El Departamento de Justicia (DOJ) solicitó el 24 de septiembre a la Corte Suprema de EE. UU. que restableciera su programa de deportación a terceros países, el cual envía a los deportados a países que no fueron mencionados en sus órdenes de expulsión.
La Corte Suprema ya se pronunció a favor del programa en dos ocasiones en su lista de casos de emergencia.
De acuerdo con las normas de la Corte Suprema, la solicitud está dirigida a la jueza Ketanji Brown Jackson, ya que ella supervisa las apelaciones de emergencia contra las decisiones de la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de EE. UU.

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Sin embargo, el fiscal general adjunto de EE. UU., D. John Sauer, tomó la inusual medida de pedirle a Jackson que remitiera la solicitud de suspensión al pleno de la corte, en lugar de que ella misma se pronunciara al respecto, en caso de que no congelara la orden de la corte inferior.
Jackson votó en contra del gobierno en ambas ocasiones en que el litigio se presentó anteriormente ante la corte superior.
La solicitud se refiere a un fallo del Primer Circuito que anuló las directrices del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que permitían la deportación basándose en garantías diplomáticas de que los países de destino no perseguirían ni torturarían a las personas enviadas a ellos.
El caso se conoce como DHS v. D.V.D.
Esta es una noticia en desarrollo y se actualizará.























