La unidad policial contra delitos ambientales de Bolivia y el ente regulador de la minería realizaron este miércoles una operación contra la actividad minera ilegal en una localidad rural en el departamento de La Paz en la que fueron aprehendidas 18 personas, incluidos 11 asiáticos, presumiblemente chinos.
El operativo se efectuó en la comunidad Lacatía, en el municipio de Sorata, a unos 150 kilómetros de la ciudad de La Paz, con la intervención de agentes de la Fuerza Especial de Lucha contra Delitos Ambientales (Felcda) y funcionarios de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM).
"Pudimos aprehender en primera instancia a 18 personas, 11 extranjeros, de nacionalidad china aparentemente, y 7 nacionales", dijo a los medios el director departamental de la Felcda de La Paz, coronel Marco Antonio Azeñas.
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Los 18 detenidos fueron trasladados a las oficinas de Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) de La Paz, "para que puedan ser puestos a disposición del control jurisdiccional y del Ministerio Público", indicó Azeñas.
El director nacional de la AJAM, Jaime Sanabria, señaló por su parte que la operación se realizó a solicitud de la cooperativa minera Buenavista, "que tiene derechos mineros sobre el área denominada Metalani 2, en la comunidad Lacatía", y cuyos asociados denunciaron "que habían sido invadidos por ciudadanos extranjeros".
La AJAM precisó en un comunicado de prensa que durante el operativo se ingresó primero a un campamento en Lacatía, posteriormente al río Huilachuro y, finalmente, en Metalani 2, donde "en un punto alejado del campamento, se identificó actividad minera en plena ejecución".
"Asimismo, se evidenció una labor minera subterránea con un avance aproximado de 50 metros, además de combustible y una importante cantidad de material explosivo, entre ellos cartuchos de dinamita, cordón detonante y fulminantes, cuya cuantificación y análisis se encuentran en proceso", señaló la entidad.
Sanabria sostuvo que la intervención en Sorata muestra que la minería ilegal "ha dejado de ser un simple problema administrativo y un problema ambiental para convertirse en un problema económico, de seguridad y de gobernanza".
Con base en "datos estadísticos" y las intervenciones realizadas por la AJAM, el funcionario afirmó que se ha "podido establecer que más del 80 % de la actividad minera que se realiza en el país es ilegal" y esto ocurre no solamente en la explotación de oro, sino también "en la minería tradicional" y "a gran escala".
Mencionó que, por ejemplo, en Metalani 2 "había maquinaria muy moderna, había instalaciones, campamento y equipo que fácilmente supera los 5 millones de dólares en inversión".
"La minería ilegal está muy bien organizada, muy bien estructurada y además goza de la protección de la misma sociedad, en muchos casos", advirtió Sanabria e indicó que, por ejemplo, en algunos sitios hay "complicidad, encubrimiento o participación de las mismas comunidades" a cambio de algún "porcentaje" de ganancia.
A su juicio, es necesario "adoptar medidas administrativas" para regularizar las operaciones ilegales en los casos que corresponda.
