La senadora Marsha Blackburn (R-Tenn.) presentó el miércoles una demanda contra el exfiscal especial Jack Smith y el Departamento de Justicia (DOJ) por una citación que la oficina de Smith emitió para obtener sus registros telefónicos durante su investigación sobre las acciones del presidente Donald Trump en torno a la certificación por parte del Congreso de las elecciones de 2020.
Blackburn alegó que Smith violó sus derechos constitucionales y que fue nombrado de forma ilegal. Solicitó a la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de Tennessee que ordenara al Departamento de Justicia destruir los registros o devolvérselos.
La senadora comenzó su demanda con la siguiente cita: "El fiscal tiene más control sobre la vida, la libertad y la reputación que cualquier otra persona en Estados Unidos", del exfiscal general y posterior juez de la Corte Suprema Robert Jackson.
Blackburn alegó que Smith había vulnerado su derecho de asociación, amparado por la Primera Enmienda y su derecho a no sufrir registros e incautaciones irrazonables, amparado por la Cuarta Enmienda.
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Acusó al exasesor especial de violar la cláusula de "discurso o debate" de la Constitución, que otorga a los miembros del Congreso y a sus asesores inmunidad frente a procesos penales o demandas civiles derivados de las acciones realizadas en el ejercicio de sus funciones oficiales.
La Corte Suprema declaró anteriormente que esta legislación no debe interpretarse de forma literal, sino que debe interpretarse de manera amplia para lograr la adecuada separación de poderes que pretende establecer.
Blackburn también dijo que el exfiscal general Merrick Garland nombró ilegalmente a Smith, un ciudadano particular, como fiscal especial, cargo que ocupó desde noviembre de 2022 hasta enero de 2025, infringiendo la Cláusula de Nombramientos, que otorga al presidente la autoridad para nombrar a funcionarios federales con el asesoramiento y consentimiento del Senado.
Blackburn dijo que, en su calidad de senadora, nunca tuvo la oportunidad de ofrecer su asesoramiento, consentimiento o rechazo respecto al nombramiento de Smith.
Además, la senadora de Tennessee dijo que las acciones de Smith y del Departamento de Justicia (DOJ) para obtener sus registros telefónicos violaban el principio constitucional de separación de poderes.
"Los hechos alegados en el presente escrito demuestran que el Poder Ejecutivo ignoró el diseño cuidadosamente elaborado de nuestra Constitución y permitió que un ciudadano particular ejerciera un poder enorme que no le correspondía, lo que dio lugar a violaciones flagrantes de la libertad personal y de los derechos constitucionales", reza la demanda de Blackburn.
Garland nombró a Smith fiscal especial para investigar los acontecimientos que condujeron a la sesión conjunta del Congreso del 6 de enero de 2021, destinada a certificar los votos electorales de las elecciones presidenciales de 2020. Smith alegó que Trump, que perdió dichas elecciones, estaba detrás de una presunta conspiración para anular los resultados. Trump dijo que su intención era retrasar la certificación para dar tiempo a los estados a investigar las denuncias de fraude e irregularidades.
Trump fue acusado por un gran jurado a raíz de la investigación de Smith y se declaró inocente, pero los cargos acabaron siendo retirados después de que ganara las elecciones presidenciales de 2024.
Blackburn dice en la demanda que pretende impedir que cualquier futuro fiscal general realice un nombramiento "ficticio", tal y como hizo Garland con Smith.
"Ningún presidente lo nombró, ni el Congreso lo confirmó para desempeñar ese cargo", reza la demanda. "El Congreso no aprobó ninguna ley que autorizara al fiscal general Garland a nombrar a un fiscal especial".
La senadora solicitó una indemnización simbólica a Smith por un importe de 1 dólar.
Smith defendió la obtención de los datos de los teléfonos móviles de los legisladores republicanos durante su comparecencia ante el Congreso el 29 de septiembre, calificándola de "sustancialmente relevante" para su investigación.
"Teniendo en cuenta lo que había ocurrido aquella tarde del 6 de enero, en mi opinión, se sumaba a las contundentes pruebas que teníamos de la culpabilidad de Donald Trump y de la participación de sus cómplices en su plan delictivo a instancias suyas" dijo Smith.
Además de Blackburn, Smith citó a comparecer y recibió registros de Ron Johnson (R-Wis.), Lindsey Graham (R-S.C), Bill Hagerty (R-Tenn.), Josh Hawley (R-Mo.), Cynthia Lummis (R-Wyo.), Dan Sullivan (R-Alaska) y Tommy Tuberville (R-Ala.), así como del diputado Mike Kelly (R-Pa.).
Smith también había obtenido órdenes de confidencialidad de un juez federal de distrito que impedían a los legisladores saber que sus registros telefónicos estaban siendo investigados.
El exfiscal especial sostuvo durante su testimonio que su investigación demostraba que Trump "participó en un complot delictivo para anular los resultados e impedir el traspaso legítimo del poder".
No fue posible contactar con Smith para recabar sus comentarios en el momento de la publicación.
