Según David Shoebridge, líder del partido Los Verdes (The Greens), la Policía Federal Australiana (AFP, por sus siglas en inglés) afirma no poder intervenir cuando residentes locales son amenazados por regímenes extranjeros para que abandonen el país, ya que carecen de facultades para hacerlo.
El senador hizo este comentario mientras interrogaba al Departamento de Asuntos Internos sobre cómo aborda la "represión transnacional", durante una sesión de control presupuestario en el Senado celebrada el 27 de octubre.
La represión transnacional es una variante de la injerencia extranjera que consiste en que un régimen extranjero traspasa las fronteras nacionales para amenazar o presionar a determinados colectivos, a menudo compuestos por migrantes.
Los casos de represión transnacional han aumentado en los últimos años, afectando en particular a grupos como los uigures y los practicantes de la disciplina espiritual Falun Gong.
No leas más noticias. Entiéndelas.
En Epoch Times Español queremos estar en contacto directo contigo
Seleccionamos para ti lo que de verdad importa, sin ruido ni agendas. Es un canal abierto: si nos escribes, te respondemos.
Un hombre ataca a un practicante de Falun Gong que lo estaba grabando mientras retiraba a la fuerza sus pancartas en una acera pública, frente al Consulado de China en Toronto, el 22 de septiembre de 2026. (Captura de pantalla/Material cedido).Ciara Spencer, subsecretaria de aplicación de la ley y seguridad nacional, informó al Comité de Asuntos Jurídicos y Constitucionales que las personas que sufren represión transnacional deben, en primer lugar, acudir a la AFP (Policía Federal Australiana) o a la policía local, tras lo cual son derivadas a servicios generales de salud mental y bienestar.
Ante la pregunta de Shoebridge sobre si el Departamento de Asuntos Internos financia servicios para las víctimas, Spencer respondió: "No, senador, no lo hacemos".
Además, señaló que, cada vez que denunciaba casos en los que personas habían sido amenazadas para que abandonaran el país debido a sus opiniones políticas, la AFP le respondía que no podía intervenir porque las amenazas se habían producido en otro país.
"Cuando presentan una denuncia, no ocurre nada", afirmó Shoebridge, añadiendo que esa era, probablemente, una de las razones por las que el problema estaba infrarrepresentado en las estadísticas.
David Shoebridge, con la exlíder Larissa Waters y la senadora por Australia Meridional Sarah Hanson-Young al fondo. (Hilary Wardhaugh/Getty Images).La subsecretaria Spencer coincidió en que las personas se muestran reticentes a dar un paso al frente, debido, en particular, al temor por sus familiares en el extranjero.
Señaló que el Departamento solo ofrece asesoramiento general sobre seguridad personal y en línea a través de un sitio web comunitario, lanzado a finales del año pasado, pero que no brinda asistencia a los particulares en materia de seguridad digital.
Nuevo delito, aún en fase de elaboración
En julio, Jake Blight, supervisor de la legislación sobre seguridad nacional, recomendó tipificar un nuevo delito: la "repatriación forzosa", que ocurre cuando regímenes extranjeros profieren amenazas y obligan a una persona a abandonar Australia.Spencer indicó que la creación de nuevos delitos es competencia del Departamento del Fiscal General, aunque el Departamento de Asuntos Internos está "desarrollando políticas y estudiando diversas opciones".
La secretaria del Departamento de Asuntos Internos, Stephanie Foster, intervino para señalar que el Departamento del Fiscal General está analizando la cuestión, y aseguró al comité que el asunto "es objeto de consideración".
El director general de la ASIO, Mike Burgess, declaró en junio que al menos cinco regímenes estaban presionando a personas residentes en Australia para que regresaran a sus países de origen; en un caso, un régimen obligó a ocho personas a marcharse durante 2023.
Spencer añadió que, en lo que va del 2026, el equipo de Asuntos Internos dedicado a la injerencia extranjera se ha reunido en 14 ocasiones con representantes de la comunidad, además de mantener encuentros con 10 organizaciones no gubernamentales y de apoyo, siete grupos comunitarios, nueve proveedores de servicios y una entidad representativa de carácter religioso.
Foster comentó a Shoebridge que sus aportaciones habían sido "sugerencias prácticas y realmente útiles", y añadió que buscará reforzar la cooperación con la Policía Federal Australiana (AFP), el Departamento del Fiscal General y los gobiernos estatales.
Previamente, el partido de los Verdes (The Greens) logró que el Senado iniciara una investigación sobre la represión transnacional.
