La Corte Suprema le otorgó recientemente al presidente Donald Trump una victoria en sus esfuerzos por garantizar la integridad del voto, los cuales se han visto lastrados por reveses legales durante más de un año.
La decisión de los magistrados del 25 de septiembre se produjo justo antes de las elecciones de mitad de período y ofreció a los estados una herramienta útil, aunque controvertida, para verificar la ciudadanía o el estatus migratorio de los votantes registrados.
Trump firmó una orden ejecutiva en la que, entre otras cosas, ordenaba a las agencias federales crear una base de datos centralizada para la verificación masiva de la ciudadanía en los registros electorales estatales. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lo hizo renovando el sistema de Verificación Sistemática de inmigrantes para Derechos (SAVE), que tenía cuatro décadas de antigüedad, para incluir datos de la Administración del Seguro Social (SSA).
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Sin embargo, un juez federal en Washington bloqueó esa parte de la orden, argumentando que violaba los derechos de privacidad de los estadounidenses, entre otras leyes federales.
Trump dijo en numerosas ocasiones que los inmigrantes ilegales votan en las elecciones de EE. UU. y que se necesitaban medidas de seguridad adicionales para evitarlo.
Los opositores a la base de datos SAVE modificada dijeron que va demasiado lejos, alegando que el sistema priva a los votantes de su derecho al voto.
La orden de Trump
El año pasado, Trump firmó una orden presidencial titulada "Preservar y proteger la integridad de las elecciones estadounidenses".Esta ordenaba al DHS ampliar el acceso de las autoridades estatales y locales a los recursos federales para verificar la ciudadanía o el estatus migratorio de los votantes registrados y de quienes desean registrarse.
Así nació la base de datos SAVE modificada, que permite a las agencias federales, estatales, territoriales, tribales y locales realizar verificaciones masivas de ciudadanía en los censos electorales.
SAVE se había utilizado desde 1986 para dar seguimiento al estatus de ciudadanía de los inmigrantes en Estados Unidos que solicitan beneficios públicos y solo permitía consultas individuales, pero la orden de Trump permitió a los estados utilizarla para garantizar la integridad electoral.
Los estados podían cotejar de manera efectiva la información de sus listas electorales con datos federales, incluidos los registros de la Administración del Seguro Social (SSA), tales como nombres, direcciones y estatus migratorio, para asegurarse de que no hubiera inmigrantes ilegales inscritos.
La Corte Suprema se pronuncia
Los magistrados emitieron una orden de emergencia el 25 de septiembre, en la que acordaron por 6 votos contra 3 permitir que el gobierno federal utilizara el sistema SAVE renovado.Según el fallo, un juez de distrito cometió un error al otorgar una medida cautelar que bloqueaba el uso de la base de datos. Los magistrados fundamentaron su decisión en la Ley de Reforma a la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante de 1996, que autorizó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a solicitar y recibir información sobre la ciudadanía de otras agencias federales.
"La orden de la Corte de Distrito obstaculiza, por lo tanto, los esfuerzos del Gobierno Federal por ayudar a las agencias estatales y locales en la administración adecuada de las elecciones de mitad de mandato", escribió la mayoría en su opinión per curiam de siete páginas.
La Corte Suprema solo suspendió temporalmente la orden, a la espera del resultado de una apelación contra el fallo del 22 de junio de la jueza de distrito Sparkle Sooknanan, que impedía al gobierno utilizar la base de datos.
Sooknanan prohibió a la administración de Trump implementar el sistema SAVE con el argumento de que violaba la ley federal de privacidad, la Ley del Seguro Social y la Ley de Procedimientos Administrativos, que rige la forma en que las agencias federales proponen y adoptan regulaciones.
"El gobierno federal ha pisoteado a sabiendas los derechos de privacidad de los ciudadanos estadounidenses de una manera que amenaza el derecho sagrado al voto", escribió en su fallo de 75 páginas.
Su fallo fue confirmado el 4 de septiembre por la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia en una decisión de 2 a 1.
Poco después, la administración de Trump solicitó a la Corte Suprema que se ocupara del asunto.
Impacto limitado en las elecciones intermedias
En su opinión, los magistrados hicieron referencia a una sección de la Ley Nacional de Registro Electoral que exige un "período de silencio" de 90 días antes de las elecciones.La ley prohíbe a los estados eliminar masivamente "los nombres de votantes no elegibles de las listas oficiales de votantes elegibles" en las semanas previas a las elecciones primarias o generales para cargos federales, a fin de evitar el caos y la confusión.
