La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, firmó el 30 de septiembre una ordenanza que incorpora partes de su directiva ejecutiva de febrero sobre la "intromisión federal" en materia de control migratorio al código local que rige las operaciones de la ciudad.
La ordenanza establece que, a menos que lo exijan las leyes federales o estatales, ninguna propiedad de la ciudad podrá utilizarse como zona de concentración, lugar de tramitación o base de operaciones para la aplicación de las leyes de inmigración. Exige que se coloquen letreros que indiquen lo mismo en los estacionamientos de la ciudad, los terrenos baldíos y otras propiedades abiertas similares.
Asimismo, exige a los departamentos municipales que aseguren las puertas y cierren con llave las entradas peatonales y de vehículos para restringir el acceso no autorizado a las áreas no públicas de las instalaciones de la ciudad, así como a los estacionamientos, terrenos baldíos y garajes de propiedad municipal.
Los contratistas de la ciudad deben presentar una declaración jurada en la que indiquen si tienen contratos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. o los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. que impliquen la recopilación y difusión de datos, o con otra parte que implique el intercambio de datos de terceros con dichas agencias. La ciudad no puede adjudicar un contrato a una empresa que no cumpla con este requisito.
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Las empresas que hayan celebrado dichos acuerdos deben dar a conocer el número o el título del contrato, la naturaleza del trabajo y los términos de la remuneración, en la medida en que lo permita la ley federal. La ciudad puede rescindir un contrato en caso de que la declaración jurada esté incompleta o contenga información inexacta.
El Sr. Bass emitió la Directiva Ejecutiva n.º 17 en febrero para reforzar los esfuerzos de la ciudad por "combatir la extralimitación federal por parte de la administración de Trump" y prohibir el uso de bienes de la ciudad para llevar a cabo acciones de control migratorio.
El Concejo Municipal aprobó por unanimidad el proyecto de ordenanza para que la firmara la alcaldesa Bass el 30 de septiembre, según informó la oficina de la alcaldesa.
“Es posible que las redadas de inmigración ya no aparezcan en los titulares diarios, pero no han cesado”, afirmó Bass en un comunicado. “No podemos bajar la guardia”. Agregó que los elementos de la directiva quedarán “consagrados en el código municipal” y que la ley “deja en claro que esos principios no son temporales”.
Los Ángeles es una de varias ciudades que han restringido el uso de propiedades municipales por parte de los agentes de inmigración. El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, firmó una orden ejecutiva en octubre de 2025 que prohíbe el uso de estacionamientos, terrenos baldíos y garajes de la ciudad como zonas de concentración, lugares de tramitación o bases operativas para la aplicación de las leyes de inmigración en el ámbito civil. La alcaldesa de Seattle, Katie Wilson, emitió una orden similar en enero.
La administración de Trump se ha opuesto a este tipo de medidas. Tras la firma de la orden de Chicago, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) declaró a The Epoch Times que ello provocaría actos de violencia contra los agentes del ICE, quienes son responsables de hacer cumplir las leyes de inmigración e investigar las infracciones aduaneras.
En cuanto a la medida de California, un portavoz del DHS afirmó en una respuesta enviada por correo electrónico a The Epoch Times: "Mientras la alcaldesa Karen Bass siga liberando a pedófilos, violadores, miembros de pandillas y asesinos en las calles, nuestras valientes fuerzas de seguridad seguirán arriesgando sus vidas para detener a estos criminales atroces y hacer que Los Ángeles vuelva a ser un lugar seguro".
El presidente del Concejo Municipal, Marqueece Harris-Dawson, agradeció a Bass y señaló que el Concejo se unía a él para hacer permanentes las salvaguardias de la directiva.
La concejala Eunisses Hernández afirmó en la sesión del 30 de septiembre que los terrenos de la ciudad no deben utilizarse como base para operaciones federales de control migratorio, procesos de detención o redadas migratorias.
La concejala Ysabel Jurado señaló que las empresas que soliciten contratos públicos deben ser transparentes respecto a si comparten datos con las agencias federales de inmigración.
La directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes, Angélica Salas, también respaldó la ordenanza.
