El 15 de octubre, una jueza federal bloqueó temporalmente el plan del presidente Donald Trump de despedir a determinados empleados federales durante el cierre del gobierno.
La jueza federal de distrito Susan Illston, del Distrito Norte de California, comenzó la audiencia diciendo que se "inclinaba a aceptar la moción del demandante", pero que estaba abierta a los argumentos del gobierno que pudieran hacerla cambiar de opinión.
Illston dijo que los planes de despido tenían "motivaciones políticas" y eran "arbitrarios y caprichosos".
La jueza dijo que el gobierno parece estar aprovechando el cierre para "dar por sentado que todo vale, que las leyes ya no se aplican a ellos".
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"Se están haciendo cosas antes de pensarlas detenidamente", dijo Illston al comienzo de la audiencia del miércoles.
"Es como 'preparados, listos, ya'".
El asunto surge de una demanda presentada el 4 de octubre por varios sindicatos federales en respuesta a la intención declarada de la administración Trump de llevar a cabo RIF (reducciones de personal) de los empleados en situación de permiso temporal mientras el gobierno está cerrado.
La demanda hace referencia a un memorando enviado por el director de la Oficina de Gestión y Presupuesto, Russell Vought, justo antes del cierre, en el que se ordenaba a las agencias que se prepararan para los despidos.
Ese memorando interpreta la Ley de Antideficiencia —que regula los cierres gubernamentales— para afirmar que una interrupción temporal del financiamiento "elimina el requisito legal de todos los programas gubernamentales sin fondos".
La jueza comenzó preguntando a Elizabeth Hedges, abogada del gobierno, si consideraba que la interpretación era legal o no.
Hedges respondió a la corte que no estaba preparada para abordar el fondo del asunto en esta fase inicial y argumentó que los despidos deberían impugnarse ante la Junta de Protección del Sistema de Méritos.
En respuesta, la jueza señaló: “Esta guillotina está cayendo sobre la cabeza de empleados en todo el país, ¿y usted ni siquiera está preparada para decir si eso es legal?”
La suspensión de Illston tiene una duración de dos semanas. También ordenó al gobierno que presentara, en un plazo de dos días hábiles, una lista de los empleados que han sido despedidos o que serán despedidos como consecuencia del memorando de Vought.
Esta es una noticia en desarrollo y se actualizará.
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