El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció el miércoles que se han multiplicado por diez las asociaciones entre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y las agencias locales, estatales y tribales.
Al final de la administración Biden, existían 135 asociaciones de este tipo, pero esa cifra se ha disparado a más de 1400 en 40 estados bajo la presidencia de Donald Trump.
En virtud de los acuerdos de la "Sección 287(g)", que forman parte de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, el ICE puede asociarse con agencias locales, estatales y tribales para identificar y expulsar a los inmigrantes ilegales.
"Bajo el liderazgo de [el presidente] Trump y [la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem], [el ICE] ha POTENCIADO la cooperación con las fuerzas del orden estatales y locales para ayudar a los funcionarios federales de inmigración en nuestros esfuerzos por devolver la seguridad a Estados Unidos", afirmó el DHS en una publicación en X.
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Las agencias asociadas pueden recibir dinero para adquirir nuevos vehículos y equipos. Otros incentivos económicos incluyen el reembolso de los salarios por las horas extras trabajadas en coordinación con el ICE.
La policía estatal y local no puede detener a personas de forma independiente por infringir la ley de inmigración: Se requiere la supervisión del ICE para llevar a cabo las detenciones. Sin embargo, las fuerzas del orden tribales pueden realizar detenciones de forma independiente en las reservas.
"Estos acuerdos 287(g) nos ayudan a expulsar de nuestras comunidades a los extranjeros ilegales que han cometido delitos, incluidos asesinos, pedófilos, violadores, miembros de bandas y terroristas", afirmó el DHS.
La agencia se jactó del abrumador éxito obtenido en los estados con un gran número de acuerdos con el ICE.
En Florida, se han realizado 40,000 detenciones en virtud de los acuerdos 287(g), según el DHS, que añadió que siete de las diez ciudades más seguras de Estados Unidos cooperan con el ICE.
En su primer día en el cargo de su segundo mandato, Trump firmó una orden ejecutiva en la que ordenaba al ICE aumentar las asociaciones con los estados. Varios estados liderados por republicanos, como Texas, Florida y Virginia, ordenaron a sus agencias que firmaran los acuerdos.
La directiva del exgobernador de Virginia Glenn Youngkin no duró mucho. La recién elegida gobernadora demócrata Abigail Spanberger firmó este mes directivas para poner fin al mandato de Youngkin y prohibir nuevas asociaciones.
Varios estados gobernados por demócratas están tomando medidas similares. En Delaware, un proyecto de ley estatal promulgado en 2025 también prohibiría los acuerdos si se aprueba. Un total de nueve estados han prohibido este tipo de colaboraciones, y es posible que se sumen más.
"Los políticos santuario están prohibiendo la cooperación con el ICE y, en su lugar, optan por LIBERAR a los extranjeros ilegales delincuentes de sus cárceles y devolverlos a las calles para VICTIMIZAR a más estadounidenses", afirmó el DHS en su publicación en X.
Las prohibiciones se producen en medio de la presión sobre el ICE tras dos tiroteos mortales, los de Renee Good y Alex Pretti, en Minneapolis el mes pasado. Ambos eran ciudadanos estadounidenses que protestaban contra las operaciones de control de la inmigración. Good aparentemente embistió con su coche a un agente federal, y Pretti se acercó a un grupo de agentes mientras portaba un arma de fuego y dos cargadores.