"Sin duda, esa moratoria limita el impacto potencial de [esta decisión]", se lee en la opinión.
Sin embargo, la mayoría señaló que aún se debería permitir a los estados utilizar el sistema SAVE modificado para consultas individuales.
Preocupaciones sobre la privación del derecho al voto
Junto con las tres magistradas disidentes de la Corte Suprema —Ketanji Jackson, Sonia Sotomayor y Elena Kagan—, Sooknanan señaló que se estaba eliminando a ciudadanos estadounidenses de los registros electorales.Los demandantes, la Liga de Mujeres Votantes y el Centro de Información sobre Privacidad Electrónica, señalaron en un escrito presentado el 15 de septiembre ante la Corte Suprema que el Congreso nunca autorizó al gobierno federal a "crear una base de datos maestra de ciudadanos estadounidenses".
"Múltiples leyes restringen la capacidad de las agencias federales para utilizar, reutilizar y divulgar la información personal sensible de los estadounidenses", se lee en el escrito. "Al ignorar estas leyes, el gobierno ha creado de manera imprudente una base de datos maestra de ciudadanía plagada de errores que pone en peligro la privacidad y los derechos de voto de millones de estadounidenses".
Algunos miembros de los grupos fueron clasificados erróneamente como no ciudadanos por SAVE, lo que resultó en la cancelación de su registro electoral, argumentaron los demandantes.
"El daño causado al imponer una carga o privar del derecho al voto incluso a unos pocos votantes legales supera el daño inexistente que sufre el Gobierno cuando se le impide tomar una medida para la cual probablemente carece de autoridad", señaló Jackson en su opinión disidente.
Una coalición de unas tres docenas de legisladores demócratas presentó un escrito ante la Corte Suprema en apoyo a la demanda del grupo, en el que describieron el sistema SAVE como inexacto y poco confiable.
"Las consecuencias de combinar a la ligera un sistema de larga data para determinar el estatus legal de un inmigrante (SAVE) y la base de datos de la SSA con información personal de millones de estadounidenses eran predecibles", señaló el escrito, refiriéndose a "evidencia indiscutible" de daño contra los votantes que apoyan a los candidatos demócratas en las próximas elecciones intermedias.
El uso de SAVE por parte de los estados es opcional.
El Departamento de Justicia (DOJ) rechazó las preocupaciones sobre la privación del derecho al voto en un escrito presentado ante la Corte Suprema, señalando que 27 estados habían utilizado el sistema modificado para verificaciones de votantes, lo que ascendió a 59.7 millones de solicitudes de verificación entre enero de 2025 y abril de 2026.
Los defensores dan su opinión
Hans von Spakovsky, investigador jurídico principal de Advancing American Freedom, declaró a The Epoch Times que la suspensión previa de Sooknanan era incorrecta porque "quedaba muy claro que la ley federal de inmigración prevalecía sobre cualquier disposición de confidencialidad de las Leyes del Seguro Social y de Privacidad".Spakovsky calificó de "absurdas" las afirmaciones de que la nueva base de datos SAVE privaría del derecho al voto a los electores.
"Solo un puñado de personas "afirmaron" que fueron incluidas por error en la lista de no ciudadanos", dijo. "Todo lo que tienen que hacer es presentar pruebas de su ciudadanía y el problema queda resuelto".
Spakovsky señaló que los estados utilizaron el sistema durante 40 años para verificar la ciudadanía a efectos de beneficios públicos, pero que los problemas con él solo surgieron cuando fue modificado bajo el gobierno de Trump.
"Nadie se quejó al respecto hasta que se mejoró con datos del Seguro Social y los funcionarios electorales comenzaron a utilizarlo", dijo Spakovsky. "Eso dice mucho sobre las motivaciones partidistas de quienes se oponen a su uso".
Florida, Indiana, Iowa y Ohio presentaron un escrito ante la Corte Suprema en apoyo del sistema SAVE, en el que señalaron que cuando una corte interfiere en el mantenimiento de registros electorales precisos por parte de los estados, la integridad y la confianza en las elecciones se ven afectadas.
"Como parte de la prevención del fraude electoral, incluido el voto de personas que no son ciudadanos, [los estados] tienen la obligación de mantener registros de inscripción de votantes precisos y actualizados", escribieron los estados, haciendo referencia a la crisis fronteriza bajo la administración de Biden, cuando se permitió la entrada al país a millones de inmigrantes ilegales.
"Después de todo, [un estado] no puede rastrear y mantener información sobre inmigración y ciudadanía por su cuenta".
