El Gobierno de Bolivia difundió este jueves 22 de octubre que no blindará a nadie, tras la difusión de una nueva lista de ciudadanos bolivianos, incluidos funcionarios, jueces y policías, que han sido sancionados con la restricción de visados por Estados Unidos, que los acusa de corrupción o de tener vínculos con el narcotráfico.
"No habrá blindaje para nadie, el cargo no protege, la influencia no protege y el uniforme no protege. Este gobierno no encubre, no protege y no negocia impunidad", informó en una rueda de prensa el vocero presidencial, José Luis Gálvez.
El vocero dijo que la administración pública y la Justicia "no pueden ser refugio del narcotráfico, la corrupción o el crimen organizado".
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Gálvez indicó que "hay una coincidencia en varios casos incluidos en esa lista" que fue difundida por el Departamento de Estado de Estados Unidos, en los que, dijo, hay investigaciones abiertas, algunas desde "hace varios meses atrás".
"Y si bien hay esas coincidencias, es en nuestro país donde se decide soberanamente sobre esas investigaciones y la aplicación de las normas de nuestra justicia (...). No actuamos por imposición externa, actuamos por responsabilidad propia", expresó.
El vocero dijo que todos los mencionados en el listado, que en algún momento fueron funcionarios durante el gobierno del presidente Rodrigo Paz, quien está próximo a cumplir un año de gestión, "han sido cesados de sus cargos, algunos hace semanas atrás, otros hace algunos días".
Señaló que cualquier autoridad o exautoridad incluida en la lista y que esté investigada por la Justicia boliviana "deberá responder a las instancias correspondientes si existen elementos que ameriten procesos judiciales", y que se aplicarán las sanciones que correspondan respetando el Estado de derecho.
El gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este jueves que restringe la concesión de visados a decenas de ciudadanos de Bolivia, entre ellos, el exfiscal general Juan Lanchipa (2018-2024), dos diputados, dos jueces, tres exfuncionarios y un antiguo encargado de la lucha antidrogas del país.
"La Administración Trump respalda al gobierno de Bolivia en sus esfuerzos por eliminar la influencia delictiva, incluso dentro de sus tribunales, fuerzas policiales y poder legislativo", señala el Departamento de Estado.
La medida se suma a la adoptada el pasado 28 de septiembre contra otros altos cargos y exfuncionarios, incluido el entonces fiscal general de Bolivia Roger Mariaca, a quien Washington acusó de solicitar y recibir sobornos para facilitar el tráfico de estupefacientes.
Mariaca fue detenido por la Policía boliviana dos días después y posteriormente fue destituido y encarcelado, acusado por el Gobierno de Paz de liderar una organización criminal para proteger al "narcoterrorismo".
