El 25 de septiembre, una juez federal de Maryland declaró al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en desacato, al determinar que la agencia incumplió tres órdenes judiciales que esta había emitido para impedir la deportación de un inmigrante indocumentado salvadoreño.
Por su parte, el gobierno informó en un documento judicial que la persona deportada —identificada únicamente por las iniciales "E.L.A."— no desea regresar a Estados Unidos.
"Los demandados confirmaron que embarcarían a E.L.A. en un vuelo desde El Salvador hacia Estados Unidos y sostienen que existen múltiples vuelos de este tipo cada semana", señaló el DHS en el documento judicial, añadiendo que "no puede obligar a E.L.A. a acogerse a la solución ofrecida".
La juez federal de distrito Stephanie A. Gallagher emitió su fallo por desacato el 25 de septiembre, pero ordenó que el documento que explicaba su decisión permaneciera bajo reserva. Se trata de la segunda resolución por desacato que dicta en este caso en menos de dos meses.
No leas más noticias. Entiéndelas.
En Epoch Times Español queremos estar en contacto directo contigo
Seleccionamos para ti lo que de verdad importa, sin ruido ni agendas. Es un canal abierto: si nos escribes, te respondemos.
En un fallo anterior, mantenido bajo reserva el 29 de julio y hecho público poco después, determinó que el gobierno había incumplido los términos de un acuerdo de 2024, en el cual se comprometía a no deportar a los miembros de la demanda colectiva que aún tuvieran solicitudes de asilo en trámite.
Ordenó al gobierno que permitiera el regreso de E.L.A. a Estados Unidos mientras se resuelve su solicitud de asilo y que notificara a la corte con al menos cinco días de antelación antes de proceder a una nueva deportación.
E.L.A. formaba parte de una demanda colectiva contra el gobierno iniciada en 2019. Un grupo de menores no acompañados presentó la demanda para evitar su deportación. A medida que avanzaba el caso, algunos de los demandantes dejaron de ser menores de edad; sin embargo, en 2024 el gobierno acordó no expulsarlos hasta que sus solicitudes de asilo hubieran sido tramitadas en su totalidad.
No obstante, el gobierno reconoció que algunos de esos demandantes fueron deportados por error, en ocasiones debido a que sus nombres no habían sido marcados correctamente en los sistemas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
E.L.A. fue deportado el 1 de septiembre, tras no presentarse el año anterior ante el ICE para una cita de toma de datos biométricos, en la que el gobierno habría recopilado sus huellas dactilares y otra información.
Cuando una persona que solicita asilo falta a una cita de este tipo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) suele "cerrar el caso y notificar el cierre al solicitante", según explicó el gobierno en su escrito judicial.
El gobierno no cerró su caso de asilo, pero posteriormente se eliminó la marca que lo identificaba como miembro de la demanda colectiva —y, por tanto, no sujeto a deportación—.
Sus abogados solicitaron al juez que ordenara su regreso a Estados Unidos para concluir el proceso de solicitud de asilo, sin que se le penalizara por haber faltado a dichas citas.
Argumentaron que el gobierno solo ofrece traerlo de vuelta para poder "entregarle una notificación" informándole que su caso fue cerrado debido a su inasistencia a la cita de datos biométricos.
