La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil frente al senador Flávio Bolsonaro es celebrada por los sectores progresistas como un triunfo histórico para la democracia. El domingo 25 de octubre, el candidato de izquierda —quien ya ocupaba el cargo— logró un cuarto mandato sin precedentes al derrotar a Bolsonaro por más de 4 millones de votos, a pesar de haber perdido la primera vuelta electoral.
"En conjunto, un buen día para los progresistas y para la democracia", escribió Robert Kuttner en The American Prospect.
Kuttner señaló que el resultado electoral demostraba que las políticas progresistas de Lula —transferencias monetarias a familias que envían a sus hijos a escuelas públicas, un aumento del salario mínimo y nuevos impuestos a los brasileños más ricos— estaban dando resultados.
Si bien es posible que el populismo económico de Lula le haya beneficiado en el plano político, calificar su victoria como un triunfo para la democracia resulta ridículo. Aunque no se desprenda de la lectura del artículo de Kuttner, inmediatamente después de su victoria, Lula anunció que impondría medidas severas contra las redes sociales, justificándolo mediante un mandato divino.
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"Fui elegido por Dios", declaró Lula, de 81 años, ante sus seguidores. "Siempre sentí que tenía el dedo de Dios sobre mi cabeza".
El anuncio de Lula llevó a Jonathan Turley, profesor de derecho de la Universidad George Washington, a comentar con ironía que, al parecer, Dios apoya que se nieguen las libertades civiles a su propio pueblo.
Aunque pocos estadounidenses sean conscientes de ello, Brasil ya cuenta con una de las políticas sobre redes sociales más estrictas de todo el hemisferio occidental. En 2022, Reuters informó sobre la ofensiva del gobierno contra la libertad de expresión durante la intensa contienda presidencial entre el aspirante Lula y el entonces presidente Jair Bolsonaro, padre de Flávio Bolsonaro. Esta ofensiva contra la "desinformación en línea" no provino de legisladores elegidos democráticamente, sino de Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Brasil, un organismo electoral compuesto por siete jueces. Bajo la dirección del magistrado Alexandre de Moraes, el TSE impuso multas de 19,000 dólares por hora a las plataformas digitales que no eliminaban el contenido que el tribunal consideraba "fraudulento".
Menos de dos años después, la Corte Suprema brasileña utilizó estas normativas para prohibir X (anteriormente Twitter), y De Moraes ordenó una investigación penal contra su propietario, Elon Musk. Solo después de que la empresa pagara millones de dólares en multas, se autorizó a X a reanudar sus operaciones.
Algunos podrían verse tentados a creer que Lula y De Moraes simplemente estaban protegiendo a la población de la "desinformación". En realidad, se trata de la primera página del manual autoritario del siglo XXI.
Un informe de 2009 titulado «Socavando la democracia» (Undermining Democracy), elaborado por Freedom House en colaboración con Radio Free Europe y Radio Free Asia, señalaba que la "gestión" de los mensajes políticos era la estrategia preferida de los regímenes más autoritarios del mundo —como Rusia y China—, los cuales comprendían que un control absoluto sobre la información no era "ni posible ni necesario".
"Estos regímenes han desarrollado métodos que les permiten "guiar" y "gestionar" el discurso político; suprimir selectivamente o remodelar noticias e información de relevancia política; y sofocar, cooptar o parasitar las entidades empresariales más importantes", indicaba el informe. "La prioridad es el control político".
Irónicamente, The New York Times atribuyó la victoria de Lula el domingo 25 de octubre a "una campaña sísmica en las redes sociales que convenció a los brasileños de rechazar a su rival". El artículo no mencionó el plan de Lula para reforzar el control gubernamental sobre las plataformas de redes sociales.
Para quienes necesiten más pruebas de que Brasil no es precisamente una democracia saludable, cabe señalar que, siete minutos después de que Lula fuera declarado ganador de las elecciones, el juez De Moraes firmó una orden para incautar el pasaporte de Bolsonaro, basándose en acusaciones de corrupción.
"¿Existe algún otro ejemplo en el mundo democrático en el que, al candidato derrotado en unas elecciones presidenciales, se le confisque el pasaporte y se le prohíba salir del país justo el día después de la votación, por orden de un juez alineado con el candidato ganador?", preguntó el escritor Glenn Greenwald, ganador del premio Pulitzer. "Busqué precedentes históricos y, hasta ahora, no encuentro ninguno.
Es importante tener en cuenta que Bolsonaro no había sido acusado de ningún delito, y mucho menos condenado por uno; un hecho que la policía federal señaló posteriormente. (Desde entonces, abandonó el país —según se informa, pasando supuestamente por Argentina y luego por Ecuador— para llegar a Estados Unidos).
Intentar confiscar el pasaporte de un oponente político que acaba de recibir 60 millones de votos, junto con el endurecimiento del control gubernamental sobre el discurso político, difícilmente son señales de una democracia saludable.
Sin embargo, la izquierda estadounidense parece dispuesta a creer en las garantías de Lula de que no habrá un retorno a la dictadura; una actitud muy similar a la que adoptó en su momento con Daniel Ortega, el hombre fuerte de Nicaragua, quien este año anunció que prescindiría de las elecciones democráticas.
Ante el auge del socialismo en la izquierda estadounidense y del populismo económico en la derecha, a los estadounidenses les convendría recordar que la libertad política y la libertad económica están inexorablemente entrelazadas.
En cuanto a la idea de que corresponde al gobierno regular el discurso y designar organismos encargados de distinguir la verdad de la falsedad, cabe recordar las palabras de James Madison.
"El derecho a examinar libremente a las figuras públicas y sus medidas, así como la libre comunicación entre los ciudadanos al respecto", escribió en el "Informe de Virginia de 1799-1800" —redactado en contra de las Leyes de Extranjería y Sedición—, «siempre ha sido considerado, con razón, el único garante eficaz de todos los demás derechos».
Publicado originalmente en el Washington Examiner.
Las opiniones expresadas en este artículo pertenecen al autor y no reflejan necesariamente el punto de vista de *The Epoch Times*.
