El 21 de septiembre, un juez federal de distrito bloqueó la reinterpretación que la administración Trump hacía de una ley federal para impedir que los inmigrantes indocumentados recibieran asistencia social.
La jueza Mary McElroy de la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Rhode Island dijo que varias agencias federales no cumplieron con la Ley de Procedimiento Administrativo (APA, por sus siglas en inglés) cuando omitieron el período de notificación y comentarios requerido por la ley.
Esta ley regula la forma en que el gobierno federal propone, adopta y aplica las normas.
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Pero el fallo de McElroy no prohibió que las agencias federales reinterpretaran en el futuro la Ley de Reconciliación sobre Responsabilidad Personal y Oportunidades Laborales (PRWORA, por sus siglas en inglés) de conformidad con el período de notificación y comentarios requerido por la APA.
"En julio de 2025, las agencias [federales] dieron un giro de 180 grados al emitir nuevos avisos que pretenden reinterpretar la PRWORA para que se aplique a una serie de programas federales que anteriormente habían sido excluidos", escribió McElroy.
"[Las] agencias no llevaron a cabo ningún período de notificación y comentarios antes de emitir los Avisos PRWORA de julio de 2025".
Entre los organismos federales acusados de no seguir las directrices de la APA se encuentran el Departamento de Justicia, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), el Departamento de Educación, el Departamento de Trabajo, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano y sus respectivos secretarios.
Veinte estados y el Distrito de Columbia habían presentado demandas contra la reinterpretación de la PRWORA por parte de la administración Trump.
La PRWORA fue promulgada por el Congreso en 1996 y estableció una política de "autosuficiencia" que estipulaba que los ciudadanos extranjeros deberían poder mantenerse económicamente sin depender de la asistencia gubernamental y que los beneficios federales no deberían ser un imán para la inmigración a los Estados Unidos.
La legislación describía los "beneficios públicos federales" como "cualquier subvención, contrato, préstamo, licencia profesional o licencia comercial... cualquier jubilación, asistencia social, salud, discapacidad, vivienda pública o subvencionada, educación postsecundaria, asistencia alimenticia, prestación por desempleo o cualquier otro beneficio similar para el cual una agencia de Estados Unidos proporciona pagos o asistencia a un individuo, hogar o unidad familiar elegible".
A los inmigrantes indocumentados se les prohibía recibir beneficios que se ajustaran a esa definición.
Pero también existían exenciones para algunos programas de asistencia social, que serían especificadas por el fiscal general y las agencias federales correspondientes.
Tras la promulgación de la PRWORA, las agencias federales emitieron avisos que interpretaban qué programas de asistencia social estarían exentos.
En aquel momento, el Departamento de Justicia interpretó la ley de manera que no se aplicara a los "servicios ampliamente disponibles", especificando que programas como los servicios de atención a víctimas, los centros para personas sin hogar de corta duración y los comedores sociales estaban exentos.
El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano y el fiscal general determinaron que "muchos" programas dentro de la agencia no están sujetos a la PRWORA.
De igual modo, el Departamento del Trabajo emitió directrices —tan recientemente como en 2024— en las que se indicaba que varios programas no están cubiertos por la ley.
El fiscal general, junto con el Departamento de Educación y el HHS, también emitieron avisos interpretando que "la PRWORA no se aplica a ciertas categorías de programas educativos".
En julio de 2025, el secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., dijo que la definición de beneficios de la PRWORA era insuficiente y permitía que los inmigrantes indocumentados obtuvieran asistencia social que los legisladores habían destinado a los estadounidenses y a los inmigrantes que cumplían los requisitos.
"Durante demasiado tiempo, el gobierno ha desviado los impuestos de los estadounidenses que trabajan arduamente para incentivar la inmigración ilegal", dijo Kennedy.
"La medida adoptada hoy cambia eso: restablece la integridad de los programas sociales federales, garantiza el estado de derecho y protege recursos vitales para el pueblo estadounidense".
El presidente Donald Trump había intentado revertir esta tendencia de décadas de antigüedad ampliando el alcance de los programas de asistencia social bajo la PRWORA, que de este modo dejarían de estar disponibles para los inmigrantes indocumentados.
El 19 de febrero de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva titulada "Poner fin a la subvención de las fronteras abiertas con fondos públicos", en la que ordena a las agencias federales que adapten sus programas a la PRWORA.
En respuesta, las cuatro agencias mencionadas anteriormente emitieron nuevos avisos de la ley de 1996 que "restringieron sus interpretaciones de otras exenciones e identificaron nuevos beneficios públicos federales cubiertos".
Veinte estados y Washington demandaron contra la reinterpretación de la PRWORA y solicitaron una orden judicial preliminar, que McElroy concedió en septiembre de 2025, a la espera de una nueva orden suya.
"El gobierno sostiene que, de alguna manera, ha interpretado incorrectamente este estatuto durante los casi 30 años que ha estado vigente", dijo en la decisión de septiembre de 2025.
"En su opinión, todos (de todas las administraciones anteriores) lo han malinterpretado desde el principio, al menos hasta el mes pasado, cuando la interpretación correcta se hizo evidente para el gobierno".
La decisión final de McElroy, del 21 de septiembre, en la que determinó que las acciones de la agencia eran procesalmente inválidas según la Ley de Procedimiento Administrativo (APA), se produjo más de un año después de que concediera su medida cautelar preliminar.
Pero la jueza reiteró que su fallo no impide que los departamentos de salud, educación, trabajo o vivienda "promulguen nuevas normas relacionadas con PRWORA después de un período de reglamentación con aviso y comentarios, como lo exige la APA".
