y sus familias.
"Las víctimas y sus familias merecen, como mínimo, una discusión seria y de buena fe orientada a resultados concretos, que tenga en cuenta su sufrimiento y sus legítimas demandas de verdad, justicia y reparación", dijo Pablo Albán en un posteo de X, ese mismo día.
Sin embargo, el gobierno de México ha respondido reiterando su rechazo a la interpretación del CED sobre el alcance y la aplicación del artículo 34 de la Convención. A la vez, señala en su respuesta las acciones que realiza en materia de búsqueda de personas desaparecidas. Entre ellas, la colaboración activa con el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
También destaca que su estrategia le ha permitido localizar a más de 16,000 personas durante 2026.
Familias buscadoras celebran apoyo de la ONU y cuestionan al gobierno mexicano
Mary Palacios, hija buscadora de Guadalupe Ruiz, considera que la intervención de la ONU representa una oportunidad importante para visibilizar la crisis de desaparecidos en México."La activación de este mecanismo refleja la preocupación por la magnitud de nuestra problemática y las necesidades de contar con respuestas institucionales, eficaces, investigaciones adecuadas y medidas de prevención", le dijo al medio de noticias Epoch Times Español.
Según Palacios, la cooperación internacional no debería entenderse como una agresión contra la soberanía mexicana, sino como una oportunidad para fortalecer las capacidades del Estado mexicano y garantizar los derechos humanos.
"La prioridad debe ser encontrar a las personas desaparecidas y garantizar verdad, justicia y reparación a sus familias", dijo.
Composición de The Epoch Times. El 9 de febrero de 2026 se observan carteles en homenaje a las víctimas de desapariciones forzadas en Sinaloa, México. (Jesús Verdugo / AFP vía Getty Images); Colectivos de madres buscadoras y de familiares desaparecidos protestan el 11 de junio en dirección al Estadio de la Ciudad de México. (The Epoch Times en Español/ Eduardo Tzompa); Miembros del colectivo "Guerreros Buscadores de Jalisco", visiblemente conmovidos, a la entrada del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, el 18 de febrero de 2026. (AFP vía Getty Images)Palacios comentó que existen muchas ineficiencias en México, pese a que el gobierno ha señalado que cuenta con reformas legales y mecanismos de búsqueda y medidas de coordinación institucional.
Gabriel García Ramos, padre buscador de Gregorio Gabriel García González, considera que el mecanismo del artículo 34 ayudaría a unir a los demás países para colaborar en la localización de personas.
"La verdad es que el gobierno de México nos revictimiza y hace creer también a la sociedad que nuestros familiares están en malos pasos", expresó para este medio de noticias.
García Ramos añadió que son las familias buscadoras las que tienen que hacer el trabajo del Estado porque las autoridades no investigan.
Por su parte, Vanessa Gámez, madre de Ana Amelí García Gámez, señala que es significativo para las familias buscadoras saber que la ONU está activando el artículo 34 para la ayuda internacional en la búsqueda de desaparecidos.
"Vemos que México no puede, que las instituciones mexicanas están rebasadas, pero sobre todo es por un tema de falta de voluntad política", le dijo a nuestro medio.
"Es una situación de verdad triste, dado que desafortunadamente las desapariciones de jóvenes se han incrementado en los últimos cuatro años hasta en un 300% en algunos estados del país, y sí requerimos ayuda internacional", añadió.
Gámez también considera que las autoridades mexicanas no hacen investigación de los casos y que "no hay éxito en ninguna de las investigaciones".
"No lo hacen porque no quieren hacerlo, porque están rebasados y además la policía de investigación y las fiscalías locales con toda su gente de análisis de contexto, no tienen las capacidades, no tienen los equipos necesarios, no tienen la tecnología, pero sobre todo no hay voluntad", dijo.
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