Una hidroeléctrica que la minera de capital chino, la empresa Ecuacorriente, se comprometió a construir en Ecuador en 2012 y que no llegó a ejecutar, está en el centro de una controversia con el Gobierno del presidente Daniel Noboa.
Noboa ha condicionado a Ecuacorriente la ampliación de la explotación de El Mirador, la gran mina de cobre a cielo abierto situada en la Amazonía, a una aportación de 1000 millones de dólares al Estado, ya sea en efectivo o en modo parcial mediante una inversión en la hidroeléctrica Cardenillo, de acuerdo a sus declaraciones el 26 de octubre.
“En el caso de Ecuacorriente, que quieren una extensión del proyecto Mirador 1, les hemos dicho: ‘Si quieren la siguiente extensión, tienen que darle al Estado, a los ecuatorianos, mil millones de dólares’”, dijo Noboa en una entrevista con Radio Sucre citada por la agencia EFE.
Cardenillo es uno de los proyectos hidroeléctricos en la provincia de Morona que ya estaban incluidos en la planificación eléctrica de Ecuador bajo la modalidad de asociación público privada. La central tendría una potencia instalada aproximada de 596 megavatios (MW).
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La controversia se remonta al contrato de explotación de la mina de cobre, oro y plata Mirador, en Zamora Chinchipe, firmado el 5 de marzo de 2012 entre el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables de Ecuador y Ecuacorriente S. A.
El contrato menciona la autorización de inversión del Estado chino, vinculada al pago anticipado de regalías de la empresa al Estado ecuatoriano. Además, establece una concesión inicial de 25 años, contempla su ampliación bajo determinadas condiciones y fija una participación económica mínima del 52 % para el Estado ecuatoriano.
Una carta de octubre de 2011, incluida en un anexo del contrato y citada por La Hora y Primicias, recogía un acuerdo entre el entonces ministro de Recursos Naturales No Renovables, Wilson Pástor, y el presidente de Ecuacorriente, Dongqing Li.
Según el documento citado por la prensa, el Estado suministraría electricidad a Mirador durante los primeros cinco años de funcionamiento de la línea de transmisión Taday-Bomboiza-Mirador o hasta la entrada en operación de la hidroeléctrica Santa Cruz.
Por su parte, Ecuacorriente se comprometía a aportar 34 millones de dólares para la construcción de la línea de transmisión, desde la subestación eléctrica de Taday (en Azuay) hasta Bomboiza (en Morona Santiago). Esto le permitiría recibir electricidad del Estado a través del Sistema Nacional Interconectado.
Ecuacorriente también se comprometió a construir la hidroeléctrica Santa Cruz con una inversión inicial estimada de 216 millones de dólares, que representaba entonces el 15 % de la inversión total comprometida para el proyecto de 1439 millones de dólares.
En 2013, según Primicias, Ecuacorriente ratificó su compromiso de construir la hidroeléctrica Santa Cruz y la línea de transmisión eléctrica en el contrato de inversión firmado con el Estado ecuatoriano. Sin embargo, el 16 de febrero de 2017 la empresa comunicó al Ministerio de Energía que el proyecto hidroeléctrico “ya no se requiere y no se construirá”.
En agosto de 2021, el Ministerio de Energía de Ecuador aprobó una modificación del Plan Maestro de Electricidad en cuya nueva relación de proyectos de generación ya no figuraba la hidroeléctrica Santa Cruz. El acuerdo fue firmado por el entonces viceministro de Electricidad y Energía Renovable, Gabriel Alberto Argüello Ríos.
Posteriormente, el 16 de noviembre de 2021, el entonces viceministro de Minas, Xavier Vera Grunauer, atendió una solicitud presentada por Ecuacorriente en octubre de 2020 para eliminar su obligación de construir Santa Cruz, según Primicias. Vera pidió al Viceministerio de Electricidad que se pronunciara sobre la necesidad de ejecutar la obra.
