El Departamento de Justicia (DOJ) ha presentado una demanda contra la Universidad de Delaware por presuntamente otorgar beneficios de matrícula para residentes del estado a inmigrantes ilegales, al tiempo que niega esos mismos beneficios a ciudadanos estadounidenses de otros estados.
La universidad cobra tarifas de matrícula diferentes según el estatus de residencia del estudiante; a los residentes de Delaware se les cobra menos que a los estudiantes provenientes de otros estados. El DOJ cuestionó que la universidad supuestamente permitiera que los estudiantes inmigrantes indocumentados que viven en el estado fueran clasificados como residentes, lo que les permitía acceder a la matrícula más baja.
Para el programa de pregrado 2026–2027 de la Universidad de Delaware, la cuota de matrícula anual es de 15,740 dólares para los residentes de Delaware y de 42,470 dólares para los no residentes.
La demanda, presentada el 1 de octubre ante la Corte de Distrito del Distrito de Delaware, criticaba la Sección VII de la política de residencia de la universidad, la cual se refiere a los no ciudadanos que desean asistir a dicha institución.
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De acuerdo con la Sección VII, los estudiantes no ciudadanos pueden tener derecho a pagar las cuotas de matrícula para residentes del estado si cumplen con ciertas condiciones, tales como haber asistido a una escuela secundaria de Delaware durante tres años y haber residido con sus padres mientras asistían a dicha escuela.
Cuando los estudiantes no ciudadanos pagan cuotas de matrícula más bajas, esto constituye un "flagrante trato desigual que favorece a los extranjeros en situación irregular frente a los ciudadanos estadounidenses", señaló el Departamento de Justicia en la demanda.
La demanda imputaba a la universidad dos cargos por violar la Cláusula de Supremacía, la cual aclara que, en general, la ley federal tiene prioridad sobre las leyes estatales que entren en conflicto con ella.
Específicamente, la demanda alegaba una violación del Título 8, Sección 1623 del Código de Estados Unidos, que prohíbe que una persona que no se encuentre legalmente presente en Estados Unidos sea elegible para recibir beneficios de educación superior con base en su residencia dentro de un estado, a menos que un ciudadano estadounidense sea elegible para los mismos beneficios independientemente de su residencia estatal.
La demanda también alegaba la violación del Título 8, Sección 1621 del Código de Estados Unidos, que aclara que ciertos no ciudadanos no son elegibles para recibir beneficios públicos estatales o locales.
La demanda sostiene que la Sección VII de la política de residencia de la universidad es inválida e inconstitucional. El Departamento de Justicia solicitó a la corte que declare que la Sección VII viola la Cláusula de Supremacía y que emita una orden judicial permanente que prohíba a los demandados y a terceros hacer cumplir sus disposiciones. Además de la Universidad de Delaware, el consejo de administración de la institución también figura como demandado en el caso.
En un comunicado del 1 de octubre, el Departamento de Justicia afirmó que estaba dando prioridad a exigir responsabilidades a las instituciones de educación superior por dar preferencia a los inmigrantes ilegales por encima de los ciudadanos estadounidenses.
"Los esfuerzos de este Departamento de Justicia no cesarán hasta que hayamos impugnado todas las leyes estatales o políticas universitarias que otorguen un trato preferencial a los extranjeros ilegales frente a los propios ciudadanos de nuestra nación", declaró el fiscal general adjunto Stanley E. Woodward Jr. en el comunicado.
“Hace mucho tiempo que el Congreso dejó en claro que los estados no pueden otorgar matrículas reducidas a los extranjeros en situación irregular que no estén disponibles para todos los estadounidenses”, agregó Woodward.
The Epoch Times se comunicó con la Universidad de Delaware para solicitar comentarios, pero no recibió respuesta antes de la hora de publicación.
La universidad declaró en un comunicado del 1 de octubre que estaba al tanto de la demanda del Departamento de Justicia y que la estaba analizando. “Dado que se trata de un asunto legal pendiente, no haremos más comentarios por el momento”, señaló la universidad.
Demandas contra los estados
El Departamento de Justicia ha presentado demandas similares contra varios estados. En julio, una corte federal falló a favor de la administración de Trump en un caso contra Illinois.En la demanda, la corte dictaminó que los beneficios de matrícula para residentes del estado que Illinois otorgaba a los inmigrantes indocumentados violaban la Cláusula de Supremacía y eran "inconstitucionales e inválidos".
El 10 de septiembre, el Departamento de Justicia presentó demandas contra Hawái, Arkansas, Utah y el Distrito de Columbia por los beneficios de matrícula universitaria a tarifa de residente otorgados a inmigrantes indocumentados.
El Fondo Mexicano-Estadounidense de Defensa Legal y Educación criticó esta medida en un comunicado del 11 de septiembre. Thomas A. Sáenz, presidente y asesor jurídico general del grupo, la calificó como un "ataque coordinado contra los derechos de los jóvenes inmigrantes [que] no tiene precedentes y es injustificado".
Miriam Feldblum, directora ejecutiva de la Alianza de Rectores sobre Educación Superior e Inmigración, señaló en el comunicado que "la ley federal no prohíbe categóricamente que los estados otorguen la matrícula estatal a los estudiantes indocumentados".
"El esfuerzo generalizado de la administración por impedir el acceso a la educación superior y su asequibilidad para los 'soñadores' va en contra de todo principio educativo, económico y de sentido común", señaló Feldblum. El término "soñadores" se refiere a los inmigrantes, tanto legales como ilegales, que fueron traídos al país cuando eran niños; aquellos que ingresaron legalmente corren el riesgo de quedar excluidos de las categorías de visas de dependencia al cumplir la edad máxima requerida.
Según la última declaración del Departamento de Justicia (DOJ), se han presentado un total de 26 demandas que impugnan disposiciones similares. Además de en Illinois, el DOJ logró obtener resoluciones judiciales favorables en Texas, Kentucky, Oklahoma, Nebraska y Kansas.
Hay demandas pendientes contra Nuevo México, California, Nueva Jersey, Massachusetts, el Distrito de Columbia, Minnesota, Virginia, Maryland, Colorado, Nueva York, Connecticut, Arkansas, Vermont, Arizona, Utah, Hawái, Rhode Island, Oregón y el estado de Washington.
