El gobierno de Estados Unidos advirtió esta semana sobre los riesgos de la participación de empresas chinas en infraestructuras de Ecuador, Perú y Guyana, según lo señaló el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura.
Tras alertar sobre la vulnerabilidad de las infraestructuras críticas que utilizan tecnologías de Huawei, ZTE y otras compañías chinas, el Departamento de Estado señaló a empresas estatales de Beijing por proyectos marcados por defectos de construcción, incumplimientos contractuales, deuda pública y daños ambientales.
“Nuestra región está plagada de proyectos liderados por empresas estatales chinas, como Sinohydro Corporation y China Railway Group Limited, en los que se han reducido elementos, se han incumplido contratos, se ha cargado deuda a los gobiernos y se ha perjudicado el medioambiente a nivel local”, escribió el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Juan Pablo Segura, en su red social X el 27 de agosto.
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Coca Codo Sinclair: miles de fisuras y una trama de sobornos
El subsecretario señaló a “una presa hidroeléctrica en Ecuador que resulta costosa, está mal construida y presenta fallos”, en referencia a Coca Codo Sinclair, la mayor central hidroeléctrica del país, construida por la estatal china Sinohydro.El proyecto fue contratado durante la presidencia de Rafael Correa. Según la Fiscalía ecuatoriana, la obra tenía un valor inicial de unos 1,979.7 millones de dólares, de los cuales el Exim Bank de China financió 1,682.745 millones, aproximadamente el 85 %. Sin embargo, un informe de la Asamblea Nacional señaló que el costo total terminó superando los 3,311 millones de dólares.
El presidente de China, Xi Jinping (izq.), y el presidente de Ecuador, Rafael Correa, se dan la mano a su llegada a las instalaciones del Centro Nacional Integrado de Seguridad ECU 911 en Quito, para supervisarlas obras de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, construida por la empresa estatal china de ingeniería y construcción Sinohydro, el 18 de noviembre de 2016. (Juan Cevallos /AFP vía Getty Images)A ese aumento de costos se sumaron graves problemas constructivos. En 2022, la Asamblea Nacional documentó 17,499 fisuras detectadas entre 2015 y julio de ese año en los distribuidores de presión de las ocho unidades de generación. CELEC, la empresa pública de electricidad, ha mantenido además una disputa con Sinohydro por los defectos y las reparaciones pendientes de la central.
El caso adquirió una nueva dimensión el 28 de agosto de 2026, cuando un tribunal ecuatoriano condenó a 20 personas por cohecho, después de que la Fiscalía demostrase la existencia de una estructura de pagos indebidos vinculada a la adjudicación y ejecución de Coca Codo Sinclair.
Cinco de los condenados —el exvicepresidente Lenín Moreno, Conto P., Cai R., Yang H. y Song D.— fueron declarados culpables como autores directos y recibieron penas de cinco años de prisión. Otros dos autores directos fueron condenados a tres años, mientras que el resto recibió penas como cómplices.
Un aeropuerto que tardó más de una década
El subsecretario Segura también señaló al aeropuerto internacional Cheddi Jagan de Guyana, cuya ampliación fue contratada en 2011 a China Harbour Engineering Company (CHEC), filial de China Communications Construction Group, una empresa estatal china.El aeropuerto “Se vio afectado por más de una década de retrasos en la construcción y sobrecostes”, escribió Segura.
El propio gobierno guyanés denunció en 2020 que el proyecto financiado con 138 millones de dólares estadounidenses del Exim Bank de China y 12 millones de dólares estadounidenses del gobierno de Guyana, debía haber terminado en 2018, y que seguía incompleto.
Al mismo tiempo exigió a CHEC a negociar trabajos adicionales para corregir las deficiencias y completar los elementos pendientes.
El presidente de Guyana, Mohamed Irfaan Ali manifestó que “el contrato original entre el Gobierno de Guyana y CHEC contemplaba la ejecución de 17,000 pies cuadrados de obra. Actualmente, esta cifra se ha reducido a tan solo 6,000 pies cuadrados”.
“Asimismo, se esperaba que la empresa china demoliera la terminal existente y construyera una nueva con ocho pasarelas de embarque. En cambio, se remodeló la terminal y solo se instalaron cuatro pasarelas”.
“No podemos aceptarlo, así que hay que solucionarlo. Debe cumplirse con lo estipulado en el contrato original”, declaró Ali.
Obras abandonadas y empresas chinas bajo investigación
El funcionario de la oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, asimismo señaló en Perú "proyectos de construcción abandonados e intentos corruptos de manipular los procesos de licitación". Aunque Segura no nombró en su mensaje las obras aludidas, documentos oficiales peruanos muestran varios conflictos con empresas chinas de construcción.Uno de los casos más nombrados es la carretera Viscachani-Sibayo, en Arequipa.
El gobierno regional informó que un consorcio integrado por China Railway N.º 10 Engineering Group recibió un adelanto de 18.9 millones de soles, alcanzó menos del 4 % de avance y terminó abandonando la obra, dejando deudas con trabajadores y proveedores.
China Railway N.º 10 también ha sido objeto de procedimientos y sanciones del Tribunal de Contrataciones del Estado. Y otros expedientes oficiales han examinado la presentación de documentación falsa, adulterada o información inexacta en procesos de contratación en los que participaron empresas chinas.
El Congreso peruano creó una comisión investigadora para revisar presuntas irregularidades en licitaciones y obras ejecutadas por compañías chinas. Su informe final fue debatido en 2026.
La advertencia del subsecretario Segura se produce en un contexto de expansión sostenida de empresas y financiamiento de China a infraestructura en Latinoamérica. Documentos del Congreso estadounidense han identificado inversiones y proyectos vinculados a compañías estatales chinas en puertos, telecomunicaciones, energía y transporte, mientras al menos 21 países de América Latina y el Caribe se han incorporado a la Iniciativa de la Franja y la Ruta.
Washington ha convertido esa presencia en una cuestión cada vez más ligada a la seguridad económica y estratégica de la región.
Días antes de señalar los casos de Ecuador, Perú y Guyana, Segura había advertido también sobre los riesgos que, según Estados Unidos, plantean proveedores chinos como Huawei, ZTE, Hikvision y Dahua para las redes e infraestructuras críticas de la región, ya que, escribió, "están en última instancia sujetas a la voluntad del Gobierno comunista chino".
"La legislación china obliga a estos proveedores a cooperar con los servicios de inteligencia de Beijing, lo que genera riesgos de espionaje, piratería informática y cortes en las redes", agregó, instando a los "socios de EE. UU. en las Américas a que cambien rápidamente a proveedores de confianza para proteger a su población y soberanía". Los últimos señalamientos extenderían ese cuestionamiento desde la tecnología hasta las grandes obras públicas en la región.