En junio de 2026, Vera fue absuelto en una causa por presunto cohecho relacionada con nombramientos en la administración minera. La Fiscalía anunció que apelaría la decisión. No se ha acreditado una relación entre ese proceso penal y el proyecto Santa Cruz.
Según Fernando Benalcázar, exviceministro de Minas, el acuerdo de 2011 entre Pástor y Dongqing Li abrió la puerta a que el Estado siguiera suministrando electricidad a Mirador, aunque nunca se construyera la hidroeléctrica, según informó La Hora.
“Si el Estado te asegura un suministro eléctrico a una tarifa baja y subsidiada, cuál es el incentivo de hacer una obra como una hidroeléctrica. Es más rentable quedarse con la energía que te cobran barato y no hacer nada más”, le dijo a La Hora Jorge Luis Hidalgo, gerente de GreenPower Internacional y consultor empresarial.
Hidalgo agregó que, en estos casos, los empresarios actúan por interés económico, aunque exista un contrato de por medio.
Planes para ampliar El Mirador
Ecuacorriente S. A. (ECSA) es una minera ecuatoriana controlada indirectamente por grupos empresariales estatales chinos. En 2010, el consorcio CRCC-Tongguan, integrado por China Railway Construction Corporation Limited y Tongling Nonferrous Metals Group Holdings, adquirió la compañía canadiense Corriente Resources, propietaria de Ecuacorriente y de los proyectos mineros que desarrollaba en Ecuador.En 2018, el presidente de Ecuacorriente, Hu Jiandong, anunció, según el medio El Universo, que la empresa accionista china solicitaría permisos ambientales para iniciar la explotación de Mirador Norte, un yacimiento próximo a la mina original.
La compañía preveía finalizar los diseños en 2020. Sin embargo, los plazos de la ampliación no se cumplieron.
En julio de 2023, el Ministerio de Energía y Minas anunció la conclusión de las negociaciones para aumentar la capacidad de procesamiento de Mirador de 60,000 a 140,000 toneladas diarias de material mineralizado, con una inversión estimada de 650 millones de dólares para la segunda fase. Quedaba pendiente el dictamen de sostenibilidad fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas.
En agosto de 2024, según Primicias, Ecuacorriente informó que disponía de licencias ambientales para explotar y procesar mineral de Mirador Norte, además de otros permisos técnicos. Sin embargo, seguía pendiente la adenda contractual para ejecutar el plan de inversión de 658 millones de dólares.
El desacuerdo principal era la exigencia del Gobierno de Daniel Noboa de que Ecuacorriente construyera una central hidroeléctrica para abastecer el proyecto, que la empresa había descartado.
En enero de 2026, la empresa china Tongling Nonferrous Metals comunicó que las obras principales de Mirador Norte habían concluido en mayo de 2025, y que su entrada en producción seguía pendiente de la firma del contrato minero con Ecuador. En agosto de 2026, la compañía confirmó que el acuerdo aún no se había firmado y que no existía una fecha determinada para comenzar la explotación comercial.
El Banco Central de Ecuador señala que en 2025 Mirador aportó el 94 % del valor exportado de concentrados de plomo y cobre.
Sin embargo, pese a su relevancia económica, en octubre de 2024 el Gobierno de Ecuador ordenó desconectar la mina del sistema eléctrico nacional como consecuencia de la crisis energética. La operación minera quedó completamente suspendida durante 19 días.
El impacto de aquella interrupción quedó reflejado en la comparación con el cuarto trimestre de 2025, cuando la producción de Mirador aumentó un 266.8 % respecto al mismo periodo de 2024, según datos del Banco Central
Noboa declaró el 26 de octubre que los grandes consumidores de electricidad, como las empresas mineras, “están ahorita en la pelea, quieren concesiones sin generación, quieren que se les dé permisos sin generación, esa es la discusión ahorita”.
