El alcalde de Houston, John Whitmire, firmó una orden ejecutiva el 6 de noviembre que limita la cooperación del departamento de policía con las autoridades federales de inmigración.
En una conferencia de prensa, Whitmire afirmó que la política tiene como objetivo reducir el miedo y la ansiedad en toda la ciudad de Houston y que ayudaría a garantizar que las personas acusadas de nuevos delitos punibles con cárcel, incluidos los delitos violentos, sean retiradas de las calles.
Esta medida marca un cambio con respecto al enfoque adoptado por el gobernador de Texas, Greg Abbott, quien perdió su intento de reelección frente a Gina Hinojosa en las elecciones intermedias del 3 de noviembre.
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Hinojosa, una representante estatal de Austin, se convertirá en la primera demócrata en ocupar el cargo de gobernadora de Texas desde que Ann Richards dejó el cargo en 1995. Ella se ha comprometido a liderar una administración bipartidista en Texas.
Whitmire dijo que se mantuvo en comunicación con los futuros líderes de Texas y con miembros bipartidistas de la legislatura. Dijo que asumiría la responsabilidad del cambio aunque la administración actual permanezca en el cargo durante dos meses más, y agregó que "las elecciones importan" y que el tema debe ser apartidista.
La orden instruye al Departamento de Policía de Houston a ponerse en contacto con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) únicamente cuando una persona arrestada por delitos punibles con cárcel también sea objeto de una orden administrativa del ICE, según la oficina del alcalde.
Noe Díaz, jefe de policía de la ciudad, dijo que el departamento ya no se comunicará con el ICE respecto a personas que tengan una orden administrativa pero que no hayan sido detenidas.
"Por ejemplo, si nuestros agentes de policía detienen a alguien por una infracción de tránsito menor y le levantan una multa, esa persona recibe la multa y sigue con su día", dijo Díaz en la conferencia.
El jefe de policía envió un memorándum a todo el departamento para informar a los oficiales sobre el cambio de política a raíz de la orden, según la oficina del alcalde.
The Epoch Times se comunicó con la oficina de Abbott y con el Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa a ICE, para obtener comentarios, pero no recibió respuesta antes del cierre de esta edición.
En abril, Abbott amenazó con retener 110 millones de dólares en fondos de seguridad pública destinados a Houston después de que el consejo municipal aprobara una ordenanza destinada a limitar la coordinación de la policía local con el ICE. También amenazó con recortar los subsidios de seguridad pública a Dallas y Austin por políticas similares. Posteriormente, el consejo votó 13 a 4 a favor de enmendar la ordenanza de Houston, una medida que, según Whitmire, discutió de antemano con la oficina de Abbott.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, también presentó una demanda el 16 de abril impugnando la ordenanza, alegando que infringía una ley estatal de 2017 contra las políticas locales que restringen la aplicación de las leyes de inmigración. Paxton perdió la contienda por el Senado de EE. UU. frente al diputado estatal James Talarico, un demócrata, en las elecciones de medio período.
En julio se produjeron protestas en Houston después de que un agente de ICE disparara mortalmente a Lorenzo Salgado Araujo, un ciudadano mexicano a quien la agencia identificó como inmigrante ilegal.
ICE alegó que Salgado Araujo intentó huir, embistió un vehículo de ICE e ignoró repetidas órdenes verbales antes de intentar atropellar a un agente de ICE con su vehículo. El agente abrió fuego en defensa propia, alcanzando a Salgado Araujo, según informó la agencia. Salgado Araujo fue trasladado al hospital, donde falleció más tarde.
El tiroteo se produjo cuando el ICE informó que sus agentes se enfrentaban a un aumento de los enfrentamientos violentos durante las operaciones de control migratorio.
Con información de Chase Smith, Tom Gantert y Associated Press.
