El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, respaldó este jueves al gobierno boliviano tras la detención del fiscal general Roger Mariaca, recientemente sancionado por EE. UU.
"La Administración Trump se mantiene firmemente junto al presidente Rodrigo Paz y al gobierno democráticamente electo de Bolivia mientras toma acciones audaces y decisivas para combatir el narcotráfico, la corrupción sistémica y el crimen organizado transnacional en Bolivia", dijo Rubio, a través de un X, el 1 de octubre.
"La semana pasada, en la histórica reunión de líderes del Escudo de las Américas, Estados Unidos reafirmó explícitamente su compromiso inquebrantable de salvaguardar la gobernanza democrática y la seguridad en nuestra región contra la influencia desestabilizadora de redes armadas narco-terroristas", agregó.
"Las acciones de Bolivia demuestran el tipo de liderazgo necesario para hacer que nuestro hemisferio sea más seguro, más fuerte y más próspero".
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Mariaca fue detenido el miércoles 30 de septiembre, acusado por el gobierno boliviano de presuntamente liderar una "organización criminal" que protegía al "narcoterrorismo" en el país.
Mientras que la Fiscalía General del Estado denunció la detención de Mariaca como "un secuestro" y afirmó desconocer las razones de su aprehensión. La institución además denunció una intervención policial en sus instalaciones.
Su detención ocurrió dos días después de que el gobierno de EE. UU. lo incluyera en un listado de altos cargos, exfuncionarios y ciudadanos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú —miembros del Escudo de las Américas— a quienes se les restringió el acceso a visas estadounidenses señalados de ser "corruptos" y de "socavar gobiernos elegidos democráticamente". Por lo tanto, el fiscal y sus familiares directos no podrán ingresar a Estados Unidos.
"Atentar contra un gobierno democráticamente elegido constituye una amenaza para la seguridad y el estado de derecho en las Américas y no será tolerado", señaló el Departamento de Estado al dar a conocer las restricciones de visa.
Además de Mariaca, fueron detenidas otras 13 personas, incluidos tres fiscales, y la Policía busca al exministro de gobierno, Eduardo del Castillo, quien fue candidato presidencial del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de los exmandatarios Evo Morales y Luis Arce.
Este viernes, el poder Legislativo del país adelantó la sesión prevista inicialmente para el lunes para analizar la posible conformación de una comisión que investigue estas acusaciones, una decisión adoptada por el presidente del Senado, Diego Ávila, tras la detención de Mariaca, por razones de "urgencia institucional", "prioridad parlamentaria y economía procesal", según la nueva convocatoria.
El 28 de septiembre, el mismo día en que se dieron a conocer las sanciones a los funcionarios o excargos públicos de Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador, Ávila sugirió que el fiscal general se apartara de sus funciones mientras las acusaciones de EE. UU. se aclaraban.
"Es necesario que mientras se esclarezcan los hechos denunciados, el Fiscal General del Estado se aparte del ejercicio de sus funciones", dijo Ávila Navajas, ante el Senado.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, señaló que una vez que la Cancillería obtenga la información solicitada al gobierno de EE. UU., la darán a conocer a las autoridades correspondientes.
"No estamos anunciando culpabilidades ni sustituyendo a fiscales o jueces", agregó. "Estamos pidiendo que los hechos sean examinados a fondo, que se preserven los elementos de prueba disponibles y que toda decisión tenga un sustento legal".
El 22 de septiembre, los líderes de los países que conforman el Escudo de las Américas, firmaron una declaración conjunta en la que promete defender la gobernanza democrática contra las redes armadas narcoterroristas.
Para alcanzar este objetivo, los líderes planearon coordinar sanciones, designaciones y medidas financieras contra terroristas y delincuentes; ampliar la aplicación de la ley en el ámbito civil; y brindar asistencia humanitaria y de comunicación para defender la voluntad popular.
Con información de Jill McLaughlin.
